Ciudad de México (La Silla Rota).- El pasado miércoles, el Congreso de Nayarit aprobó por mayoría iniciar un juicio político en contra del exgobernador Roberto Sandoval, emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Esto, derivado de las denuncias en su contra por los delitos de enriquecimiento ilícito, uso indebido de funciones, peculado y uso indebido de programas sociales.
De acuerdo con el portal del sistema de Información Legislativa, un juicio político es un procedimiento de orden constitucional que realizan las cámaras del Congreso para hacer efectivo el principio de responsabilidad de los funcionarios públicos que la Constitución establece, y que incurren en responsabilidad durante el ejercicio de sus cargos, con independencia de los juicios penales que se sigan en su contra por dicha razón.
Sin embargo, el politólogo Edgar Ortiz, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) considera que un juicio político contra un funcionario es meramente un ‘circo mediático’ y no trae justicia para los ciudadanos.
“Los juicios políticos han servido más para generar notas mediáticas, para generar escándalos en el ámbito político, que realmente para ser un instrumento que permita a la ciudadanía valorar y enjuiciar el actuar de los servidores públicos de alto nivel”, argumentó.
El académico de la UNAM señaló que, en lugar de juicios políticos, lo que se debe proceder ante delitos de corrupción es acudir en las instancias judiciales que es donde darán una sentencia penal.
Pero, para Rodrigo González Barrios, el vocero de la Comisión de la Verdad, organización que solicitó este proceso contra el exmandatario nayarita exhibirá los delitos de Roberto Sandoval y también se le dictarán los años por los que se le inhabilitará para ocupar cualquier cargo público.
“Nosotros sustentamos nuestra demanda de juicio político con tres aspectos: enriquecimiento ilícito, uso de programas sociales para fines electorales y cohecho. Está bien fundamentada y por eso fue aprobada por la mayoría de los diputados”, sentenció González Barrios.
El exdiputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y miembro de la Comisión de la Verdad explicó que el exmandatario de Nayarit posee edificios de más de 100 millones de pesos; ranchos con ganado y caballerizas pura sangre; y a nombre de su hija, una casa en Guadalajara de 3 millones de pesos.
En cuanto a los delitos electorales señaló que también tienen pruebas en las que se confirma que durante el gobierno de Roberto Sandoval se utilizaron programas sociales, con el fin de usar las credenciales de elector de los beneficiarios para fines electorales.
“Tenemos pruebas, unos audios en los que el gobernador, señala que, con Prosa, un programa social, con sus propias palabras dice que van a proceder a quitar credenciales de elector e intervenir en el proceso electoral”, agregó.
González Barrios mencionó que la otra acusación que pesa sobre Sandoval es el delito de cohecho, al otorgarle al auditor mayor, Roy Rubio Salazar encargado de auditar el gobierno del priista, una notaría pública.
La Comisión de la Verdad exigirán sentenciar a Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, con la inhabilitación de 20 años para ocupar un cargo público, pena máxima en Nayarit como sanción administrativa.
Sin embargo, también el colectivo interpuso denuncias contra estos tres delitos: enriquecimiento ilícito, cohecho y delitos electorales, ante la Procuraduría General de la República (PGR) y en la Fiscalía General de Justicia de Nayarit para que Roberto Sandoval sea enjuiciado penalmente por estos delitos.