La atención pública de los riesgos sociales es la definición más completa de política social que conozco, y la ofrece Gosta Esping-Andersen, un académico socialdemócrata europeo.
La virtud de comprenderla así es que le asigna el deber de anticipar las vulnerabilidades que sufren grandes grupos de personas ante eventos riesgosos. Para enfrentarlas se debe echar mano de políticas públicas bien pensadas a partir de la determinación de desigualdades de género, de clase social y otras, atribuidas no a las actitudes individuales de las personas sino al tipo de sociedad que hemos construido. De esta corriente de pensamiento vienen conceptos como la ruptura de la pobreza intergeneracional, los riesgos de clase y etnia, riesgos globales y las vulnerabilidades propias de las trayectorias de vida.
Detrás de toda política social hay una respuesta a la pregunta ¿por qué existen las desigualdades? Algunos las atribuyen a un fenómeno natural -hay pobres y marginados porque así ha sido siempre-, otros más a las diferentes actitudes ante el trabajo –hay que ganar el bienestar con la iniciativa individual y el sudor de la frente- y la socialdemocracia plantea una fuerte intervención del Estado para moderar los fallos del mercado. A cada respuesta se le asigna un paradigma de bienestar social distinto.
Esto que pasa en la escala de los Estados-Nación, sucede también en los niveles sub nacionales, como es el caso de Guanajuato.
Mientras que el gobierno federal ha impulsado como unos de sus propósitos principales para lograr el bienestar –que no el único- las trasferencias monetarias no condicionadas, en Guanajuato priva un paradigma propio de las corrientes conservadoras que podríamos denominar el individualismo benevolente. Esto quiere decir que su concepto de marginación oscila entre la desigualdad como elemento natural o normal, el echaleganismo (Remes, dixit) para progresar y el visto bueno de la sociedad hacia los hombres de bien, emprendedores exitosos, que son famosos por sus obras de caridad.
Si se observa lo que plantea la Sedeshu como política social, se verá un marcado acento en obras muy acotadas de infraestructura comunitaria –con una estrategia muy cuestionable para hacer participar a la población-, becas escolares de muy baja monta e incidencia reducida, atención focalizada a algunos grupos vulnerables, reparto ocasional de despensas y trasferencias simbólicas a las personas de la tercera edad que tiene la fortuna de estar en el padrón de beneficiarios. En otra ocasión se podrá hacer un análisis extenso de la política educativa y del autoproclamado “mejor sistema de salud del país”.
La idea de bienestar en la política pública guanajuatense se cifra en que algún día, fomentado los proyectos económicos de las élites, los sectores más precarios de la población alcanzarán mejores niveles de vida y en tanto que esto ocurre, la caridad y la débil política social serán paliativas en lo que se alcanza el Guanajuato 4.0.
De ahí que no se extrañe que en el reciente discurso de reactivación de cara a la pandemia del Covi-19, además de la ausencia de alguna palabra sobre el papel crucial de la política social en la actual crisis, tanto el discurso del Gobernador como el del representante del Consejo Coordinador Empresarial –lamentable lo que dijo y el tono que empleó- , borden en el mismo tono y enfaticen más proyectos como los que se han implantado durante las últimas décadas en Guanajuato y que no han podido modificar el piso duro de la pobreza. Tan enemigos de las deudas públicas y echan mano de otros cinco mil millones de pesos, a cuenta de las próximas generaciones.
Insistimos en que Guanajuato necesita un órgano autónomo evaluador para valorar la pertinencia de la política social frente a los riesgos sociales de la población. En tanto esto ocurre, el gobierno estatal seguirá asomándose al espejo para autoproclamarse como los campeones en el combate a la pobreza extrema.