Acontecimientos recientes ocurridos en diversas partes del territorio nacional como el ocurrido más recientemente en Salamanca, Guanajuato, en donde empleados de una empresa local de mensajería a bordo de una motocicleta entregaron en mano un aparente regalo al Gerente y dueño de un restaurante que estaba festejando ese día su cumpleaños, el cual en realidad contenía explosivos que detonaros instantes después de entregado el paquete causando la muerte del destinatario y una persona más y dejando severamente lesionadas a varias personas, entre ellos los propios mensajeros que desconocían el contenido del paquete, han desatados señalamientos y manifestaciones diversas en torno al terrorismo en nuestro país. El Gobernador del Estado de Guanajuato inmediatamente que ocurrió el hecho, en declaración ante medios de comunicación expresó que se había tratado de un acto terrorista y condenó enfáticamente el ataque, no obstante, aproximadamente 72 horas más tarde, luego de un trabajo de investigación profesional por parte de la Fiscalía General del Estado, se logró la captura de una pareja que habría ejecutado el acto contratando el servicio de mensajería para enviar el paquete al destinatario, conociéndose que el móvil del homicidio fue la venganza por una deuda millonaria que aparentemente sostenía la víctima con los agresores, por virtud de la cual debería de haberlos incluido en la sociedad del negocio y no lo hizo.
Pues bien, el caso es que se empleó un modus operandi muy particular para llevar a cabo este ataque, de manera que utilizaron explosivos que fueron entregados con el camouflage de un regalo en una operación que hizo pensar a propios y extraños que se había tratado de un caso de terrorismo y así se expresó públicamente antes de que se conocieran mayores detalles del hecho, lo que evidentemente resultó siendo un exceso del que posteriormente hubo que desdecirse al señalar que “afortunadamente” no se trató de un acto de terrorismo, esto nos debe llevar a establecer dos cosas principalmente, a saber, ¿qué es el terrorismo? y si podemos hablar de que hay o no actos de terrorismo en nuestro país, especialmente porque en las últimas semanas se ha vuelto a hablar también de una aparente necesidad de que los actos violentos cometidos por el crimen organizado sean considerados terrorismo o, más aún, que las organizaciones criminales sean consideradas grupos terroristas.
Lo primero que hay que señalar es lo que debemos entender por terrorismo: de acuerdo con lo que ha definido la Real Academia de la Lengua Española es una “sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir dominación por el terror” o “actuación criminal de bandas organizadas que, reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos”; para la autora Carmen Lamarca Pérez, terrorismo es violencia organizada con finalidad política, donde el elemento organizativo resulta esencial para comprender el fenómeno terrorista, la finalidad terrorista es ante todo y en primer lugar la finalidad de la organización y no la de cada uno de sus miembros y, para el autor alemán Günter Jackobs, “el rasgo verdaderamente diferencial entre la organización criminal y la terrorista se halla en la finalidad que tiñe a la estructura de esta última organización: la de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública”, de manera tal que estas definiciones nos llevan necesariamente a establecer que el terrorismo o los actos terroristas deben ser perpetrados por la delincuencia organizada, donde se distinguen del resto de las organizaciones criminales por la finalidad que se persigue.
Lo que estamos viviendo en nuestro país es una violencia desmedida y cada vez más cruel, son actos realizados por las organizaciones criminales que buscan alcanzar sus objetivos económicos que por definición tienen como finalidad, pero lo alarmante es cuando esa finalidad se empieza a relacionar con los asuntos político por virtud de la dominación que las organizaciones criminales buscan tener para controlar la vida pública de las comunidades, de los territorios e incluso de entidades federativas, aprovechando los altos niveles de corrupción que hay y que también siguen en aumento. Debemos estar muy atentos a ello y revisar con detenimiento la forma en que el Estado enfrenta este fenómeno, de entrada debemos decir que los tipos penales que definen las conductas que pueden ser consideradas como terrorismo, tanto en el Código Penal Federal como en los Códigos Penales de las entidades federativas, deben ser revisados a la luz de una política criminal que defina con firmeza, precisión y alcances integrales, la forma en que se debe tratar el tema y, de paso, esa política criminal debería de definir también la manera y los alcances de cómo se debe tratar a la delincuencia organizada, ya es tiempo de meter mano de fondo y hacer una cirugía mayor a la legislación y a las políticas públicas en materia de Delincuencia Organizada en nuestro país, de lo contrario seguiremos con yerros tan grandes como la militarización de la seguridad pública y la ausencia de normas que verdaderamente sean eficaces en la atención y combate a estas manifestaciones.
A manera de conclusión debo señalar que lo ocurrido en Salamanca no fue un acto de terrorismo y tampoco lo han sido la gran mayoría de los demás actos de violencia que hemos presenciado en otras partes del país, lo cual no significa que sean menos graves, sino únicamente que se debe dar enfoque correcto para obtener los resultados correctos.
RENÉ URRUTIA DE LA VEGA.
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