Aclaro que en este breve espacio no pretendo hacer un análisis técnico jurídico acerca de la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con motivo de la declaración de inconstitucionalidad de diversos artículos de la Ley General de Salud relacionados con la regulación del uso de la marihuana en nuestro país, sino solamente una breve reflexión sobre las implicaciones que esa declaración tiene o pudiese tener.
Lo primero que, considero, debe decirse sobre el particular, es que esta decisión de nuestro máximo tribunal jurisdiccional se da por virtud de la inactividad del poder legislativo que, dicho con respeto hacia las instituciones, pero, al tiempo, con toda claridad, fue incapaz de diseñar y aprobar una regulación adecuada observando el respeto a los Derechos Humanos, para lo cual fue requerido en tres ocasiones distintas a lo largo de aproximadamente cuatro años consecutivos, sin que se emitiera dicha normatividad, lo que hizo necesario que la Corte se pronunciara al respecto, declarando inconstitucionales los artículos de la Ley secundaria en materia de salud que establecían, grosso modo, la permisión del consumo o utilización de la marihuana exclusivamente para fines médicos y científicos.
Nuestro máximo tribunal ha declarado que tales artículos vulneran el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad y ha establecido que se permite el consumo de marihuana para uso lúdico, además de señalar que los particulares pueden poseer plantas del citado vegetal, previa autorización del organismo competente, que para el caso lo es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS. Es importante aclarar que la parte normativa de la Ley General de Salud que determina el gramaje que los particulares pueden poseer de marihuana y otras sustancias para consumo personal no fue materia de la resolución, por lo que se mantiene vigente.
Lo anterior, genera la obligación para el Congreso de la Unión a efecto de que emita las reformas legales que establezcan los requisitos y procedimientos a los cuales deberán sujetarse los particulares para obtener de la COFEPRIS la autorización correspondiente para poder poseer las plantas de marihuana que les permitan proveer su propio consumo, es decir, que la resolución que declara la inconstitucionalidad de la fracción normativa en cuestión no autoriza en forma automática tal posesión, sino hasta que sea emitida la regulación correspondiente por parte del legislador y se obtenga el correspondiente permiso, lo que significa que actualmente sigue siendo ilícito tener plantas de marihuana, aún para uso o consumo personal.
En términos llanos, a mi parecer, la declaración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en realidad no está legalizando el consumo o uso lúdico de la marihuana, ya que tampoco hizo pronunciamiento alguno respecto de la autorización de su comercialización o producción para esos fines y tampoco autorizó, por ejemplo, la creación de clubes de consumo ni de establecimientos de venta, como ha sido promovido por algunos sectores y organizaciones ciudadanas.
Además, La Corte ha establecido limitaciones para el uso lúdico o recreativo de la marihuana, al señalar que no será permitido que se realice en presencia de menores de edad ni de adultos sin su autorización, es decir, tampoco en espacios públicos.
Seamos claros, México no está preparado para una "legalización" del uso lúdico o recreativo de la marihuana en términos amplios y, mucho menos, para que se autorice su producción, comercialización y suministro, no estoy de acuerdo con quienes consideran que hacerlo reducirá la violencia que actualmente y desde hace décadas vive nuestro país con motivo de la mal llamada guerra contra las drogas, pensar que permitir que éstas sean producidas, ofertadas y consumidas legalmente por cualquier persona terminará o disminuirá la delincuencia y la violencia derivadas de su actual criminalización, francamente me parece infantil, quizá sea resultado de un análisis impulsado por el deseo o la necesidad de drogarse libremente, pero no del estudio profundo y serio de las implicaciones que pudiera tener para la sociedad que cualquier persona pueda obtener este tipo de sustancias y consumirlas con autorización del Estado, desde el punto de vista criminológico y de seguridad en todos sus ámbitos.
En todo caso, en lo que deberíamos enfocar todos los esfuerzos de las autoridades y de la sociedad civil participativa debería ser en generar condiciones, primordialmente en materia de salud pública, –que es el verdadero reto cuando se habla de consumo de drogas– así como estrategias integrales en lo social, con enfoque educativo y de prevención de adicciones, sin discriminación de edad, sexo u orientación o preferencia sexual o de género alguna, pues, hoy por hoy, atendiendo a los expertos y estudiosos del tema, el aumento en el consumo de sustancias es prácticamente generalizado, se observa gravemente en jóvenes, pero también en adultos e incluso en adultos mayores, así como cada vez más en mujeres, sin que sea menor en los varones, de manera que el reto es monumental.
En concreto, si se pretende legalizar el consumo lúdico o recreativo de la marihuana, apretemos el paso para mejorar significativamente las condiciones necesarias para ello y generar los esquemas, no solo normativos, sino sociales, educativos y de salud pública, que siquiera remotamente pudiera dar pie a pensar que esa decisión pudiese llegar a tener algún día un efecto al menos mínimamente positivo, mientras eso no ocurra, lo cierto es que los efectos podrían llegar a ser devastadores... ¡En Justicia!
RENÉ URRUTIA DE LA VEGA
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KD