Hace apenas unos días escuché una frase que ahora le da título a esta columna, en palabras de Chrístel Rosales del Programa de Justicia de “México Evalúa” y me ha parecido verdaderamente reveladora, por cierta y atinada.
La Procuración de Justicia es, efectivamente, el corazón que lleva sangre y oxígeno al Sistema de Justicia Penal, le da vida. El Sistema de Justicia en su conjunto es el encargado de hacer que se cumpla el anhelo de justicia penal en nuestro país, mediante la intervención de diversas instituciones y distintas funciones de Estado encausadas a la finalidad de hacer justicia, sin que se pueda negar que la investigación de los delitos es donde nace el entramado jurídico penal y en donde se fragua sustancialmente lo que debe ser, en etapas posteriores del sistema, lo que culmine con la realización final de la justicia y con la satisfacción para el ciudadano que ha visto sus bienes jurídicos transgredidos y vulnerados, al extremo de requerir la intervención del Estado con su medio de control social más invasivo: la pena y el Derecho Penal.
El Ministerio Público, en quien se personifica la función de la Procuración de Justicia, es el servidor público que inicia de cero las investigaciones derivadas de denuncias formuladas por las autoridades o por los particulares, quien tiene la función y, al mismo tiempo, la obligación, de desarrollar esa actividad tan importante y trascendente de acopiar la información y los antecedentes de investigación que le permitan asumir una postura y emitir una determinación, con relación a si existen suficientes indicios para considerar que efectivamente se ha cometido un hecho descrito en la Ley Penal como delito o, por el contrario, los hechos denunciados no constituyen ninguno de los tipos penales o delitos previamente descritos en esa Ley Penal. No es ninguna tarea fácil ni responsabilidad menor.
Hace muchos años, en mis inicios como Agente del Ministerio Público, en momentos en que disfruté especialmente el desempeño de esa hermosa función social y aprendí un sinfín de cosas, muchas de ellas jurídicas, pero muchas más a las que puedo denominar lecciones de vida que me sensibilizaron especialmente para comprender la enorme responsabilidad y compromiso que implica la función ministerial; un Juez Penal de la ciudad de León, Guanajuato, uno de los más reconocidos y experimentados, un veterano en la función judicial, me dijo algo que no he olvidado desde entonces y que marcó mi carrera, algo que ahora relaciono con esta idea acertadísima de que la procuración es el corazón de la justicia, el entonces Juez Sexto de lo Penal me confió que respetaba mucho y admiraba la función del Ministerio Público, pues es quien hace el trabajo fino en materia de justicia penal, que los Jueces – así lo dijo – solamente revisaban y calificaban lo que ya se les presentaba hecho en una Averiguación Previa (eran los tiempos del sistema de justicia penal que ahora llamamos “tradicional”), pero que quien en realidad construía todo desde cero era el Agente del Ministerio Público. Eso, desde entonces, ha sido algo que nunca dejé de tener presente mientras me desempeñé en diversas responsabilidades dentro de la administración pública, siempre en la función ministerial, que me permitieron confirmar lo que en aquella ocasión me dijo ese Juzgador y que ahora recuerdo con esta frase extraordinaria. Respeto y reconozco ampliamente la función jurisdiccional y a los Jueces Penales particularmente, son una parte igual de importante y necesaria como todas las que conforman el Sistema de Justicia, solo quiero compartir una anécdota con Ustedes en este espacio.
Creo que es cierto, la Procuración de Justicia es el corazón de la Justicia Penal pero, lamentablemente, no le hemos dado ese lugar hasta ahora, las Fiscalías de nuestro país aún padecen enormes vicios y carencias, mantienen grandes áreas de oportunidad en todos los ámbitos. Recientemente hemos sido testigos de acontecimientos vinculados a la Fiscalía General de la República y a su actual titular, así como a la Fiscalía General de la Ciudad de México, que ha sido exhibida por una resolución del máximo tribunal de justicia en México, al señalar que se mantuvo privada de la libertad a una mujer aplicando una figura jurídica en materia penal que es inexistente y que otra mujer, dentro del mismo asunto, tenía una orden de aprehensión vigente bajo esas mismas circunstancias, la historia ya la sabemos o la podemos conocer fácilmente accediendo a las redes sociales y a los medios de comunicación.
Este episodio es verdaderamente grave y escandaloso, porque además, dos Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía de la Ciudad de México que ha quedado evidenciada y exhibida, hace más de seis años establecieron y determinaron lo que ahora vino a confirmar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de atraer el caso, que efectivamente no se actualiza ningún delito relacionado con los hechos denunciados, con lo que se habría evitado, no solo todo este escándalo nacional, sino además, lo que es más importante, se hubiera evitado que una mujer hubiese sido privada de la libertad vulnerando todos sus derechos humanos, por más de 500 días, lo cual es inaudito porque, además, esos servidores públicos que, luego de una investigación ministerial determinaron que no había delito que perseguir y archivaron el caso, fueron despedidos y perseguidos penalmente por un sistema gubernamental influenciado por intereses particulares perversos y retrógradas, que son los mismos intereses que hoy dirigen el destino, ni más ni menos, que de la Procuración de Justicia a nivel nacional, con los deplorables resultados que todos conocemos.
Solo hay una cosa más grave que la impunidad, solo algo puede ser peor que lo que ocurre cuando un delincuente no es llevado a enfrentar judicialmente su responsabilidad y no se le aplica una pena como consecuencia de sus actos y es que un inocente sea privado de la libertad injustificadamente, aunque sea por unos instantes, cuando eso ocurre, siempre debería de aplicarse todo el peso de la ley en contra de quien lo haya permitido o propiciado negligente o dolosamente, un acto así tampoco debería quedar impune.
RENÉ URRUTIA DE LA VEGA.