Andrés Manuel López Obrador lo tuvo claro desde antes de ganar la elección presidencial en julio de 2018: necesitaba dinamitar las estructuras de poder, acotar a órganos autónomos, sustituir personeros leales al pasado. Y ahí va el presidente.
Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es el mejor ejemplo de cómo el Poder Judicial se acerca a la autodenominada Cuarta Transformación. Tampoco hay sorpresa, todo jefe del Ejecutivo en México ha buscado de mil formas tener de su lado a todo ente o contar con afines en sus filas por lo que se pueda necesitar.
En este espacio, el 19 de noviembre de 2018 y el 17 de diciembre del mismo año se anticipó la presidencia en manos de Zaldívar y que López Obrador iba por el control de ese poder. Los guiños del ministro han sido claros. En junio quiso ir en representación del Poder Judicial a un “acto de unidad” en contra de Donald Trump, pero los ministros le dijeron que no.
Esta semana de Navidad se desató una ola en favor de López Obrador por declaraciones absurdas, pero mediáticamente escandalosas, del vocero del gobierno de Bolivia en contra del presidente López Obrador. Un expresidente desconocido en México provocó un alud de unidad en torno al mandatario mexicano. Ignorarlo hubiera sido más eficaz. Pero el ministro presidente se volcó para apoyar a López Obrador, con la aclaración de que lo hacía a título personal. Conocedores del Poder Judicial recordaron que muy probablemente no quiso exponerse a otro revés de sus pares y mejor tuiteó como ciudadano de a pie.
Zaldívar es un ciudadano, pero da la casualidad de que es ministro y además preside a otro poder. Su expresión de unidad es plausible, pero en el contexto actual no se puede sustraer del entorno político local. Incluso Zaldívar salió en defensa de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, luego de que declaró pulcro a Manuel Bartlett por el escándalo de sus 27 casas y otras propiedades. ¿Había necesidad de que el ciudadano de a pie que preside la Corte, en sus ratos libres saliera en defensa de Sandoval?
Otro caso que llamó la atención estos últimos días de 2019 fue el de Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). El pasado 17 de diciembre el organismo pretendidamente autónomo emitió un comunicado para dar a conocer nombramientos de visitadores. Pero al revisar las hojas de vida de los designados saltaba a la vista que no cumplían con un requisito del artículo 23 de la Ley de la CNDH: “Tener título de Licenciado en Derecho expedido legalmente, y tener tres años de ejercicio profesional cuando menos”.
Hecha la consulta al área de comunicación social de la CNDH, horas después emitieron una aclaración al Comunicado 480-2019. El último párrafo señala: “Todos ellos en funciones de la titularidad de las Visitadurías Generales respectivas a partir del 1 de enero de 2020”, y con la errata quedó “todos ellos como encargados de las Visitadurías Generales respectivas a partir del 1 de enero de 2020”.
La atropellada llegada de Piedra Ibarra, al estilo “haiga sido como haiga sido” y ahora la imposición de servidores públicos que muy probablemente no cumplan con los requisitos de leyes son estampas muy reveladoras.
Que actúen así en dos piezas clave de la estructura de Estado es más que preocupante.
Ojalá no sea la forma como López Obrador muestra su forma de cambiar estructuras viejas por otras verdaderamente independientes y con apego a la ley. Ojalá.
Punto y aparte. Cambios, cambios, cambios… ¿hasta cuándo?
Punto final. Que el 2020 sea pletórico de buenas razones para sus vidas. Feliz año nuevo. Sigamos adelante.