No es nueva la preocupación social y política por la salud mental del presidente mexicano.
Por eso, apenas en días pasados, diputados del PAN presentaron una iniciativa de reforma constitucional –a los artículos 6, 69 y 82–, para que, junto con su Informe de Gobierno, el mandatario mexicano también presente un reporte oficial de su estado de salud, físico y mental.
Lo cierto, sin embargo, es que por alguna razón que nadie conoce, López Obrador se ha negado –de manera reiterada–, a presentar el resultado de un estudio oficial sobre su salud, en general.
Por ejemplo, ESPIN, la empresa especializada en analizar el discurso presidencial reportó el pasado 15 de septiembre que han transcurrido 421 días desde que Obrador ofreció hacer público el reporte de su estado de salud, fìsica y mental, sin que haya cumplido.
Hoy ya son 431 días sin cumplir una promesa que hizo al arranque de un gobierno que, también hoy, cumple 665 días.
Pero hay más. El 10 de octubre de 2019, en la mañanera de esa fecha, el presidente se mostró enojado porque el Instituto Nacional de Transparencia le hizo llegar la solicitud de un ciudadano que exigió “conocer una constancia médica y psiquiátrica” del presidente.
“¡No se miden, pero voy a tener que ir a que me hagan los estudios!”, dijo enojado el presidente.
También en ese caso los ciudadanos seguimos esperando un reporte oficial sobre la salud mental del mandatario mexicano.
Lo cierto es que crece la preocupación de los mandantes –ciudadanos que le otorgaron el mandato al presidente–, porque también son recurrentes los dislates de AMLO; porque se incrementa la patológica mitomanía de un presidente que a diario se escape de la realidad, mediante un discurso que exhibe serios problemas emocionales.
Pero en este espacio tampoco es nuevo el tema.
Curiosamente, la primera ocasión que propusimos conocer la salud mental de Obrador, se desencadenó una furibunda persecusión contra el autor del Itinerario Político, que terminó con la amenaza del candidato y luego presidente, para que ningún medio contratara a Ricardo Alemán.
Y es que en el Itinerario Político del 9 de abril de 2018 –titulado “Candidatos: ¿Y la salud física y mental?” –, preguntamos por primera ocasión sobre el peligro de que pudiera llegar al poder un enfermo mental.
Así lo preguntamos: “¿Los candidatos están capacitados, física y mentalmente, para ejercer el poder presidencial? ¿Tienen problemas de salud física? ¿Tienen padecientos mentales? ¿Son medicados? ¿Qué medicina utilizan? ¿Alguien sabe si tal o cual medicamento altera sus facultades mentales? ¿Se debe atender como alteración mental la recurrencia al engaño y la mentira de algunos presidenciables? ¿La mitomanía es enfermedad mental? ¿Cuántos de los candidatos son mitomanos? ¿Está capacitado un mitómano para asumir el timón del Poder Ejecutivo?”.
Como queda claro, dimos en el blanco; la evidente enfermedad mental del presidente. Por eso, AMLO ordenó perseguir al autor de esta columna hasta casi exterminarlo.
Pero aquel 9 de abril dijimos más; que antes de buscar respuesta a la salud del futuro presidente, primero debíamos atender un conflicto de ética periodística. ¿Los periodistas y los medios tienen (tenemos) derecho a invadir la vida privada –la salud física y mental–, del futuro presidente?
“Respetar la vida privada y evitar daño a terceros, son derechos constitucionales de todo ciudadano. Sin embargo, en el caso de un servidor público –del presidente–, el interés público prevalece sobre el derecho a la intimidad, sobre todo cuando se trata de una enfermedad que limita, altera o interfiera en la toma de desiciones de un presidente o mandatario.
“En rigor, un servidor público es 'un bien público'. Por tanto, el potencial daño a ese bien público –por enfermedad–, debe ser publicitado para el conocidmiento de los ciudadanos que, en una democracia representativa como la mexicana –y en el caso del presidente–, son los mandantes del mandatario”.
“De esa manera, difundir la enfermedad física o mental de un candidato o, en su caso, del presidente –así como las implicaciones en su desempeño–, no son un derecho periodístico o mediático, sino una exigencia social. Es decir, el interés público prevalece sobre el derecho a la privacidad de aquel ciudadano que se desempeña como candidato o presidente”. Hasta aquí la cita.
Volvimos al tema en el Itinerario Político del 15 de octubre de 2019, cuando AMLO ya era presidente, para preguntar sobre la risa nerviosa del presidente ante los fracasos: “¿De qué se ríe, presidente; tiene miedo al psiquiatra?”
Y luego regresamos al mismo tema el 11 de febrero del 2020, con la misma titulo de la entrega de hoy: “¿Y la salud mental de López Obrador?”.
Esa tercera entrega se sintetiza en la siguiente pregunta: “¿Quién, en el Estado mexicano, se hace responsable de la salud del presidente?” ¿Le corresponde al Poder Legislativo, o al Poder Judicial?
Claro, antes de que López Obrador destruya al país.
Al tiempo.