La actual pandemia por covid-19 ha desnudado un sinfín de aspectos que deberían ser corregidos en nuestra sociedad.
Para enfrentar una pandemia como ésta es necesario fortalecer los sistemas de prevención de la salud de los mexicanos, los controles fronterizos, abastecer al sector de los insumos necesarios y activar sistemas que palíen los efectos tanto en la seguridad pública y ciudadana, como en la economía nacional e individual de las personas.
Como fue evidente, en México carecemos de todo ello, por eso la actual pandemia nos tomó desprevenidos -pese a que tuvimos cuatro meses para prepararnos desde los primeros contagios en Asia y Europa, hasta los primeros casos en nuestro país-, cuando empezamos a ver el contagio no contábamos con pruebas, camas, personal e insumos suficientes, como tampoco con un plan en seguridad y protección de trabajos e inversiones, para que, una vez terminada la pandemia, no encontráramos un país en crisis profunda.
Las consecuencias de adolecer de planes y estrategias han sido devastadoras, miles de contagiados y fallecidos; personal médico sobre explotado; recursos económicos del Estado destinados a la seguridad desviados a la compra de insumos médicos; aumento de la violencia, una profunda crisis de desempleo, de la economía nacional y familiar.
Dada la concentración de la atención en entender qué sucedería con esta enfermedad, cuánto duraría y si en realidad era tan peligrosa como se decía, a una gran parte de la opinión pública se le olvidó lo que sucedía con la violencia en nuestro país.
Según datos oficiales, en los meses del confinamiento, la violencia creció, marzo 2020 fue el segundo mes más violento de la historia de nuestro país, abril el onceavo y, si bien aún no contamos con el dato oficial, los conteos preliminares de homicidios muestran que la tendencia de este delito sigue al alza durante el mes de mayo.
Otra cara de la violencia menos visualizada son las agresiones y lesiones dolosas. Si bien en los primeros cuatro meses de este año se reporta una disminución del número de denuncias por este delito -que probablemente responde a un aumento de la cifra negra-, los casos de violencia en contra del personal de salud exhiben tanto una fotografía diferente a lo que presentan las estadísticas oficiales, como a un rasgo lamentable de la sociedad mexicana, donde ignorancia e impunidad, permiten la ocurrencia de estos casos.
Si a través de diversos medios hemos visto cómo en Europa, Asia, Estados Unidos o América Latina, el personal médico recibe aplausos de la ciudadanía, bonos económicos y mensajes de apoyo, en México en los últimos dos meses se han consumado por lo menos 15 agresiones graves en contra personal de salud.
Según testimonios de las víctimas publicados por diversos medios de comunicación, en Ciudad de México, Durango, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Oaxaca, San Luís Potosí, Sinaloa y Yucatán el personal médico ha sufrido lesiones dolosas y atentados graves contra su patrimonio. Todo esto sin contar una serie de hechos discriminatorios -mensajes intimidantes, servicios públicos y privados rechazados- que médicos, enfermeros y personal administrativo del sector salud han sufrido.
Algunos testimonios permiten visualizar con detalle lo que está viviendo el personal de salud:
El 28 de abril en Monterrey, Nuevo León un enfermero del Hospital General de Zona número 89 del IMSS reportó que en una pausa fue a comprar alimentos a una tienda conveniencia y al salir un hombre le lanzó una cazuela de agua caliente, provocándole quemaduras en el rostro y el brazo derecho.
Ese mismo día en la capital poblana una enfermera del IMSS fue sorprendida por tres sujetos quienes le gritaron: “¡Por tu culpa la gente se está enfermando, eres una fuente de infección y por eso te vamos a matar, maldita enfermera!”, fue sacada por la ventanilla del vehículo, arrastrada y pateada. Los sujetos, además, la despojaron de sus pertenencias.
El 27 de mayo en Mérida, Yucatán, a una enfermera del Hospital Regional de Alta Especialidad le incendiaron su vehículo en la madrugada.
La ignorancia de las personas, la falta de sentido de comunidad, en un contexto donde cualquiera puede hacer lo que le plazca por la absoluta impunidad, ha permitido que estos lamentables hechos ocurran.
En México, menos del 1% de los delitos denunciados reciben algún tipo de sanción, sin considerar que en promedio se denuncian apenas siete de cada 100 delitos.
No puede ser de otra manera, la falta de personal de seguridad y justicia, los bajos salarios y prestaciones, la deficiente capacitación, insumos y tecnología de policías, procuradurías y fiscalías, hace imposible garantizar la atención, prevención, reacción y sanción del enorme número de delitos que ocurren en nuestro país.
Si en las últimas dos administraciones se simuló un gasto para la seguridad -en el sexenio de Calderón apenas se invirtió el 1.2% del PIB para este rubro y, en el de Peña apenas el 1%-, en la administración de López se optó por abandonar a estados y municipios, a la procuración de justicia y recortar al 0.8% del PIB el gasto destinado a todas las áreas de seguridad y justicia federales y locales, a pesar de que éste está resultando el sexenio más violento de la historia.
Para poner en contexto, el promedio de lo que gastan los países de la OCDE es el 3%, mientras que un país como Colombia, con una problemática de violencia similar a la nuestra, gasta el 5%.
Si bien ante los actuales índices de violencia el Estado debió prever sistemas de prevención y cuidado del personal sanitario, el fracaso de las acciones de seguridad de este gobierno permite entender la negligencia y abandono del personal que pone en riesgo su salud y la de sus familias para cuidarnos.
Es importante resaltar que al mismo tiempo que algunos mezquinos agreden y discriminan a médicos y personal de salud, un ejército de ciudadanos manifiesta su apoyo y reconocimiento al sacrificio de estos.
Sin embargo, la ocurrencia de un sólo acto de violencia no sancionado debe indignarnos y mover al Estado a corregir sus deficiencias.
No obstante, parece que no es de interés del gobierno federal atender esta situación y reconocer sus fallas. Pese a que las cifras de muertes y contagios por covid-19 siguen creciendo cada día, lo que haría pensar que debemos mantener el confinamiento y el cierre de actividades no esenciales, el subsecretario de salud insiste en que domamos la curva y el presidente López reinicia sus recorridos por el país, precisamente en zonas de alto contagio.
La cachetada a tantos médicos, enfermeros, contagiados y familiares que han perdido a un ser querido no queda sólo ahí, López viaja por el país sin las debidas medidas de prevención y -dicho sea de paso- omite visitar a ese personal médico que tanto merece ser escuchado y reconocido.