El pasado 2 de febrero, en el marco del Parlamento Abierto donde se discute la Reforma Eléctrica, se llevó a cabo el foro denominado Impactos económicos y financieros para la CFE y la Hacienda Pública de las reformas eléctricas y su sostenibilidad. En este foro, la participación del CIEP era natural por tratarse de las finanzas públicas y su sostenibilidad, además de que el CIEP fue el primero en poner sobre la mesa los potenciales costos fiscales de la reforma que se está tratando.
Sin embargo, el Parlamento Abierto no ha sido tan abierto, ni tan inclusivo. Desde el registro de ponentes, al hacer tomar una postura a favor o en contra de la reforma, limita la presentación de resultados objetivos y de las implicaciones de política pública que permitan realmente llegar a acuerdos basados en evidencia que beneficie a todos los mexicanos. Asimismo, la gran mayoría de ponentes son hombres, dejando fuera a muchas mujeres especialistas en temas de energía y en temas de finanzas públicas.
Podrían preguntarse ¿qué tiene que ver la reforma eléctrica con las finanzas públicas? Pues tiene todo que ver. Para empezar, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su artículo 18, indica que es necesario que el Ejecutivo Federal realice una evaluación del impacto presupuestario de cualquier iniciativa ley, así como el correspondiente esquema de financiamiento. En este caso, la propuesta de reforma eléctrica no incorpora dicho impacto presupuestario y fue por esta razón que el CIEP hizo una primera aproximación de los costos iniciales de la reforma.
Nuestros resultados muestran que el potencial costo fiscal inicial sería de aproximadamente 261 mil mdp o 0.94% del PIB de 2022, los cuales provendrían de cinco elementos que a continuación describo: a) indemnizaciones por la cancelación de permisos de generación por 182 mil mdp; b) requerimientos de inversión por la caída en inversión extrajera directa por 47 mil 282 mdp; c) subsidios para cubrir el aumento de tarifas eléctricas por 3 mil 869 mdp; sobrecostos de operación de la CFE por 15 mil 877 mdp y costos ambientales y de salud derivado del aumento en la contaminación por 13 mil 482 mdp.
Es bien conocido que México no cuenta con ingresos públicos suficientes para cubrir todos los requerimientos de gasto de la población desde hace algunos años. También es sabido que en 2021 no se realizó la tan anunciada reforma fiscal que permitiría aumentar estos ingresos. Por tanto, los recursos siguen siendo muy limitados como para darnos el lujo de dirigir el equivalente al 3.6% del gasto público aprobado para 2022 a CFE y su esquema privilegiado de pensiones, cuando tenemos necesidades exacerbadas por la pandemia de salud, educación e inversión que no han sido cubiertas.
La misma reforma al sector eléctrico está generando incertidumbre que provoca, entre otras cosas, salida de capitales e inversión. Al mismo tiempo, esto se ve reflejado en el insuficiente crecimiento de la economía en 2021 y el ajuste a la baja del crecimiento esperado para 2022. La reforma eléctrica no solo afecta a la CFE, si no que impacta en todas las finanzas públicas y tiene implicaciones para cada uno de los mexicanos, no solo por las tarifas que pagamos por luz o el acceso que tenemos a ella, también se reflejará en falta de financiamiento para consolidar un sistema de salud universal o mejorar la infraestructura de las escuelas de las niñas, niños y adolescentes.
*Alejandra Macías Sánchez | Realizó el Doctorado en Políticas Públicas en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Tiene experiencia en evaluación de programas, evaluación de impacto, seguimiento y monitoreo. Ha trabajado en el programa Oportunidades y en la Secretaría de la Función Pública. Asimismo, ha llevado a cabo trabajos de consultoría para el Banco Mundial y el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola de las Naciones Unidas. Trabajó como investigadora en la Oficina Regional de América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Actualmente es directora de investigación en el CIEP y se especializa en transferencia de capitales, retiro y cambio demográfico, en conjunto con finanzas públicas.