El panorama es poco halagador e incierto para los periodistas, principalmente en un país como México que hoy está de luto y asistimos a una de las mayores debacles de la prensa.
La impunidad no solo en México sino en diversas partes del mundo propicia crímenes, abusos, violaciones a los derechos humanos y, lo peor, un estado de zozobra para quienes ejercemos el periodismo.
El grado de amenazas, acoso, agresiones físicas, secuestros, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y asesinatos, es tal que algunos colegas han optado por retirarse. El panorama es sombrío y con perspectivas nada halagadoras.
El único delito de los comunicadores es trabajar en una de las profesiones más nobles. Pero ello ha generado que 1,265 periodistas hayan perdido la vida en el periodo 2006 al 2022.
Son 16 largos años de esta contabilidad que no miente pese a que desde el oficialismo se pretenda dar otra imagen. Lo real es que, hoy por hoy, México es el país más letal del mundo para ejercer el periodismo.
En territorio mexicano operan el crimen organizado, caciques, paramilitares, políticos y algunas organizaciones sociales que ven al periodismo como el enemigo a acabar.
Hay un soterrado encubrimiento de estos abusos en materia de derechos humanos. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha revelado que sólo uno de cada diez casos se ha resuelto a nivel mundial.
La mayor parte de los periodistas enfrentan una precariedad en materia de seguridad y el clima de impunidad genera más asesinatos. Los responsables quedan cubiertos por un manto de impunidad debido a la ausencia de investigaciones.
Lo peor de este panorama es que en el ámbito de América Latina, de acuerdo con la UNESCO, la mitad de los profesionales de los medios de comunicación asesinados había recibido amenazas previas relacionadas con su trabajo.
El 80% de esos crímenes en esta parte del mundo durante la última década ocurrieron en Brasil, Colombia, México y Honduras.
Llevamos apenas cuatro meses y medio del año 2022 y México vive una de sus peores catástrofes en materia de seguridad para periodistas. En lo que va del año se han reportado 11 casos de periodistas asesinados y el más reciente caso ocurrió en Veracruz con las muertes de Yesenia Mollinedo y Sheila Johana García, directora y reportera, respectivamente, en el portal El Veraz. A la primera se le ha pretendido vincular al narcotráfico.
Es paradójico que 90.9% de los casos se hayan registrado en estados gobernados por miembros de la “4T”, movimiento que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, excepto el caso de Heber López que sucedió en Oaxaca (gobernado por Alejandro Murat del PRI). Pero la decena restante de crímenes ha ocurrido bajo gobiernos de MORENA.
Este pésimo panorama ha llevado a la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) a situar a México como uno de los países más peligrosos a escala mundial.
La asociación Artículo 19 considera que la espiral violenta contra los periodistas proviene tanto de la acción como de la omisión de la esfera gubernamental (que incluye a los partidos políticos) y del crimen organizado.
Sin embargo, y contra lo que pudiera pensarse en un país tan convulsionado por el narcotráfico, en México el peligro de ser periodista se vincula más a las acciones del gobierno.
En los últimos siete años, casi 50% de las agresiones a periodistas han sido perpetradas por servidores públicos. Las entidades en las que se ha concentrado la violencia han sido Veracruz, Ciudad de México, Guerrero y Puebla.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), del año 2000 a la fecha ha registrado asesinatos de 114 periodistas y hay más de 20 desapariciones sin esclarecer.
La violencia del crimen organizado, aunque no es la responsable principal como afirma la versión oficialista, sí representa parte de las agresiones contra periodistas. Sinaloa, Tamaulipas y Guerrero constituyen sitios donde el narcotraficante que se siente incómodo con las revelaciones periodísticas no duda en silenciarse con agresiones de todo tipo.
Los gobiernos, de acuerdo con Naciones Unidas, tienen el deber de investigar, juzgar y sancionar a todos los autores de los delitos contra comunicadores, tanto los materiales como los intelectuales, además de partícipes, colaboradores y encubridores.
¿Pero qué se puede hacer durante una administración presidencial que tiene como objetivo acallar las críticas?
Frente a ello nos queda la protesta desde diversos espacios, redes sociales, radiodifusoras o canales televisivos. No hay de otra. Pero lo cierto es que falta mayor unidad del gremio periodístico mexicano para hacer un frente común frente al avasallamiento oficial.
Callarnos no ayuda en nada y debemos elevar la voz desde diversas trincheras antes que callar a la prensa se convierta en una política de Estado.