Primero la noticia.
El pasado fin de semana en Salamanca, Guanajuato, el gerente de un conocido restaurante recibió un regalo a las puertas del establecimiento.
Celebraba su cumpleaños.
Al abrir el paquete lo que recibió fue una potente detonación que lo mató de manera instantánea, junto con uno de sus socios.
Familiares de los fallecidos revelaron, horas después, que los dueños del restaurante se habían negado al “pago de piso”, que en todos los negocios de Salamanca ha impuesto el grupo criminal motejado como (CJNG).
Sin embargo, la Fiscalía de Justicia de Guanajuato reveló que las líneas de investigación apuntaban a una presunta venganza personal.
Por la tarde, el gobierno de Guanajuato anunció la captura de algunos presuntos responsables del crimen.
Luego el contexto.
Más allá del origen del atentado, lo cierto es que se trata de un claro acto terrorista, en la más pura de sus acepciones.
Es decir, se trata de un acto criminal que no solo buscó quitarle la vida al destinatario del “regalo bomba”, sino que lleva un “mensaje ejemplar”.
Dicho de otro modo; lo que buscaban los autores intelectuales de tal crimen no sólo era eliminar a un enemigo sino hacerlo de la forma más mediática, llamativa y espectacular posible.
Y todo ello a manera de ejemplo para otros: “Que todos vean lo que les puede pasar”, diría el mensaje.
Pero también es cierto que, desde el 1 de diciembre de 2018, cuando López Obrador asumió el poder presidencial, el estado de Guanajuato es tierra de nadie, por decirlo de manera suave.
¿Por qué?
Porque se trata de un bastión histórico del PAN y, por tanto, al gobierno federal no le importa mover un dedo para combatir a bandas criminales que se han apoderado de esa región del Bajío, en donde operan el Cártel de “El Chapo”, lo mismo que el (CJNG) y el disminuido Cártel Santa Rosa de Lima.
Pero lo verdaderamente grave es que, ante la complicidad oficial, la violencia criminal avanza en el control de nuevos territorios y ha llegado al extremo –como lo dijimos ayer aquí–, de apoderarse de gobiernos estatales completos, como los de Sinaloa, Sonora, Baja California Sur, Nayarit, San Luis Potosí, Michoacán y Zacatecas que, en los hechos, son narco gobiernos.
Y es que, en todas esas entidades, con la complacencia y complicidad de los gobiernos federal y estatales, distintas bandas criminales participaron en la elección para renovar las gubernaturas, los congresos y las alcaldías.
Curiosamente el único mandatario que se atrevió a denunciar la intervención criminal en los comicios fue el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien por ello se convirtió en perseguido del presidente.
Todo ello mientras López Obrador ordenó la liberación de Ovidio Guzmán, “El Chapito”, jefe real del Cártel de Sinaloa; mientras que son liberados y/o se facilitan la fuga de sicarios y socios de ese y otros cárteles, de distintas prisiones del país.
Todo ello mientras que la Fiscalía General de la República persigue a mujeres y hombres de ciencia; mientras medios y periodistas críticos siguen siendo difamados, calumniados y perseguidos por el gobierno de López Obrador.
Y si dudan de la complicidad oficial en el terror, a continuación un extracto de la columna Al Tiempo, titulada igual que el presente Itinerario Político: “Solapa Obrador el Terrorismo”, y que en exclusiva se publicó en www.ContrapesoCiudadano.com el 15 de mayo del 2020, a propósito de una amenaza abierta del crimen organizado contra el diario Reforma.
“No, no solo debemos exigir una investigación a fondo sobre la amenaza criminal al diario Reforma”.
“No, también debemos exigir que el presidente López Obrador se deslinde de manera pública del Cártel de “El Chapo” y que se comprometa a llevar a prisión a todos los integrantes de esa banda criminal, empezando por el perdonado Ovidio Guzmán, alias “El Chapito”.
“Y es que ya resulta impostergable para la sociedad toda, para la democracia, para libertades básicas –como la libertad de expresión–, y para el “Estado de Derecho”, que el presidente mexicano termine con la sospecha de ser el jefe de un “narco-gobierno”.
“No es tolerable, por locuaz que sea el presidente López Obrador, que ante la amenaza burda y la advertencia directa de lanzar un ataque terrorista –anunciada por un presunto sicario de “El Chapo”–, el presidente mexicano sume agravios contra Reforma y contra los medios críticos, en general, y contra los periodistas que cuestionan a su gobierno fallido”.
“Y es que para nadie es un secreto que existe una clara complicidad del gobierno de AMLO con el grupo criminal del Cártel de “El Chapo”.
“Y esa no es una especulación tampoco una fake news o un bulo”.
“No, a los ojos de todos los mexicanos está aún fresca la imagen de un gobierno claudicante que, a pesar de haber detenido al hijo del mayor criminal de la historia, no fue capaz de llevarlo a prisión y someterlo a un juicio apegado a derecho”.
“Todos los mexicanos vieron y conocieron las circunstancias en que el gobierno federal, encabezado por AMLO, fue doblegado por un acuerdo de impunidad entre el Cártel de “El Chapo” y el presidente López Obrador”.
“Y si decimos que el presidente mexicano solapa al Cártel de “El
Chapo”, no estamos diciendo una mentira y menos una exageración”.
“¿Por qué?”
“Porque el propio presidente dijo que las instituciones a su mando, que habían logrado la captura de Ovidio Guzmán, “recularon” por temor a la violencia”.
“Pero no es todo. A los ojos de los mexicanos, AMLO no sólo ordenó liberar al “Chapito”, sino que ordenó protección federal para la boda de “La Chapita”, la hija de “El Chapo” y hasta acudió a Badiraguato, Sinaloa, a saludar a la madre del mayor narcotraficante mexicano de la historia”.
“En efecto, hoy nadie sabe –a ciencia cierta–, quién está detrás de la amenaza lanzada contra el diario Reforma; nadie sabe si se trató de un loco solitario o si, en efecto los sicarios de “El Chapo” lanzaron la amenaza”.
“Lo cierto es que se trata de una clara intención de sembrar terror; una amenaza que abre la puerta al terrorismo contra los ciudadanos, en general y, en particular contra los medios, los críticos de la gestión lopista y contra los periodistas independientes y críticos del peor gobierno de la historia”.
“Por eso, corresponde a la sociedad toda exigir que el presidente ordene la más profunda investigación que haya iniciado su gobierno, para llegar al fondo de la amenaza; para evitar la superchería de que se pudo haber tratado de una auto amenaza –como lo pretenden hacer creer los fanáticos lopistas–, y para castigar a los responsables”.
“De lo contrario, López Obrador nunca se quitará el estigma de que el suyo es un narco-gobierno”. (Fin de la cita)
Lo cierto que ni López Obrador ni su gobierno han investigado hechos de terror como la caída del helicóptero de la gobernadora de Puebla Martha Erika Alonso y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle; tampoco la amenaza criminal al diario Reforma y menos la acusación criminal contra la conductora Azucena Uresti.
Eso sí, López Obrador hace todo por llevar presos a científicos, periodistas, cantantes, políticos, opositores y empresarios.
¿El suyo es un “narco-gobierno”?
Al tiempo.