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Sin medicamentos ni vacunas para la niñez

Se ha disparado el número de contagios en la población infantil. | Agustín Castilla

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Escrito en OPINIÓN el

Mucho se habla del interés superior de la niñez que es un principio consagrado en el artículo 4º de nuestra Constitución por el cual se reconoce el derecho que tienen las niñas, niños y adolescentes, así como la obligación de los entes públicos y privados para considerarlos como prioridad en todas las acciones o decisiones que les afecten en lo individual o como grupo, a fin de garantizar su desarrollo integral y el ejercicio efectivo de sus derechos. Sin embargo, los hechos demuestran que este importante sector de la población ha sido abandonado por el gobierno.

Lamentablemente se pueden citar muchos ejemplos para afirmar lo anterior, como la desaparición del programa de estancias infantiles, la disminución de recursos presupuestales para la atención a la primera infancia, o la falta de programas para atender a las niñas y niños que han quedado en situación de orfandad por covid-19 -ni siquiera se cuenta con un registro para identificarlos-. Es sintomático que la secretaría ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) lleve medio año acéfala, o que en estos tres años el presidente López Obrador no haya asistido a alguna de las escasas sesiones que se han celebrado, a pesar de que encabeza este prácticamente inexistente sistema.

También resulta indignante que ante las denuncias presentadas por la Oficina de Defensoría de Derechos de la Infancia (ODI) a partir de una investigación que sacó a la luz la violencia sexual que se ejerce contra decenas de niñas y niños incluso de 3 años en escuelas públicas y privadas, simplemente no pase nada.

Por otra parte, pasan los meses y sigue sin resolverse la crisis por el desabasto de medicamentos oncológicos que ha puesto en grave riesgo la salud de miles de niñas y niños. Organizaciones que apoyan a pacientes con cáncer advierten que de 141 millones de piezas solicitadas, a este mes únicamente se han adquirido 12 millones de acuerdo a datos del propio INSABI. Sin embargo, en vez de concentrarse en hacer lo necesario para garantizarles su derecho a la salud, descalifican y arremeten contra estas organizaciones y los familiares de pacientes que se atrevieron a denunciar públicamente lo que está sucediendo.

Quizá una de las pocas muestras de preocupación del presidente por las niñas y niños, ha sido por las afectaciones que les ha provocado el encierro a nivel emocional, social y educativo, ante lo cual decidió que iniciara el regreso a clases presenciales. Sin embargo, parece que una vez más prevaleció el voluntarismo y la improvisación y no se tomaron las medidas adecuadas para garantizar un regreso seguro.

Por ejemplo, en abril se aplicó a las y los maestros una vacuna que al parecer tiene una  efectividad limitada y es probable que pronto empiecen a perder inmunidad, se intentó que los padres y madres de familia firmaran una carta para asumir la responsabilidad en caso de contagio eximiendo a las autoridades, muchas de las escuelas no reúnen las condiciones mínimas que permitan la ventilación, distancia e higiene necesarias, y se determinó que no se vacunarían a los menores de edad argumentando que el riesgo de contagio, enfermedad grave y muerte es muy bajo.

De hecho, tanto el presidente como el subsecretario López-Gatell expresaron enorme molestia por los amparos otorgados a alrededor de 260 niñas y niños -algunos de ellos con comorbilidades como diabetes- ordenando que se les vacunara, y afirmaron que con cada desvío se quitaba la oportunidad a otras personas con mayor riesgo, llegando al extremo de ordenar una investigación contra los familiares por considerar que se trata de una acción concertada para golpear al gobierno.

No obstante, una vez más la realidad contradice las afirmaciones gubernamentales. En las últimas tres semanas se ha disparado el número de contagios en la población infantil al pasar de 194 mil 876 casos a 232 mil 248, en tanto que el incremento de quienes requirieron hospitalización fue de mil 373 casos. Otro dato preocupante es que actualmente 3 mil 823 menores de 4 años están internados por enfermedad grave, y se estima que 613 menores de 18 años han fallecido, ante lo cual debemos preguntarnos ¿cuántas defunciones serán suficientes para que el gobierno lo considere como un problema a atender?

Es inexplicable también que se niegue la vacuna a nuestras niñas, niños y adolescentes “para no favorecer los intereses de las farmacéuticas”, siendo que arbitrariamente se vacunó a los llamados servidores de la nación -que en realidad son operadores políticos del gobierno-, se han donado vacunas a otros países como Venezuela o Bolivia -por lo que se podría inferir que estamos sobrados de vacunas- o cuando se supone que contamos con aproximadamente 20 millones de vacunas almacenadas. Parece no importar que las y los niños también pueden tener comorbilidades, enfermar de gravedad o morir, y que desde luego contagian.