Tras la aprobación en el Senado del dictamen sobre la Guardia Nacional, éste regresa en forma de minuta y con más de 22 modificaciones a la Cámara de Diputados para su discusión y posible aprobación. Cabe resaltar que lo conseguido en el Senado fue algo histórico tanto de fondo como de forma.

De forma, por el voto unánime que recibió y porque por primera vez el grupo mayoritario se abrió al diálogo, por encima de la cerrazón y de la imposición. Reinó un ambiente de respeto, de construcción de acuerdos y se escuchó a la sociedad civil, a especialistas y a las distintas fuerzas políticas. El consenso logrado es digno de mención y da mayor legitimidad a la reforma constitucional.

De fondo, porque se modificaron muchas disposiciones que tanto expertos internacionales, como organismos de derechos humanos, de la sociedad civil y de la oposición veían como riesgosas ante la posibilidad de la militarización de la seguridad pública.

La principal modificación de fondo fue el cambio de un mando militar a un mando civil. La propuesta original contemplaba que la Guardia Nacional sería dirigida por una Junta de Jefes de Estado Mayor compuesta mayoritariamente por militares. En el consenso logrado en el Senado se elimina dicha Junta y se establece que la Guardia Nacional estará adscrita a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.

Otra modificación es que la propuesta original no establecía la temporalidad y los principios que deberían regir la actuación de las Fuerzas Armadas en labores de Seguridad Pública. En lo aprobado por el Senado, se establece un máximo de 5 años para que las Fuerzas Armadas regresen a los cuarteles y que en su participación en labores de seguridad pública deberán regir los principios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir; ésta deberá ser extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.

A su vez, en la propuesta original se establecía fuero militar para los elementos de la Guardia Nacional en caso de faltas y delitos; en lo modificado se eliminó el fuero militar quedando la Guardia Nacional bajo el fuero civil.

También las modificaciones consensuadas en el Senado fortalecieron el control parlamentario, ahora el Senado tendrá no sólo la facultad de recibir el informe anual de actividades sino también de aprobarlo o rechazarlo. Y el Congreso deberá de aprobar la Ley de Uso de Fuerza Pública, la de Registro de Desaparecidos y la de la Guardia Nacional, incluyendo mínimos como son: disciplina, jerarquía, servicios y capacitación.

La minuta original contemplaba que la Guardia Nacional tuviera disciplina, régimen de servicios, ascensos, prestaciones, ingreso y profesionalización homologados al ámbito militar. Con las modificaciones aprobadas unánimemente en el Senado ahora regirá una doctrina policial fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos, al imperio de la ley, al mando superior y en lo conducente a la perspectiva de género.

Y finalmente, en cuanto a la soberanía de los estados, el texto modificado establece por parte de los gobernadores el diagnóstico y el programa para el fortalecimiento del estado de fuerza y las capacidades institucionales de los cuerpos policiales estatales y municipales.

Guardia Nacional Civil

De acuerdo al artículo 72 constitucional las modificaciones irán ahora a la Cámara de Diputados y de ser aprobadas, según el art. 135 constitucional, el proyecto irá a los Congresos de los Estados, que son parte del Constituyente Permanente que es el poder revisor de la Constitución. Se requerirá de la aprobación de 17 legislaturas de los estados y una vez aprobado se enviará al Ejecutivo para su publicación.

Si la Cámara de Diputados no acepta las modificaciones, la minuta regresará al Senado por segunda ocasión y si el Senado insiste en las modificaciones, el proyecto no volvería a discutirse sino hasta el siguiente periodo de sesiones; sin embargo, ambas Cámaras pueden acordar publicar lo aprobado, reservando lo modificado para una discusión y votación posterior.

Respecto a la posibilidad del veto presidencial existe un antiguo debate sobre la capacidad del Ejecutivo para vetar reformas constitucionales, lo cierto es que hasta ahora no hay antecedentes. Pero no es ociosa la mención dado que en este mismo tema hemos visto cómo a la menor observación del presidente se han generado titubeos y cambios de última hora por parte de la mayoría parlamentaria de MORENA. Habrá que estar atentos en cada paso del proceso legislativo hasta su publicación.

Tras la molestia inicial del presidente por las modificaciones acordadas por el consenso logrado en el Senado y su posterior beneplácito, hoy se vislumbra que la mayoría en Cámara de Diputados apostará por aprobar lo modificado.

Detrás de este cambio de opinión está el hecho de que el presidente tiene la facultad de nombrar al jefe de la Guardia Nacional, pudiendo optar por un militar para este cargo, sin embargo, la Reforma ha quedado diseñada de tal manera que aunque así suceda, la Guardia Nacional será civil.

La Guardia Nacional Civil representa una de las medidas para enfrentar la grave crisis de seguridad y violencia que lastima al país, de acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública enero de 2019 se convirtió en el mes más violento de que se tenga registro con un total de 2 452 asesinatos, 140 secuestros y 40 feminicidios. Para que esto suceda, será indispensable una correcta implementación de la Guardia Nacional y la evaluación permanente que ha quedado establecida en lo aprobado en el Senado. Es indispensable hacer todo lo necesario para mejorar esta situación y tener claro que garantizar la seguridad y alcanzar la paz descansa sobre el respeto de los derechos fundamentales de la persona humana.

Es importante reconocer la firmeza que mantuvieron a favor de una Guardia Nacional Civil diversos miembros del Partido Acción Nacional y distintos representantes de la sociedad civil, quienes nunca cedieron ante las presiones y maniobras para imponer el modelo militar. Igual reconocimiento merecen algunos miembros del partido en el gobierno que mostraron apertura para lograr los consensos y sacar adelante la reforma modificada, frente a otros que desde la Cámara de Diputados mantuvieron cerrazón e imposición.

La Guardia Nacional de carácter militar fue desechada por unanimidad en el Senado por representar un riesgo para los derechos humanos. El presidente debería cuidar el consenso democrático logrado en el Senado, que optó por una Guardia Nacional de mando civil. No respetar el consenso puede ser perjudicial para la población en su aspiración de paz y de justicia y para la figura presidencial en su obligación de garantizar la seguridad de los ciudadanos.

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