Este sexenio terminará como el más violento desde que hay registro con cerca de 125 mil muertes violentas, 22 mil más que en la administración anterior. A su vez, el 2018 se perfila como el año con la mayor tasa de homicidios de la historia, tan sólo de enero a octubre hay 24,022 investigaciones por este delito. Y el secuestro, según la organización Alto al Secuestro, se incrementó 56.4% en comparación con el sexenio anterior.
La pacificación en nuestro país es urgente y ha sido un mandato ciudadano en las elecciones presidenciales. La seguridad ciudadana es un clamor y un anhelo de los mexicanos, en lo cual hay consenso por encima de cualquier bandera o partido político. Y es obligación del gobierno superar éste dolor evitable que es la inseguridad.
Max Weber, en “La política como vocación”, afirmó que el Estado es quien debe ejercer el monopolio de la fuerza pero que debe haber un proceso de legitimación que lo reivindique. El uso de la fuerza, al margen del Estado de Derecho o supeditada a la agenda política, corre el riesgo de atentar contra los derechos humanos o de fracasar, por lo que es de suma importancia que el próximo gobierno acierte en la estrategia que ha de implementar.
Preocupa la decisión del presidente electo de optar por una solución militar, al crear una Guardia Nacional integrada por militares, marinos y policías, bajo el mando de la SEDENA; lo cual, es contrario a lo que prometió en campaña cuando propuso pacificar el país mediante la atención a las causas de la violencia y no a través de la militarización.
Incluso, una vez electo, realizó “foros de escucha” con el objetivo de construir en conjunto una agenda de seguridad orientada a la paz; derivado de los cuales se comprometió a ocho acciones prioritarias, entre ellas a no usar la fuerza para reprimir a los ciudadanos.
Diversas instituciones se han manifestado en contra de la militarización. Entre ellas 544 organizaciones y académicos, que exigieron frenar la creación de la Guardia Nacional, optar por el fortalecimiento de las instituciones civiles de seguridad y reclamaron el hecho de que “obviando sus promesas, ignorando consideraciones empíricas y policiales fundamentales, desechando la opinión de la CNDH y de organismos internacionales… decidieron optar por una militarización como nunca ha conocido el país”.
Por su parte, los gobernadores emanados del PAN, en una carta dirigida al presidente electo, reclamaron violaciones en contra del federalismo por parte del plan de seguridad, expresaron que la colaboración entre los niveles de gobierno no debe entenderse como sometimiento de los órdenes locales y que es inconcebible una solución a la inseguridad “sin la concurrencia efectiva de los gobiernos estatales”.
A su vez, reconocieron la labor del Ejército que actualmente “responde a una necesidad provocada por la omisión política de construir capacidades civiles” pero que ésta debe ser el “último recurso”. Por lo que propusieron “establecer políticas de largo plazo e invertir recursos en el reclutamiento, profesionalización y dignificación salarial para las policías, así como fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Pública”.
La experiencia internacional muestra que la solución a la inseguridad es civil, no militar. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó retirar gradualmente a las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública. El Secretario General de Amnistía Internacional, pidió adoptar un enfoque basado en una fuerza policial que respete los derechos humanos. Y el Director para América de Human Rights Watch afirmó que “Andrés Manuel López Obrador está cometiendo un error colosal que podría minar cualquier esperanza seria de terminar con las atrocidades que han causado tanto sufrimiento”.
Según el Dr. Edgardo Buscaglia, la delincuencia organizada en México ha permeado el Estado por lo que no se le puede combatir con fuerzas armadas que emanen del mismo; sino a través de una “unidad antimafia” con jueces de control y fiscales independientes. Y sostiene que caricaturizar a la delincuencia organizada como “Chapo” o “Beltrán Leyva” es tocar sólo una de sus dimensiones y excluir la necesaria persecución de la clase política, empresarios y otros implicados.
La solución debe ser una seguridad democrática, que incluya una participación ciudadana más activa en la lucha frente a la inseguridad, que respete los derechos humanos, las leyes, el federalismo y la naturaleza de cada una de las instituciones, y que persiga a todos los implicados.
La pacificación debe retomar el concepto de “Seguridad Humana” que desde 1994 propone el PNUD y se aparta mucho de una seguridad de carácter militar. Se enfoca al nivel de las personas no del Estado, trata la violencia física pero incorpora también la seguridad económica, alimentaría, de salud, ambiental, personal, comunitaria y política. Y contempla resguardos para proteger a las personas de abusos por parte del Estado.
La estrategia de seguridad del presidente electo es equivocada y debe ser revisada de inmediato. No pasados los meses en una consulta a modo o cuando haya sido demasiado tarde; pues dejar la seguridad pública a cargo de una institución que no fue creada para estos fines, sometería a un desgaste y a una tensión indebida a las fuerzas armadas; y se correría el riesgo de que se incurra en el uso desmedido de la fuerza y se atente en contra de derechos humanos de los ciudadanos.