La renuncia del ministro Medina Mora se da en un contexto en el cual se presentan sospechas que involucran la conducta personal con la salud de las instituciones públicas. Que un ministro de la Corte esté probablemente involucrado en lavado de dinero es, por supuesto, una cuestión muy delicada. A la vez, abre la posibilidad de una nueva designación y ésta es una oportunidad para designar a un nuevo ministro. Sobre esto también hay sospechas: se pretende controlar y/o dominar al Poder Judicial, se trató de una renuncia forzada, etc.
Si en las cuestiones del poder, la atmósfera de las conspiraciones puede ser el hábitat natural, la narrativa en la que se presentan las dimisiones y las nuevas designaciones involucra los intangibles que, a final de cuenta, construyen la reputación de las personas y las instituciones. En el marco de un gobierno cuya auto referencia es la transformación, cómo enfrenta los procesos forma parte de ese proceso de auto construcción. ¿Construye una dominación, una hegemonía? ¿cómo sienta las bases de su legitimidad.
Hay de separaciones a separaciones: Medina Mora lo hizo en una carta sin explicar las causas, el presidente la acepta sin pedirlas (pero las supone) y es altamente probable que el Senado de cauce a la renuncia sin mayor problema. Que sólo puedan darse renuncia por “causa grave”, según la Constitución, quedarán como palabras en el papel, sin fuerza para auto vincular: ni al ministro, ni al Ejecutivo, ni al Senado (creo).
La expresión de las razones de la renuncia, su conocimiento y el posible debate en torno a ellas, hubiese permitido transparentar los procesos y las narrativas.
Hay de renuncias a renuncias, decía:
Alberto Vázquez del Mercado en 1931 también renunció a la Corte, el texto de su comunicación a Ortiz Rubio, conocido gracias a un tuit de Gonzalo S. De Tagle (@gstagle), expresa:
Aquí el texto de la carta de renuncia de Alberto Vázquez del Mercado, Ministro de la Suprema Corte, al Presidente Pascual Ortiz Rubio. El día 13 de mayo de 1931, argumentó: pic.twitter.com/oCPAeAwJUz
— Gonzalo S de Tagle (@gstagle) October 7, 2019
“Señor Presidente: la reciente aprehensión y expulsión del país del licenciado don Luis Cabrera, llevada a cabo por autoridades dependientes del poder ejecutivo, desobedeciendo, al ejecutar el último acto, expresa orden de las autoridades judiciales federales, me ha traído el pleno convencimiento, por la frecuencia de hechos semejantes o idénticos, de la imposibilidad de lograr que la administración actual deje de cometer violaciones a los derechos y garantías que asegura a las personas la Constitución de la República.”
Luego de señalar que esto rompe el equilibrio de los poderes y viola a las instituciones cuya respetabilidad está obligado a velar como ministro, Vázquez del Mercado remata:
“Desgraciadamente, los esfuerzos individuales desplegados han sido estériles para obtener el fin propuesto y como juzgo que el puesto de ministro de la Suprema Corte de Justicia no puede desempeñarse íntegramente cuando no se logra que las resoluciones de los tribunales federales sean acatadas y obedecidas, vengo a renunciar al cargo que desempeño y a suplicar atentamente me sea aceptada la renuncia que formulo y una vez admitida se dé cuenta con ella para su aprobación al Senado …”
Sin duda, el texto de Vázquez del Mercado expresa su talante personal y la consideración hacia su cargo y de su sentido en la República.
La dignidad de los seres humanos, dignifica el cargo
En el caso de la Corte, su delicada función como garante de los derechos (y de ello su legitimidad contra mayoritaria), de la división de poderes (frenos y contrapesos), del federalismo y del control de la regularidad constitucional del orden jurídico, requiere de condiciones de desempeño tales como la objetividad, la imparcialidad, independencia, la confianza, la seguridad jurídica, que legitiman la impartición de justicia. La reputación y prestigio institucional se construyen.
De mayor relevancia que en el Ejecutivo y el Legislativo, el mérito, prestigio y solidez de quienes ocupen el cargo de ministros se imbrica con las garantías institucionales del Poder Judicial y de la función de la justicia. Para esto, cómo se designan y retiran los ministros, cuenta.
Cómo se designó y cómo se retira el ministro Medina es o debería ser útil para el aprendizaje, la constante fue el cuestionamiento (entonces, escribí esto sobre la designación). En los procesos institucionales los comportamientos personales cuentan, pero también los órganos que participan en el retiro y quienes hacen las nuevas designaciones. Se gana más en la construcción de instituciones si las “causas graves” se transparentan que si se ocultan. Los efectos cortoplacistas terminan por erosionar la credibilidad de quienes se quedan en ellas y se convierten en cómplices si ahí se agota el impulso.
No ayuda tampoco la mezcla de posibles “razones”. Si a la vez altos funcionarios de la administración divulgan lo mismo “lavado de dinero”, que sus votos por “posibilitar la suspensión para bloquear cuentas”. Pues independientemente de que estemos o no de acuerdo con los criterios de los tribunales, se está en un terreno que debe ser dirimido bajo las reglas de la argumentación jurídica y no de la acusación. Cuando se desliza esta causa como razón para una acusación, se involucra no solamente a Medina sino a quienes, como sus pares en la Sala, unánimemente compartieron o comparten el criterio y a los juzgadores quienes deben atender no necesariamente por “cercanía” con un ministro sino por ser obligatorias (aquí puede consultarse la jurisprudencia.
Las palabras y el contexto en el que son dichas, importa
Luego de eso vendrá la designación de un nuevo ministro y, consecuentemente, la presencia de la política “constructivista” del Ejecutivo respecto de la Corte. Al requerirse mayoría calificada, la minoría tiene un veto que posibilitaría mayor margen de negociación, pero, en caso extremo si esto no se diera, el Ejecutivo podría designarlo.
Se está ante una cuestión de política y por tanto de poder, eso es indiscutible. Pero en la democracia y para la legitimidad, eso no es suficiente. Si la designación se consuma como una manifestación de la dominación, el poder se deslegitima. Si lo es de hegemonía, la clave está en los cómos.
El poder en la democracia deriva de las elecciones periódicas, de sus resultados, de la garantía de los derechos, de la pluralidad, la no discriminación, los derechos de las minorías. La Corte es su instancia de garantía y a la vez de la legitimidad de un poder que es capaz de racionalizarse, de convertirse en argumentación que construye y de auto restricción.
La capacidad de auto restricción corresponde a la alta política y a la altura de miras. Para explicarla vale recurrir –como lo ha hecho Elster– a la metáfora de Ulises y las Sirenas. La mitología griega narra el paso de Ulises por el lugar de las sirenas quienes con su canto embelesaban a sus marinos imposibilitándolos para continuar su viaje. Ulises, teniendo claro regresar a Ithaca con Penélope, pero a la vez deseando escucharlas, les ordenó a sus marinos atarlo al mástil y taparse con cera los oídos y no desatarlo a pesar de sus posibles órdenes de hacerlo.
La historia ilustra la claridad que puede tenerse de un bien mayor que requiere la auto restricción en lo inmediato para lograr aquel.
En tal expectativa está también el reto de perfilar y proponer a quien tenga la capacidad de construir algo todavía ausente: el pensamiento constitucional de la 4T.