Cada 21 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. El origen de esta efeméride se encuentra en el terrible hecho sucedido en tal fecha de 1960, cuando la policía sudafricana asesinó a 69 personas que se manifestaban de manera pacífica en contra del apartheid en la localidad de Sharpeville. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el Día en 1966, por medio de la resolución 2142 (XXI), con la que se hizo un llamado a los países miembros para eliminar prejuicios y creencias erróneas tales como la superioridad racial, a fin de abonar a la lucha contra la discriminación.
En el plano internacional, se ha desarrollado un sólido y amplio andamiaje normativo que cobija los afanes de la comunidad mundial por dar la lucha en contra de la discriminación. Un instrumento destacado en este contexto es la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, en la cual se establece que ésta debe ser entendida como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en cualquier ámbito de la vida pública.
En el mundo, lamentablemente el racismo es un problema que sigue vigente, con una profusión de ideologías que discriminan a partir de una errada consideración de superioridad en función del origen étnico; con la proliferación de discursos de odio hacia la diferencia e, incluso, con actos de violencia terrorista basada en nociones racistas.
En México hay fuertes resabios de una configuración social que históricamente estableció relaciones de subordinación y de poder entre distintos grupos poblacionales, cuestión que se ha reproducido hasta nuestros días. En el ámbito normativo e institucional hay avances importantes, como el reconocimiento a nivel constitucional de los pueblos y las comunidades afromexicanas; la instauración del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en 2018; y el diseño e implementación del Programa Nacional de los Pueblos Indígenas 2018-2024; sin embargo, la realidad refleja que hay mucho por hacer para eliminar la discriminación.
Al momento de escribir estas líneas, los datos más recientes sobre el tema en México corresponden a la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017, instrumento diseñado por el INEGI y en cuyos resultados se establece que más del 20% de la población de 18 años y más declaró haber sido discriminada; mientras que, de la población indígena de 12 y más años, el 24% manifestó haber experimentado al menos una situación de discriminación. De ese mismo grupo poblacional, el 75.6% consideró que las personas indígenas son poco valoradas por la mayoría de la gente.
En el día a día, es posible advertir casos de discriminación racial cuando se recurre a frases como “trabajar como negro”, “mejorar la raza” o “no tiene la culpa el indio”. Pero también cuando se le prohíbe a una persona indígena el acceso a un restaurante o centro de diversión; o en la diferencia de posibilidades de contratación en una vacante de acuerdo con la apariencia física.
Así, la discriminación tiene implicaciones significativas en el bienestar de las personas. Según los resultados de un análisis de diferentes fuentes de información realizado por el equipo interdisciplinario del Proyecto sobre Discriminación Étnico-Racial, con sede en el Colegio de México, las personas con tonos más claros de piel, tienen mayor facilidad para subir socialmente si nacen en pobreza que las personas con tono de piel más oscuro. Otro dato significativo es que son mayores las probabilidades de que las personas de tez más clara se mantengan en estratos de mayor riqueza, si se criaron en ese nivel, que las personas de tonalidad más oscura; asimismo, para éstas últimas la persistencia de las condiciones de pobreza es más alta.
En México, son aspectos comunes en la agenda y en el discurso de los distintos actores políticos el combate a la desigualdad; la reducción de la impunidad y la violencia criminal; así como la erradicación de la pobreza; para lograr tales metas, es necesario ponderar cómo las condiciones estructurales de discriminación actúan a favor de tales dinámicas sociales, con la finalidad de diseñar medidas efectivas para su atención.
Combatir cualquier expresión del fenómeno racista es parte del compromiso ineludible del Estado por garantizar a todas las personas el goce y ejercicio de los derechos fundamentales, así como de preservar la dignidad humana sin distingos.
Es necesario que, desde todos los espacios institucionales y con el concurso de todos los miembros de la sociedad, se propicien cambios culturales profundos, que lleven a reconocer a México como un país privilegiado por su diversidad y riqueza multicultural. Se deben superar los estereotipos y prejuicios, así como las valoraciones negativas que se encuentran arraigadas en el imaginario colectivo nacional, para alcanzar el ideal de una sociedad plena, justa y de iguales oportunidades para todos sus miembros.