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Prohibido disentir

La embestida contra las y los diputados que votaron en contra de la Reforma Eléctrica está rebasando todo límite. | Agustín Castilla

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Escrito en OPINIÓN el

Es difícil saber si el presidente López Obrador realmente creía que iba a lograr los 53 votos que le hacían falta para la aprobación de su iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica a pesar de la posición manifiesta de los grupos parlamentarios de oposición, o a sabiendas de que no iba a prosperar, decidió aprovechar la coyuntura para exacerbar su estrategia de polarización que ciertamente le ha funcionado en términos de popularidad y también le ha permitido desviar la atención de los graves problemas que enfrenta el país ante la falta de resultados, pero que le está causando un gran daño al país al alimentar el discurso de odio que atenta contra la libertad de expresión, la pluralidad y dinamita cualquier posibilidad de diálogo con las distintas fuerzas políticas y sectores de nuestra sociedad.

Prácticamente nadie que haya disentido públicamente de la postura presidencial ha escapado a las críticas y descalificaciones de López Obrador (órganos autónomos, dirigentes de oposición, periodistas, jueces, empresarios, académicos, activistas, organizaciones, artistas etc.) que de inmediato son secundadas por el oficialismo ya sea desde el gobierno, el partido, sus operadores en redes sociales y columnistas afines. Pero la embestida contra las y los diputados que votaron en contra de reforma eléctrica está rebasando todo límite -al igual que en el caso de las y los consejeros del INE que fueron denunciados ante la FGR por el impresentable presidente de la Cámara de Diputados- y nos coloca, como apuntó José Woldenberg, “al borde del precipicio autoritario”.

Exhibir, estigmatizar a cualquier persona por el sólo hecho de pensar distinto es en sí mismo sumamente delicado, pero acusar de traición a la patria y pretender que se persiga penalmente a 223 representantes populares por un delito que se castiga hasta con 40 años de cárcel por el sentido de su voto parece rayar en lo absurdo, particularmente porque conforme al artículo 61 constitucional, las y los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que emitan en el desempeño de sus cargos y “jamás podrán ser reconvenidos por ellas”, lo que por lógica elemental debe entenderse también a la emisión de sus votos.

Sin embargo, a estas alturas y con las ominosas señales que han mandado en diversas ocasiones no se puede descartar ningún escenario, incluso que se trate de un intento para eliminar a la oposición de una de las cámaras del Congreso, ya que un proceso penal podría derivar en la separación del cargo mediante juicio de procedencia. Como advierte Moisés Naím en su más reciente libro “los populistas son propensos a trasladar el enfrentamiento con sus rivales políticos del terreno electoral a los tribunales, donde suelen tener jueces amigos dispuestos a encerrar a miembros de la oposición irritantes o demasiado populares. Entre las excusas más frecuentes para encarcelar a los opositores están la corrupción, la sedición, la traición, el terrorismo o las conspiraciones para derrocar al gobierno”.

A todo esto, resulta paradójico que entre los principales instigadores de la campaña de linchamiento se encuentre Ignacio Mier Velazco, priista por décadas y quien en 1998 votó a favor de la legalización del Fobaproa -además de que en la pasada legislatura trató de defender a su compañero Benjamín Saúl Huerta, acusado de abuso sexual infantil-, por lo que desde la óptica oficialista debería estar también en el paredón de fusilamiento “pacífico”, al igual que Manuel Bartlett a quien, como secretario de Gobernación se le cayó el sistema en las cuestionadas elecciones presidenciales de 1988. O que decir del ex colaborador cercano de Luis Echeverría y director de CONASUPO en el sexenio de Salinas de Gortari, Ignacio Ovalle, quien hasta hace unos días estuvo al frente de la empresa estatal responsable de la seguridad alimentaria y nutrición de la población más vulnerable a la que se le detectaron irregularidades por alrededor de 10 mil millones de pesos a partir de una serie de investigaciones de la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y, aunque parezca increíble, únicamente se le cambió de puesto. Se pueden citar muchos ejemplos de personajes con turbios antecedentes a los que todo se les perdona a cambio de su incondicionalidad con López Obrador y su proyecto -habrá que ver si mantienen esa supuesta lealtad en el futuro, pues parecen pasar por alto que ésta es con el poder en tanto les garantice impunidad y la posibilidad de seguir beneficiándose política y económicamente-, pero son implacables con todo aquel que no coincida con la visión presidencial y se atreva a ejercer su derecho a disentir.