En la cuenta de Twitter de @repartidorr se reportan casi todos los días atropellamientos a ciclistas y repartidores por automovilistas que ponen en peligro su trabajo y sus vidas. ¿A quiénes se debe atribuir la responsabilidad de estos percances? ¿Cuáles son las causas de que éstos no cesen? ¿Se trata más bien de la imprudencia de los ciclistas? ¿O se debe a la impertinencia de los automovilistas hacia usuarios de transportes no motorizados? ¿Se pueden fincar responsabilidades individuales? Si y no. No hay respuestas sencillas. Cada caso es particular, pero sí se pueden señalar algunos patrones.
Para empezar, hay que señalar dos situaciones que marcan las deficiencias en la regulación de la movilidad en la ciudad. Por un lado, el Reglamento de tránsito indica que todos tenemos derecho a la movilidad en condiciones de seguridad e igualdad, sin embargo, cada medio de transporte que circula por las calles de la capital tiene condiciones materiales particulares que no siempre los hacen compatibles. La velocidad y fuerza que alcanza un automóvil son mucho mayores que las que puede alcanzar un ciclista. Y estas variables son directamente proporcionales al daño que pueden causar al impactar con otro usuario de la calle. Debido a esta desigualdad el reglamento finca la responsabilidad en aquellos que pueden hacer más daño, esto es, en los automovilistas. Por ello, según el reglamento “Todos los usuarios de la vía […] en especial los conductores de todo tipo de vehículos motorizados deben responsabilizarse del riesgo que implican para los demás usuarios de la vía”. Sin embargo, en muchos de los accidentes, los automovilistas no se hacen responsables por sus acciones y, por el contrario, huyen para evitar el castigo, es por ello por lo que los castigos se han recrudecido tanto en el Reglamento de Tránsito como en la Ley de Movilidad. Pero estas acciones punitivistas avanzan poco en la creación de condiciones materiales que disminuyan el riesgo que implica la circulación conjunta de transportes motorizados y no motorizados en las calles.
Esto nos lleva a la segunda situación que quiero señalar: la contradicción existente entre el reglamento vigente que prioriza en la circulación a peatones y ciclistas, y la configuración material de la ciudad, en la que prima la infraestructura vial destinada a los transportes motorizados. Según el Reglamento de tránsito vigente, cualquier usuario de la calle tiene el derecho a usarla, pero existe una jerarquía de prioridad para “la utilización del espacio vial” de las calles. El orden, de mayor a menor prioridad es como sigue: “Peatones, en especial personas con movilidad limitada; ciclistas; prestadores y usuarios del transporte público; prestadores del servicio de transporte de carga y distribución; usuarios de transporte particular automotor y motociclistas”.
Sin embargo, lo que dicen los reglamentos son aspiraciones ideales, pero en la práctica efectiva pocas veces se siguen al pie de la letra. En la circulación cotidiana sus artículos se están quebrantando a cada momento. La mayoría de los usuarios de la calle desobedecemos el reglamento en algún momento, con diversos niveles de gravedad. Hay ciclistas y peatones imprudentes, pero también hay una infinidad de automovilistas, conductores de Metrobús, de taxistas, poco precavidos. La regulación siempre tiene alcances limitados y nunca es cien por ciento efectiva. Además, aunque el reglamento pone en último lugar a los automóviles en la jerarquía de prioridad de uso del espacio vial, la ciudad y sus calles están diseñadas para la circulación motorizada.
Hay pocos automovilistas que asumen esta responsabilidad. Por el contrario, la mayoría adoptan una posición de poder sobre los otros medios de transporte, porque la configuración material de la ciudad los invita a hacerlo. Las necesidades materiales de los automóviles se imponen a las de otras formas de transporte y definen los ritmos y velocidades de la circulación en las calles. Restringen el espacio al transporte público, limitan la creación de ciclovías y confinan a las aceras a los peatones. El ordenamiento de la ciudad beneficia a los automovilistas, quienes utilizan los vehículos más rápidos, pesados y potencialmente peligrosos. Y sabemos lo complicado que puede ser para los privilegiados reconocer sus privilegios sin indignarse
Volviendo a la pregunta inicial, debido a las condiciones materiales de los automóviles, por el peso y velocidad que movilizan, son los automovilistas quienes tienen mayor grado de responsabilidad. Pero hay algo más, hay una ciudad, un sistema de movilidad, hecho para sus necesidades. Entonces ¿qué hacemos para reducir los accidentes? ¿Cuáles son las soluciones posibles? No hay respuestas sencillas ni acciones suficientes. Hay que crear más ciclovías, construir más calles completas, desincentivar el uso del automóvil privado, promover el uso del transporte público y de la bicicleta. Pero seamos realistas, no es posible eliminar al transporte motorizado pues la escala metropolitana y la concentración del trabajo, la cultura y la educación superior en ciertos espacios de la ciudad, han creado distancias enormes. Los automovilistas deberían reconocer su lugar privilegiado y comenzar a viajar de otra manera, con el objetivo de reconocer la experiencia de los ciclistas o los peatones. El reconocimiento de la vulnerabilidad del otro es un inicio. Súbanse a una bici y salgan a andar por las calles. Si no es posible hacerlo para ir al trabajo, al menos que sea para pasear, para reconocer qué es andar en bicicleta por una ciudad hostil a este tipo de viajes y comenzar a sensibilizarse y solidarizarse con peatones, ciclistas y repartidores.
*Diego Antonio Franco de los Reyes
Doctorando en Historia Moderna y Contemporánea
Instituto Mora