Estamos a unos días de que se lleve a cabo la polémica consulta impulsada por el presidente electo sobre el nuevo aeropuerto internacional (NAIM) y cada vez surgen más cuestionamientos sobre su legalidad, pertinencia, metodología, organización, y posibles consecuencias. Quizá lo único que no está en duda es la imparcialidad de los organizadores pues su inclinación hacia la base aérea de Santa Lucía es tan evidente, que López Obrador ha tenido que hacer un llamado a la mesura.
NAIM
Está claro que la consulta convocada por el equipo de transición, y que aparentemente se va a financiar con aportaciones voluntarias, no se ajusta a lo establecido en el artículo 35 constitucional ni en la ley federal de la materia por lo que no cuenta con sustento legal.
Tampoco quedan claros los criterios que se utilizaron para determinar los 538 municipios en los que se instalarán las mil 78 mesas receptoras, quiénes formularon la pregunta, dónde se imprimirán las boletas, cuáles son sus medidas de seguridad, quiénes contarán los votos así como si se va a realizar en paralelo una encuesta -como se había anunciado- y, en su caso, qué valor tendría.
Por otro lado, la información que se presenta al reverso de la boleta respecto a los aspectos positivos y negativos de cada una de las alternativas es demasiado genérica, sobre todo en lo que se refiere a la opción de continuar con el proyecto de Texcoco, pues por ejemplo, no se menciona el costo económico que representaría su cancelación -y que ronda los 100 mil millones de pesos- además del efecto negativo en la confianza de los inversionistas. De hecho, la incertidumbre que se ha generado a partir del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, provocó que la Bolsa Mexicana de Valores registrara la mayor salida de capital extranjero en los últimos años.
Esta no es una decisión que se pueda tomar a la ligera por todo lo que involucra, y difícilmente contaremos con elementos suficientes para emitir una opinión objetiva ya que aunado a los posibles costos, al impacto ambiental o incluso a la corrupción que se alega -no se ha demostrado y en todo caso se debería subsanar realizando auditorías e imponiendo sanciones-, habría que evaluar la factibilidad técnica tanto de Texcoco como de la propuesta alterna de Santa Lucía que es en principio la que enfrenta mayores reservas.
Consulta pública
En este sentido, tampoco se menciona que organismos internacionales, asociaciones de ingenieros, pilotos, controladores aéreos han manifestado que Texcoco es la mejor opción, mientras que por la segunda sólo se han pronunciado los defensores de Atenco y el constructor Rioboó.
Siempre he estado a favor de la democracia participativa pero considero que hay decisiones que un gobierno no puede compartir -aunque sí debe dar cuenta de ellas-. No es fortuito que en prácticamente todos los casos donde las consultas populares se encuentran reguladas, encuentren su límite en materias como la electoral, la restricción de derechos humanos, seguridad nacional o ingresos y gastos del Estado.
No obstante, y a pesar de la complejidad del tema, AMLO ha insistido en que es preferible que la decisión sea tomada por el pueblo, aunque se registre poca participación, y no por una sola persona, con lo que pareciera que pretende eludir y trasladar “a la gente” una responsabilidad que le toca y debiera asumir pues de eso se trata hacer gobierno.
Tren Maya
Ahora bien, siguiendo su mismo razonamiento entra en franca contradicción al declarar que el proyecto del tren maya “va, porque va”. Es decir, en ese caso no importan los estudios técnicos, ambientales o de viabilidad financiera -que apenas se están realizando pero se presume que puede costar alrededor de 130 mil millones de pesos- y mucho menos la opinión del pueblo. No se entiende la diferencia de criterios, si esa será la premisa del próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador ¿porque no nos consultan sobre el tren maya?