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¿Por qué legislar sobre violencia en el noviazgo?

Que se planteen en consecuencia una o más políticas públicas para prevenir, atender y erradicar estas violencias desde la acción gubernamental. No menos que eso

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Escrito en OPINIÓN el

En las relaciones de noviazgo que establecen jóvenes entre los 15 y 24 años se engloban expresiones de violencia, de diversos tipos y grados, según datos de la Encuesta Nacional de Violencias en las Relaciones de Noviazgo (Envinov, 2016) del Instituto Mexicano de la Juventud.

Los datos:

·  61.4% de mujeres en México han sufrido violencia durante el noviazgo.

·  66% de las mujeres en México que dijeron haber sufrido violencia en el noviazgo, declararon que sus parejas las habían tratado de forzar a tener relaciones sexuales.

·  39% de mujeres en Guanajuato de 15 años y más, han sufrido algún incidente de violencia a lo largo de la relación con su pareja.

·  36.1% de mujeres en Guanajuato vivieron algún incidente de violencia emocional en su última relación de pareja.

·  20.9% de mujeres en Guanajuato han sufrido algún incidente de violencia económica en su última relación de pareja.

Frente a esta realidad ¿es necesario reconocer en las leyes de Guanajuato que existe la violencia en el noviazgo para prevenirla, atenderla y eventualmente erradicarla?

¡Sí! ¡Y ya lo logramos! El primer paso está dado.

La idea rondaba el Congreso del Estado de Guanajuato desde la legislatura pasada. Una iniciativa fechada el 10 de diciembre de 2020 proponía el reconocimiento de la violencia en el noviazgo en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Sin embargo, al analizarse la propuesta en el Pleno del Congreso el pasado 25 de noviembre de 2021, ese dictamen no fue favorable y se desechó con 20 votos a favor y 11 votos en contra. Todos los votos en contra fueron de las y los diputados de oposición que comentábamos, desde nuestros lugares y con nuestros equipos, lo desafortunado que resultaba no reconocer lo que a los ojos ciudadanos parece lo obvio.

Y justo ahí, entre las butacas del Congreso, tres Diputadas iniciamos el trabajo de retomar cada uno de los argumentos elaborados que escuchamos en forma de “no”, para convertirlos en un “sí”.

Las diputadas Yulma Rocha, Martha Ortega y yo, presentamos juntas una nueva iniciativa que nos permitiera que el noviazgo fuera reconocido como un ámbito en donde -lamentablemente-, ocurre y se recrea una forma de violencia que, si se deja pasar, incluso podría escalar.

Para buena fortuna de estas tres diputadas que ahora nos hemos llamado #BancadaFeminista, esta iniciativa se convirtió en nuestro primer logro juntas al obtener esta semana un dictamen positivo y una votación unánime para que ahora la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, reconozca al noviazgo como un ámbito en el que las mujeres sufren violencias de tipo psicológico, físico o sexual; y lo peor, violencia feminicida.

Es necesario aclarar que no se trata de una reforma penal ni punitivita en sí misma, y que -de hecho- en el Código Penal para el Estado de Guanajuato dentro de los elementos por los que se investiga un probable feminicidio, se encuentra ya contemplado como un supuesto de análisis que la víctima hay tenido una relación íntima, de convivencia, de confianza, de noviazgo o parentesco, matrimonio o concubinato u otra relación análoga con su agresor.

Esas consecuencias indeseables, son precisamente la razón principal por la que, al igual que las violencias que sufren las mujeres en el ámbito familiar y son atendidas desde los ámbitos gubernamentales con políticas públicas para prevenir, atender y erradicar, las violencias que sufren las mujeres en el noviazgo deben tener una atención equivalente al reconocerse como un ámbito en el que ocurre.

¿Qué sigue entonces? Que se planteen en consecuencia, y de manera seria, una o más políticas públicas para prevenir, atender y erradicar estas violencias desde la acción gubernamental. No menos que eso merece la reforma. Porque no podemos esperar a un fatal desenlace de un episodio de violencia para darnos cuenta de que ahí ha estado presente todo el tiempo.

Sobre el proceso legislativo, aclaro que cuando agradezco a la buena fortuna en la aprobación de la reforma, no quiero minimizar el resultado ni relativizar el esfuerzo. Pero sí quiero destacar que un planteamiento claro, previamente discutido, abordado desde su complejidad con apoyo de los argumentos de especialistas que enviaron sus opiniones en los procesos legislativos de las iniciativas pasadas, dio por resultado que en la Comisión de Igualdad se procesara completa la iniciativa en tiempo récord: de su presentación el 9 de diciembre de 2021 a su aprobación el 24 de marzo de 2022.

Y esto, desde luego, significa también que la voluntad política importa y mucho: para procesar una iniciativa, para impulsarla, para dictaminarla y votarla.

Otras 287 iniciativas y 97 puntos de acuerdo están pendientes de dictamen en el Congreso, algunas desde la Legislatura del periodo 2015-2018, dependiendo de la Comisión de que se trate.

Si, como en este caso, la reforma es necesaria y a favor de las y los guanajuatenses, bien podríamos sumarle desde un análisis serio y responsable de las áreas técnicas del Poder Legislativo y desde la voluntad de cada fuerza política representada.

Bien podríamos entender, que debemos atender con igual disposición otros temas relacionados con los derechos de otras poblaciones en riesgo de vulnerabilidad -aún si no es nuestra posición política o ideológica más cómoda- porque justo ahí está el cumplimiento de nuestra obligación.

El Congreso de Guanajuato se encuentra en este momento en la inmejorable oportunidad de tomar acciones para abatir el rezago legislativo que acarrea, para plantearse reformas a su régimen interno que permitan la eficiencia de sus procesos y para discutir las iniciativas que proponemos en esta misma Legislatura.

No podemos dejar pasar más tiempo para reconocer en ley y atender lo que la realidad demanda y lo que muchos estudios y estadísticas de diversas problemáticas que nos aquejan ya revelan.

Es obvio y urgente garantizar todos los derechos para todas las personas construyendo política pública basada en evidencia. La atención de la violencia en el noviazgo es solo un tema de esos -muchos- pendientes.