El miércoles pasado, la diputada por Morena, Carmen Patricia Armendáriz Guerra, tuiteó a las 0:59 horas: “Pues pedí a papás, mamás, enfermer@s que me dieran evidencia de desabasto de medicamentos principalmente de nuestros queridos niños y no me dieron ni una sola evidencia”.
Su temeraria afirmación merece algunas reflexiones:
1.- Ante el reclamo de los gobernados por el desabasto de medicamentos, habilidosamente les trasladó la responsabilidad de la carga de la prueba, en lugar de investigar por su cuenta a las instituciones del sector salud y, de paso, las verdaderas motivaciones del presidente de la República, por haber sido éste quien violentó el principio de legalidad jurídica, al encargar en 2019 a la entonces jefa de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, Raquel Buenrostro, la compleja labor de adquirir medicamentos e insumos médicos, cuando tal responsabilidad corresponde a la Secretaría de Salud como cabeza de sector, a las oficialías mayores y a las direcciones de Finanzas de las dependencias del Ejecutivo, que tienen atribuciones en el asunto.
Al parecer, la actuaria chiapaneca espera que las personas afectadas le presenten coloridos oficios firmados por las autoridades de la Secretaría de Salud, del IMSS o del ISSSTE, en los que dichas instituciones reconozcan e informen a los pacientes sobre la inexistencia de tal o cual medicamento.
Es probable que la legisladora y empresaria ignore que la fracción VIII del artículo sexto del reglamento de la Cámara de Diputados, le confiere el derecho a “solicitar cualquier información a los Poderes de la Unión o a cualquier otra instancia federal”, a fin de allegarse de datos duros de primera mano, respecto del problema.
¿Cuántas quejas por desabasto de medicamentos habrá en los órganos internos de control (OIC) de todas las dependencias responsables de la salud, incluyendo a Petróleos Mexicanos, a la Secretaría de Marina y a la Secretaría de la Defensa Nacional? Bien podría la diputada chiapaneca exigirle un informe detallado a Roberto Salcedo Aquino, titular de la Secretaría de la Función Pública y jefe de los OIC, en lugar de pedirle a los pacientes —a través de redes sociales— que le exhiban pruebas del desabasto.
El Instituto Nacional de Transparencia posee estadísticas relacionadas con la cantidad de solicitudes de información, que los usuarios han formulado a las instituciones del sector Salud. Y ya entrados en gastos, bien podría pedirle a la comisionada presidenta, Blanca Lilia Ibarra, un análisis cualitativo de las respuestas de los sujetos obligados, para que conozca el tamaño de la problemática que enfrenta el país en relación a su desabasto, desde que comenzó la actual administración federal y, de paso, el grado de opacidad con el que se conducen.
No debería olvidar la legisladora, que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha ocultado los contratos de adquisición de vacunas contra la covid-19, lo que representa uno de los mayores actos de opacidad de la actual administración.
Patricia Armendáriz también parece ignorar que esa simpática institución denominada Auditoría Superior de la Federación —órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados— tiene la atribución de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales y, por tanto, algo ha de saber sobre el tema del desabasto de medicinas, a pesar de que la imagen de su titular, David Colmenares Páramo, anda por los suelos.
Primero, por encubrir el faltante de más de 500 millones de pesos del gobierno de Manuel Velasco Coello —paisano de la diputada—; luego, por haber reculado respecto del cálculo del costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco —estimado originalmente en 331 mil 996 millones de pesos— y después, por haber gastado casi tres millones de pesos de dinero público, en la remodelación de su excusado, según investigación de los periodistas de Animal Político, Nayeli Roldán y Arturo Daen.
2.- Patricia Armendáriz no es consciente que su argumento revictimiza a los pacientes y, en especial, a la niñez que padece cáncer, pues lejos de demostrar empatía y solidaridad y de esforzarse por comprender y acatar el principio constitucional relativo al interés superior de la niñez, duda públicamente de la veracidad de sus dichos.
En lugar de indagar por sus medios —como correspondería a su papel de representante popular— actúa como publirrelacionista de un régimen perverso, cuyo titular ha asumido que la mortal pandemia “le cayó como anillo al dedo”.
3.- Al pretender que los pacientes le envíen —a través de redes sociales— pruebas relacionadas con el desabasto de medicamentos, se asume como gestora de un reducido número de casos —que le resulten efectistas— para posicionarse a sí misma ante la opinión pública como la principal interesada en la salud de la niñez.
4.- Patricia Armendáriz —ex asistente de Pedro Aspe durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari— pretende convertirse en gestora de los casos que la ciudadanía le ha presentado a través de redes sociales, mediante el envío de bonitos tuits al Instituto Mexicano del Seguro Social, en los que —por cierto— exhibe los datos personales de los pacientes, lo que de suyo resulta violatorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
En su afán por “tuitear TODAS las respuestas de los usuarios de medicinas”, difunde generalizaciones artificiales que resaltan el “esfuerzo” del gobierno federal en el combate al robo de medicamentos. Más útil sería para todos, que la diputada indagara en la Fiscalía General de la República, cuántas denuncias por robo de medicinas se han presentado. También podría investigar cuántas actas circunstanciadas se han levantado en las instituciones del sector Salud por el supuesto robo de medicinas.
No debería olvidar la legisladora comiteca, que se debe a quienes representa y no al presidente de la República, quien es el principal responsable de la criminal política de desabasto que inició con la “transformación” de cuarta.