En el contexto de la amplia convocatoria para asistir a la marcha feminista del día de hoy 8 de marzo y del paro de labores femenino del día de mañana, se han escuchado en redes sociales algunas voces masculinas –increíblemente provenientes de representantes de la izquierda académica mexicana– sugiriendo que a las mujeres no deberían de mandarnos a un paro de labores. Además, se afirma que el paro es cómplice con el patriarcado y que muchos grupos de la derecha mexicana utilizarán tanto la marcha como el paro a favor de sus intereses y en contra del Presidente de la República. Por otro lado, también han habido comentarios en relación a que si las mujeres nos quedamos en casa, tendremos el inevitable impulso por lavar los platos y realizar otras labores domésticas.
Las ideas detrás de dichas afirmaciones son no sólo ofensivas sino, además, falsas. La propia sugerencia de que a las mujeres “nos mandan” como manera de desacreditar el paro de labores, es reivindicar una posición machista que supone que las mujeres somos incapaces de tomar la iniciativa de organizarnos a favor de nuestros intereses y para exigir el cese de los múltiples feminicidios que se han suscitado durante años en nuestro país. Desde esta lógica, alguien más -un hombre o grupo de hombres, obviamente- debe de estar detrás de una organización tan multitudinaria. Simplemente es imposible pensar que se trata de mujeres que están hartas de la violencia de género, de la inequidad sistemática y de la falta de políticas públicas eficaces para solucionar el profundo estado de desprotección en el que se encuentran nuestros derechos. Las mujeres, con mucha probabilidad, desconocemos cuáles son nuestros intereses y, aun conociéndolos, no podríamos organizarnos solas para exigir su protección o justicia. Según este punto de vista, las mujeres siempre hemos sido meros instrumentos: de placer masculino –a través del consumo de pornografía, por ejemplo-, de la naturaleza para garantizar la reproducción –sólo nosotras podemos embarazarnos- y de la derecha o del patriarcado, quienes quieren conseguir sus fines a costa nuestra.
Curiosamente, la misma idea estuvo presente en los argumentos que se ofrecieron durante principios del siglo XX cuando se discutía si era o no conveniente permitirnos votar. Muchos hombres –ilustrados y liberales por supuesto– argumentaban que a las mujeres no se nos debería de permitir ejercer el voto universal debido a que éramos proclives a ser manipuladas por los sacerdotes para ejercer nuestro voto en un sentido u otro. Otra vez, las mujeres no conocemos nuestros intereses y la política es una actividad ajena a nosotras.
Lo que es increíble es que a un siglo de distancia, sean los mismos prejuicios – en ocasiones, disfrazados de argumentos- los que se presentan tanto para negar el ejercicio de nuestros derechos como para desacreditar la participación política femenina. En este caso, puede ser verdad que existan grupos de la derecha oportunista que no quieran dejar pasar la oportunidad dorada de subirse en una manifestación de descontento tan amplia –quizá piensen que es irracional perderla, aunque nunca antes se hayan preocupado por la agenda de mujeres: a favor de la interrupción del embarazo, a favor de la paridad en los salarios, a favor del matrimonio igualitario, entre otras-.
Sin embargo, y hay que decirlo enfáticamente, la existencia de grupos oportunistas no neutraliza, en ninguna medida, el hecho de que la convocatoria sea producto de la agencia femenina con la que se exige realizar una profunda reforma al sistema de impartición de justicia, un cese a las prácticas de desigualdad sistémica y, por supuesto, protocolos conducentes a proteger la vida, la dignidad y nuestros derechos humanos. Es, por tanto, una invitación a todos los niveles de gobierno para que se sumen a la solución de este grave problema que concierne a todas y a todos. No es una marcha en contra de ninguna autoridad y, menos aun, pensada para desacreditar al Presidente de la República, como bien señaló Carmen Aristegui en su programa radiofónico.
En segundo lugar, está también presente la idea esencialista de que las mujeres irremediablemente tendemos a lo doméstico. Aunque tengamos otras ocupaciones y trabajos remunerados, existe un poderoso prejuicio de que siempre antepondremos las labores “propias de nuestro género”, entre ellas, lavar los platos. Esta idea es falsa porque, como lo muestra el trabajo académico de las feministas, dicho impulso por lo doméstico que se nos atribuye, lejos de ser parte de nuestra naturaleza, es una construcción social. Ello significa que son los significados y las prácticas sociales, muy presentes en el imaginario colectivo de los y las mexicanas, los que han llevado a asociarnos con una inclinación “natural” por realizar actividades domésticas. Lo mismo sucede cuando escuchamos mencionar al “instinto materno” para explicar por qué las mujeres que se niegan a tener hijos o quienes buscan interrumpir su embarazo, actúan en contra de su “naturaleza”.
Son estos prejuicios los que hacen tanto daño a las mujeres al negar la posibilidad de que nuestra “naturaleza” nos haya hecho aptas para otras muchas actividades – profesionales, artísticas, recreativas- que nos alejen de lo doméstico. Y son, precisamente, los que debemos de empezar a cambiar si queremos combatir la violencia estructural de género practicada por hombres que no entienden -o no quieren aceptar- que sus parejas, madres, amigas o colegas realicen una actividad profesional y tengan ingresos propios.
Finalmente, hay que decir que estos prejuicios también alimentan el estado de desprotección de nuestros derechos y, en dicha medida, constituyen un serio problema de injusticia social.
Con la violación sistemática de nuestros derechos fundamentales –por ejemplo, nuestro derecho a la integridad corporal, nuestros derechos reproductivos, nuestro derecho a vivir en un ambiente libre de violencia– incentivada por la idea de que nuestro lugar “natural” está en el ámbito doméstico y no en la política, en la academia, en los medios de comunicación, entre otros, se promueve la idea de que las mujeres “nos buscamos” o “merecemos” haber sido víctimas de los delitos de feminicidio, de violaciones sexuales o de acoso. Estos injustos supuestos tienen la consecuencia de revictimizar a las mujeres, por un lado, y llevan a que existan sesgos importantes en la impartición de justicia, por el otro.
Por tanto, es urgente cambiarlos para que las mujeres tengamos garantizados tanto el ejercicio de nuestros derechos como el estatus de igualdad ciudadana frente a los hombres. Ambas garantías son necesarias para vivir con las mínimas condiciones de justicia social.
*Itzel Mayans Hermida es investigadora en teoría política contemporánea en el Instituto Mora. Doctora en filosofía política por la UNAM.