El primer caso de covid-19 en México fue detectado el 27 de febrero de 2020. Para el 30 de noviembre de ese año —fecha en que se publicó el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2021— habían fallecido, oficialmente, 105 mil 940 personas y se habían contabilizado un millón 113 mil 543 contagiadas, cifra que equivale al 69 por ciento de la población del estado de Zacatecas.
Sin embargo, ni el presidente de la República, ni los diputados federales plantearon la necesidad de etiquetar recursos en el PEF para la atención prioritaria de la pandemia y sus efectos en los ámbitos de la salud y la economía, a pesar de que, para entonces, el virus tenía presencia en 92.5 por ciento de los municipios del país.
El SARS-CoV-2 ya había exhibido su músculo y también su capacidad para afectar la economía planetaria. La Organización Mundial de la Salud mostraba preocupación por el surgimiento de variantes del virus en Dinamarca, Sudáfrica y el Reino Unido.
Un ejemplo dramático
Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), a finales del año pasado, 163 de los 570 municipios del estado de Oaxaca no habían manifestado presencia de la enfermedad, en razón de ser demarcaciones de difícil acceso y baja densidad poblacional, amén de que sus difíciles condiciones de acceso paradójicamente jugaron un papel favorable frente a la amenaza.
Ocho meses después, el escenario ha empeorado. Las autoridades de Salud de ese estado reconocen la existencia de casos en 497 de los 570 municipios. Destaca, por su gravedad, Magdalena Tequisistlán, que en 2020 fue reconocido por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como “Municipio por la Esperanza”, por haber permanecido libre de contagios.
Su presidente municipal, Roel Filio Lozano, confirmó la semana pasada la existencia de 160 casos, pero puntualizó que la cifra podría superar los mil 600 infectados, en una población de 6 mil 361 habitantes, lo que representa poco más del 25 por ciento de su población. La falta de precisión en el número de casos se debe a que las autoridades sanitarias no cuentan con el número de pruebas suficientes, que les permitan confirmar o negar su apreciación empírica.
Magdalena Tequisistlán tampoco cuenta con hospital. El nosocomio construido durante la administración de Ulises Ruiz (2004-2010) jamás ha sido puesto en operación. Sólo le sirvió a él y a Gabino Cué para tomarse la foto en sendos eventos inaugurales. El gobierno de López Obrador tampoco ha contemplado recursos para su conclusión, según se observa en los presupuestos de egresos de 2019 a 2021.
El Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2020 de la Secretaría de Bienestar, señala que el 21.5 por ciento de los habitantes de Magdalena Tequisistlán se encuentra en pobreza extrema y poco más de la mitad en pobreza moderada. Lo que ocurre en ese municipio del Istmo de Tehuantepec es sólo un dramático ejemplo de lo que sucede en otras partes del país.
La pandemia sigue haciendo estragos en todo el ámbito nacional, pero particularmente entre los grupos más vulnerables. La inexistencia de estrategias y políticas públicas robustas en los ámbitos de la salud y la economía, han derivado en el incremento de 3.8 millones de personas a la pobreza preexistente, al tiempo que ha aumentado a 15 millones el número de personas que no tienen acceso a la salud, según estima el Coneval en su Medición Multidimensional de la Pobreza en México 2018-2020. Los hechos prueban el fracaso de las políticas públicas de la actual administración federal.