Mientras el presidente López Obrador ha destinado buena parte de su tiempo a hablar de las elecciones -y reconocer el buen comportamiento de los grupos criminales-, estigmatizar a la clase media, promover la participación en la consulta popular supuestamente para enjuiciar a los ex presidentes -a pesar de que la pregunta aprobada por la SCJN no se refiere a ello-, la violencia sigue incontenible en el país sin que al parecer amerite más allá de breves menciones.
La decisión gubernamental de no enfrentar al crimen organizado y su apuesta por la militarización de facto en las tareas de seguridad pública que ahora pretende formalizar con la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional contraviniendo con ello el compromiso presidencial, no ha dado resultado, y no se trata de una mera apreciación a partir de algunos acontecimientos aislados. Así lo reflejan los informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Púbica y los diversos estudios que se realizan periódicamente. Tampoco se cuenta con evidencia de que las transferencias directas de apoyos económicos hayan contribuido a desalentar la incorporación de jóvenes a la delincuencia organizada y a reducir la violencia.
Basta con revisar los datos más recientes de delitos de alto impacto como homicidios dolosos, feminicidios, violación, trata de personas, así como de las masacres que se han perpetrado en los últimos meses y la violencia registrada en las pasadas elecciones, que si bien no se puede atribuir únicamente al crimen organizado, pues también denota la descomposición en el tejido social, tiene una incidencia muy importante.
Durante los primeros 30 meses de administración de López Obrador se han rebasado los 87 mil homicidios dolosos, lo que representa un incremento significativo al compararlo con el mismo periodo de Felipe Calderón con 30,572 (casi tres veces) y 42,658 de Peña Nieto (más del doble). De igual forma, los feminicidios crecieron 7.1% en los primeros cinco meses de este año respecto a 2020 con 423, mientras que los casos de violación aumentaron 30.5% con 8,623 y la trata de personas 47.5% con 348 víctimas.
Aunque el presidente ha afirmado que ya no hay masacres en México, el pasado fin de semana 15 personas fueron asesinadas en la ciudad de Reynosa por integrantes del crimen organizado, quienes desde sus vehículos empezaron a disparar a toda persona que se atravesara en su camino, al tiempo que en Salvatierra, Guanajuato fueron acribilladas 7 personas en un taller mecánico, siendo que una semana antes asesinaron en su vivienda a un adulto y una niña de cinco años, y otras dos personas fueron heridas. Tampoco se puede olvidar la masacre en la que perdieron la vida 9 miembros de la familia LeBarón, así como las de Minatitlán, Veracruz, San Mateo del Mar en Oaxaca, o Aguililla, Michoacán. La organización Causa Común informó que tan sólo el año pasado fallecieron 2,633 personas en 627 eventos.
Por su parte, la consultoría Etellekt informó que durante el proceso electoral se registraron 1,066 agresiones contra personas vinculadas con la política, de las cuales 106 fueron víctimas de homicidio y 36 de ellas aspiraban a un cargo de elección popular representando un aumento del 38% respecto a las elecciones de 2018, por lo que incluso Michelle Bachelet expresó en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, su preocupación por el alto nivel de violencia política en nuestro país.
Por donde se le quiera ver, no hay ningún elemento objetivo que permita pensar que esta situación pueda cambiar y, lo más delicado es que tampoco se advierte la menor intención de modificar una estrategia a todas luces fallida que está costando muchas vidas y nos sigue arrebatando la tranquilidad.