En abierta contradicción con lo que la Jefa de Gobierno había prometido una y otra vez, el pasado fin de semana se desplegó en la capital la Guardia Nacional (GN).
Desde la campaña, luego en la transición y hasta hace pocos días la postura de la mandataria capitalina había sido que no era necesaria su presencia en la Ciudad de México.
Pese a que la Dra. Sheinbaum ha afirmado que no hay una crisis de seguridad, sino hechos aislados usados por los medios para criticar su gobierno, este cambio de postura exhibe la preocupación que implica el crecimiento de los delitos y el reconocimiento de una incapacidad para enfrentarlos.
Pese a las declaraciones políticas, los datos oficiales elaborados por la procuraduría local sí dan cuenta de una crisis, si comparamos la tasa de carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes del periodo enero-mayo 2018 contra la del mismo periodo de 2019, el homicidio doloso creció un 33.43%; el secuestro 243.69%; la extorsión 95.52%; el robo con violencia 24.65%; el robo de vehículo 46.24%; el robo a negocio 50.78%; el robo a transeúnte 146.10%; la violación 343.43%; la trata de personas 441.87% y el narcomenudeo 13.04%.
Bajan sólo homicidio culposo en un 16.33% y el robo a casa habitación en 1.81%.
Si esto no es una crisis ¿qué necesita pasar para que nuestra jefa de gobierno considere como crítica la incidencia delictiva? Y, si no es una crisis ¿por qué echarse para atrás en la decisión de una capital que vira su seguridad hacia la militarización?
Si conociésemos con detalle la estrategia de seguridad capitalina probablemente sería más fácil evaluar las decisiones y la ruta, más allá de la mera incidencia delictiva.
Lamentablemente esto no es posible, el pasado 22 de mayo presentamos el documento “Cimientos de las Políticas de Seguridad: primeros pasos y tareas pendientes” en el que se analizaron la totalidad de los documentos rectores de la seguridad de nuestro país, elaborados por la federación, así como los planes de los 8 estados que cambiaron de gobierno en 2018.
A cada gobernador se le envió un cuestionario para que expresasen los principales tópicos de sus políticas en materia de seguridad y justicia, el presupuesto necesario y la transformación institucional requerida.
Sólo Guanajuato, Jalisco y Yucatán respondieron a todo el cuestionario, Morelos envío una parte y los demás optaron por la opacidad y no rendirle cuentas a la sociedad.
La Ciudad de México ni siquiera contestó a la solicitud, negándonos a los ciudadanos un mecanismo para entender hacia dónde dirige sus acciones y con qué resultados esperados.
Pese a que las autoridades lo nieguen, sí es una muy mala señal que el gobierno capitalino haya cambiado de idea acerca de la militarización de la seguridad en la capital.
Ojalá esta decisión no signifique un aumento en la violación a derechos de las personas que vivimos y transitamos por la ciudad, ojalá que no implique un aumento en la violencia.
Recordemos que, durante la pasada década, donde estuvieron las fuerzas armadas, la violencia y la violación a derechos humanos se dispararon.
Los retos son muchos, articular una política de seguridad es difícil, más ante el surgimiento de una nueva institución que aún carece de cohesión, mecanismo de supervisión y protocolos de actuación.
Además, los recortes presupuestales, particularmente en el área de procuración de justicia, promueven que la impunidad siga creciendo en nuestro país y que las instituciones cuenten con menos recursos para prevenir el delito, reaccionar ante ello, darle acceso a la justicia y reparación del daño a las víctimas, sancionar a quien delinca.
Ante la complejidad que significa enfrentar violencia, incidencia delictiva y percepción de seguridad por parte de los ciudadanos, el gobierno capitalino deberá medir con cuidado los efectos de esta decisión, para que la cura propuesta, no acabe matando al paciente.