En México los grupos y actores políticos que durante varios sexenios se propusieron privatizar la seguridad pública ahora lanzan toda suerte de críticas a la Estrategia Nacional de Seguridad, a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional. La razón principal es que dejaron de obtener los beneficios económicos que por casi tres décadas les reportaron las ventas de equipo táctico, vehículos, uniformes, programas de cómputo y de tecnologías para “la seguridad” que se adquirieron en miles de millones de dólares. El negocio era transversal porque abarcó desde la Policía Federal hasta los recursos para estados y municipios, para nadie eran un misterio los negocios que las empresas hacían a costas del erario público, al punto que llegaron a considerar que esa masa de recursos les pertenecía.
La creación de la Guardia Nacional detuvo la discrecionalidad en la compra de insumos para la seguridad, las diferencias de precios en las adquisiciones y fracturó la compra de supuestos equipos y programas que servían para dos cosas: para nada y para alimentar la corrupción. A consabidos expertos les ha dado por citar al Instituto Belisario Domínguez sobre el número de elementos de la Guardia Nacional certificados en los términos que establece la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aunque olvidan mencionar que tal certificación en seguridad y justicia también fue un negocio, pues varios de estos servicios se subrogaban a empresas que le hacían el trabajo a las instancias institucionales que tienen esta función. No sólo eso, de cada diez candidatos a integrarse a las fuerzas policiales locales ocho quedaban fuera, pero se pagaba por los diez exámenes a altos precios.
El negocio era redondo pues desde la federación se destinaban recursos para realizar los exámenes, en los estados se contrataban servicios para realizar los controles de confianza y como sólo dos de cada diez acreditaban, entonces es fácil sacar las cuentas: los recursos públicos al servicio de las empresas de control de confianza, esto es a lo que se refieren los “expertos” de la seguridad pública. Otra práctica común en el control de confianza consistía en realizar series de hasta diez o doce exámenes médicos, psicológicos, psicométricos, de conocimientos generales y físicos, cada uno tenía un costo para la institución en servicios contratados. Si solo dos de cada diez pasaban, era cuento de nunca acabar.
También a algunos “expertos” ya se les olvidó que durante sexenios anteriores, los plazos para la certificación se prolongaban una y otra vez, por razones simples, pocos, muy pocos pasaban los exámenes y la rueda tenía que girar. Ni siquiera en la Policía Federal se alcanzó un cien por ciento de elementos certificados en todas las pruebas y eso que operativamente nunca pasó de 20 mil, pero hoy salen a decir que la Guardia Nacional con apenas tres años de creación ya debería tener a sus más 100 mil elementos certificados. En realidad, algunos expertos buscan por vías directas o indirectas dos cosas, una cuestionar la honorabilidad de los elementos de la Guardia Nacional y con ello al Ejército Mexicano y dos, presionar al Gobierno Federal para que libere recursos para contratar empresas que realicen algunos exámenes de control de confianza o de plano todos.
Un elemento de la Guardia Nacional para certificarse pasa por un proceso que dura 6 meses y 21 días, en que debe acreditar su formación inicial, evaluación de desempeño, evaluación de competencias básicas, evaluación médica toxicológica, evaluación psicológica, evaluación de entorno socioeconómico y evaluación poligráfica, una vez aprobadas las pruebas, porque eso son, se le entrega su certificado único policial (CUP). Este proceso responde al artículo 138 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; sobra decir que el proceso es largo y hace que se incremeten los tiempos para que los elementos de la Guardia Nacional puedan certificarse. Por cierto, en el año 2021 de los 305 mil 231 policías estatales, municipales y adscritos a las Fiscalías sólo 164 mil 534 tenían el Certificado Único Policial (CUP), es decir, desde que se creó esta certificación el avance llegó apenas al 54 por ciento en promedio nacional.
Hoy la Guardia Nacional tiene un efectivo de 113 mil 863 elementos, de estos 25 mi 138 cuentan con el Certificado Único Policial (CUP), el cual expide la Dirección General de Desarrollo Profesional y el Centro de Evaluación y Control de Confianza (CECC), de la corporación. En otras palabras se logró certificar con todos los requisitos previstos por la Ley a más de 25 mil elementos en tres años, lo que no pudieron hacer tres administraciones sexenales con el 20 por ciento de estos elementos. Un factor que limita los avances en el proceso de certificación, es que el número de efectivos es mayor a la capacidad del CEECC, el cual sólo realiza 165 evaluaciones diarias; no es poca cosa, si se considera la cantidad de exámenes y pruebas a realizar a cada elemento. Y en evidencia es difícil incrementar la cantidad de evaluaciones porque el Centro Nacional de Certificación y Acreditación (CNCA) verifica la aplicación de cada proceso de evaluación socioeconómica y poligrafía.
Lo cierto es que los elementos que integran la Guardia Nacional provienen en su mayor parte de las Fuerzas Armadas porque así lo ordena la Constitución, que todos se capacitaron en la función policial porque así lo ordena la ley, y si bien un sector importante aún no cumplimenta toda la serie de exámenes médicos, psicológicos, físicos, polígrafo y patrimonial si tienen varios de los factores que integran el conjunto del control de confianza.
Varios expertos que hoy cuestionan a la SEDENA, la SEMAR y la Guardia Nacional por su trabajo en seguridad pública hace una, dos, tres, cuatro y cinco administraciones aplaudían la presencia del Instituto Armado en seguridad pública, redactaban discursos para mostrar sus resultados contra la delincuencia, concertaban reuniones con EU para subrayar la conveniencia de los operativos militares en seguridad, redactaban ponencias para afirmar que el narcotráfico era la mayor amenaza a la seguridad nacional y que la delincuencia organizada transnacional ameritaba suscribir la Iniciativa Mérida, recibir recursos en especie y dejar pasar a todo agente, instructor y equipo de inteligencia estadounidense a territorio nacional; y cada informe de Gobierno prodigaban aplausos y caravanas para reconocer las virtudes militares en seguridad pública. Hoy en cambio buscan demeritar a las Fuerzas Armadas, hablan de militarización, de violaciones a los derechos humanos y de golpes de Estado duros, blandos, fácticos y hasta difusos.
Los que hablan de control de confianza poco dijeron sobre la privatización de la seguridad pública ni de los resultados cuando el presupuesto en seguridad y justicia se duplicó en diez años, citando la misma fuente del Instituto Belisario Domínguez; poco se dijo de los contratos incumplidos por las empresas, ni de los precios exorbitantes de equipos y programas de espionaje; la información de tanto examen y tanto reprobado y la ampliación de los plazos para la certificación policial fue escasa, pero hoy sí quieren que 100 mil elementos se capaciten con grandes series de exámenes en menos de tres años en plena pandemia.
Repiten que el 60 por ciento del total de los elementos de la Guardia Nacional provienen del Ejército Mexicano y de la Marina Armada de México, y que la mayoría no tiene sus exámenes de control de confianza. Sin embargo, nunca se ha visto que en desastres como terremotos e inundaciones alguien pregunte a un soldado si sabe hacer su trabajo, ni que alguien dude de un marino para salvar turistas, pescadores y prestadores de servicios en playas, costas y mar territorial.
Tampoco se ha visto en las sierras, montañas y desiertos donde se trabaja en condiciones extremas y en riesgo constante de la propia vida que se le pida a los soldados un control de confianza. Se necesita ser mezquino para poner en duda la lealtad y capacidad de un soldado o un marino. Para los expertos –algunos por cierto nunca han pisado la calle ni para monitorear a un grupo de la delincuencia– los soldados sí pueden defender la patria, y aunque estén capacitados, necesitan un control de confianza para ejercer la función policial porque de no tenerlo son objeto de toda sospecha y descalificación. La ley está para cumplirse y respetarse, pero no está de más decir las cosas como son. Varios de los críticos y supuestos expertos en seguridad harían bien en intentar acreditar un control de confianza.
*Dr. Jorge A. Lumbreras Castro
Académico de la FCPyS-UNAM