Un país con un sólido Estado de Derecho es aquel donde la ley impera. El imperio de la ley se garantiza toda vez que su incumplimiento implica una sanción de la que nadie está exento.
Donde hay un sólido Estado de Derecho las leyes y reglamentos se construyen a través de un sistema democrático, definen derechos y obligaciones de los ciudadanos, las responsabilidades del Estado y la división de poderes para garantizar los límites de cada poder.
Por ello, se considera que en los regímenes autoritarios no hay Estado de Derecho. En una dictadura no se cumplen los principios de igualdad de toda persona ante la ley, de construcción democrática del marco normativo, de división y límites al poder del gobernante.
Si se analiza a la luz de estos principios el caso mexicano ¿podríamos afirmar que México es un país con Estado de Derecho?
Para responder a dicha pregunta debemos hacer un recuento de la historia reciente de nuestro país.
Si pensamos en el México del siglo XX, son varios los aspectos que se incumplen: si bien en teoría nuestro país era una democracia, un sólo partido acaparó todos los espacios de poder; dicha hegemonía permitió que los poderes Legislativo y Judicial se doblegaran a la voluntad del Ejecutivo; se implementó una serie de sistemas y reglas de operación que favorecían a aliados políticos y grupos de interés y que podían cambiar a capricho; se estableció un aparato de seguridad y justicia que tenía como objetivo el control de la población y no garantizar los derechos de las personas.
Dicho de otra manera, México era un país que formalmente cumplía con los requisitos de un Estado de Derecho, sin que ello garantizase el cumplimiento de normas y el respeto de derechos individuales o colectivos.
Hacia final del siglo XX la alternancia política produjo avances democráticos significativos, se hizo posible exigirle al Estado la implementación y cumplimiento de la ley -sin olvidar una larga de serie de simulaciones y violaciones a la norma jurídica-.
No obstante, el aparato judicial siguió siendo incapaz de procurar y administrar justicia bajo los principios de debido proceso y acceso universal de la justicia.
Por ello, podemos decir que el México de los últimos años es un país con un débil Estado de Derecho.
Si en los últimos años había sido evidente que en México un mandatario era cada vez menos omnipotente y que existían métodos e instancias para llamarles a cuentas, en los últimos dos años es evidente el retroceso.
Desde su llegada el presidente López ha doblegado la norma a su conveniencia, aún cuando esto implicase dejar de cumplir diversas promesas de su campaña -como ejemplo podemos pensar en la militarización de la seguridad-, cuando no le ha sido posible, López abiertamente se ha saltado las normas sin mayor problema generando antecedentes peligrosos.
En un país donde, por cada 100 delitos que sufrimos los mexicanos, si acaso se llega a sancionar uno, el presidente ha mandado mensajes como la no-aplicación de la ley o la persecución del delito para la delincuencia organizada, los que vulneran nuestro débil Estado de Derecho.
No conforme, el presidente retomó una promesa de campaña -que dicho sea de paso había descartado desde el día de su toma de protesta- que implica el encarcelar a los expresidentes.
Una acción que -en teoría- responde a una consulta ciudadana. Una consulta ciudadana que carece de cualquier rigor metodológico y en la que hay evidencias de manipulación de resultados.
Con ello, el presidente manda a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a resolver la constitucionalidad de dicha consulta.
Sorprende que un presidente
(1) desconozca el principio de objetividad e imparcialidad en la aplicación de la ley, la ley no se debe aplicar o exentar a individuos en particular;
(2) si el presidente o la fiscalía cuentan con elementos para suponer la configuración de un delito están obligados a denunciar y a investigar dichos delitos. Es decir, si no hay evidencia de algún delito, la fiscalía no se puede inventar investigaciones aunque sea “el deseo del pueblo”; si existen evidencias de delitos la fiscalía no puede eximirse de investigar aunque el pueblo hubiese votado por no investigar a los ex mandatarios.
(3) el presidente no puede influir en la autonomía de la fiscalía. De nuevo, si el presidente cuenta con elementos que llevan a identificar que un delito se consumó su obligación es denunciar, si no, no puede instruir a la fiscalía a que investigue si ella no cuenta con los elementos, así hayan votado millones de ciudadanos en favor de una investigación y
(4) el presidente no debe influir en la SCJN al pedir que los ministros resuelvan considerando el humor social más que lo que establece la ley.
En este contexto la SCJN se encontró en una situación pierde-pierde, si votaba en favor de la consulta, sabía que estaba permitiendo un acto inconstitucional; si la Corte votaba en contra de dicha consulta, le daba a López los argumentos necesarios para descargar en ellos la culpa de que no se investigasen a los expresidentes.
Con unas muy honrosas excepciones, la mayoría de integrantes de la SCJN optó por la solución del cobarde: no dijo sí, no dijo no, simplemente cambió la pregunta propuesta -lo que no era su función- y propuso una frase que dice todo y no dice nada: "¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?".
Con este ejercicio, López y la SCJN debilitaron aún más el ya débil Estado de Derecho y nos regresaron a un México donde Legislativo y Judicial están doblegados a la voluntad del Ejecutivo, donde ya no existen los límites establecidos en la norma al poder y donde la aplicación de la ley está sujeta a voluntades y concursos de popularidad.
Personalmente sostengo que los delitos se deben sancionar, que la impunidad es el factor que permite violencia y corrupción, sin embargo, me parece lamentable que nuestro presidente no conozca las normas o que simplemente no le importen.
En un Estado de Derecho débil todos estamos en riesgo, la aplicación de la ley a voluntad es, de facto, un linchamiento motivado por enojo.