El inicio de la vacunación contra covid-19 a personas mayores de 60 años en 330 municipios y alcaldías con mayor población rural ha acaparado la atención en estos días, por lo que otros temas como el apagón en 26 estados que afectó a millones de personas, el informe de Coneval que arroja un preocupante incremento de personas en situación de pobreza, o el rebase de 2 millones de personas contagiadas y más de 300 mil defunciones -según cifras extraoficiales por exceso de mortandad- pasaron a segundo término.
Después de casi un año de encierro -y de angustia-, sin duda es una muy buena noticia que finalmente las personas adultas mayores empiezan a recibir la primera dosis de la vacuna que nos da tranquilidad y la esperanza de que la luz al final del oscuro túnel ya no está tan lejos, pero debemos tratar de dimensionarlo en su justa medida pues el camino por recorrer aún es largo, y un exceso de confianza puede ser muy riesgoso en términos personales y colectivos.
De acuerdo a los cálculos del gobierno, para la primera quincena de abril se habrá vacunado a 15 millones de personas adultas mayores, lo que podría reducir significativamente el número de muertes, esperemos que así sea. Sin embargo, los antecedentes respecto al desastroso manejo de la pandemia no abonan al optimismo, y algunas proyecciones señalan que, al ritmo que llevamos, tardaremos varios años en lograr la inmunidad de la población, por lo que es urgente que se intensifiquen los esfuerzos para asegurar el número de vacunas suficientes -al parecer las que han llegado hasta ahora son por donaciones-, pero también que se cuente con un plan serio de distribución que responda a criterios técnicos y no con propósitos ideológicos o electorales.
Por ejemplo, se ha cuestionado la decisión de empezar por zonas rurales en las que los niveles de contagio son más bajos -aunque varias colonias de las alcaldías de Cuajimalpa y Magdalena Contreras no cumplen con ese criterio-, en lugar de municipios densamente poblados en donde la propagación del virus es mucho mayor. También se generó molestia por la presencia de los denominados servidores de la nación, cuya función no es muy clara en el proceso de vacunación pero que, además de solicitar la credencial de elector y tomar fotos como requisito para que se programe la segunda dosis, tratan de posicionar que gracias al gobierno de la 4T se pudieron vacunar como si no fuera una obligación del Estado mexicano.
No obstante, es de reconocer que el retraso y desorganización del primer día, que provocó largas filas y un tiempo de espera de hasta 5 o 6 horas se ha ido corrigiendo y, cuando menos mi experiencia al llevar a vacunar a mi mamá fue bastante positiva, aunque naturalmente la opinión depende de cómo le fue a cada quien. Lo que me parece preocupante es que una vez más salió a relucir la profunda polarización y quizá resentimiento social, y buena parte de la conversación pública, así como el debate en redes haya girado en torno a las filas, que los defensores del gobierno celebraron por su efecto igualador burlándose de quienes se quejaban. Es cierto que la gran mayoría de la gente frecuentemente se ve en la necesidad de formarse por largo tiempo para realizar diversos trámites, pero eso no significa que sea algo adecuado o deseable, por el contrario, se supone que el objetivo debería ser mejorar las condiciones para todas las personas y emparejar hacia arriba. Además, ese no era el tema. Es legítima la inconformidad por tener a personas mayores, muchas de ellas con problemas de salud y movilidad, esperando de pie durante varias horas a la intemperie, lo que se pudo evitar con una mejor organización. Como quiera, y sin bajar la guardia, ya se están dando los primeros de muchos pasos que faltan para poner fin a esta pesadilla.