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La reforma eléctrica y el Tren Maya

La reforma busca garantizar precios justos, desparecer privilegios a grandes empresas, y que la explotación del litio sea facultad exclusiva del Estado. | César Gutiérrez

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Escrito en OPINIÓN el

Nuevamente la desinformación que ha surgido en torno a la Reforma Eléctrica es muy espesa, por lo tanto, es necesario que la población mexicana sepa de manera general los alcances de esta Reforma. Cabe señalar de manera muy puntual, que la opinión no está enfocada en la parte técnica (ingeniería eléctrica). Este razonamiento está ligado a la parte jurídica que va a reformar y proteger los bienes nacionales de México.

La Reforma asigna nuevas funciones y facultades a los dos órganos reguladores del sector: la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), y la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Además se creó un nuevo órgano regulador: la Agencia de Seguridad, Energía y Medio Ambiente (ASEA).

La Reforma considera de manera general los siguientes objetivos:  

1. Garantizar precios justos.

2. Desaparecer privilegios a grandes empresas.

3. Que la explotación del litio sea facultad exclusiva del Estado.  

Es importante señalar que el deber de los políticos es defender la soberanía de la nación, sin privatizar las energías naturales, para que no tengamos que sufrir las consecuencias que existen en otros países, que debido a la complacencia de sus legisladores vendieron sus recursos naturales a empresas privadas, las cuales se hinchan de millones a costa de los ciudadanos. Este tipo de monopolio nos puede llevar a la destrucción económica. 

Los mexicanos lo que queremos es:

1. Que cesen los contratos millonarios que se llevan a cabo sólo con contratistas consentidos. 

2. Que cesen las concesiones de más de cincuenta años, para evitar pagar indemnizaciones millonarias.

3. Que los contratos no contengan desvíos de rubros para justificar gastos.

4. Que realmente se puedan crear oportunidades de empleo para los mexicanos.

5. Que las tarifas de luz eléctrica sean acordes a la problemática de cada área geográfica, y que las colonias populares no paguen tarifas como si fueran magnates o dueños de consorcios.

6. Que las modificaciones sean transparentes para modernizar la industria energética eléctrica.

7. Que realmente los objetivos generen el desarrollo económico y el fortalecimiento de la soberanía de nuestro país.

Problemática de Ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec (FIT) 

Nuevamente se desata un escándalo ahora con el corredor transístmico. En el tramo de Palomares-Nuevo Progreso, un tren de carga se descarriló, luego de que los durmientes colapsaran. Como lo mencioné en una de mis columnas sobre la problemática que vive el Tren Maya, toda Obra Pública debe ser planeada, programada para evitar mermas en el costo y tiempo durante la ejecución de esta. El problema de muchos funcionarios públicos es que no leen las leyes y la normatividad que instruye acerca de cómo se deben llevar a cabo los trabajos, que deben estar armonizados con la administración pública. No tiene nada que ver con la parte de ingeniería, esto es parte de la implementación de su operación, presupuestos, programación, contratación, ejecución, supervisión y control. Aquí lo explico desde la parte jurídica.

1. ¿Cómo es posible que hagan licitaciones públicas para la Ejecución de Obra, y llevar a cabo un “acondicionamiento” de sus puentes, sin un Proyecto Ejecutivo? Es ilógico, porque como hemos podido observar en las licitaciones en Compranet, no tienen ni idea de las necesidades de cada tramo. Vamos, ni siquiera un diagnóstico que indique dónde se requiere construir, rehabilitar, reemplazar o acondicionar, así de simple.

No es posible que se lance una licitación y se deje al arbitrio de un tercero que diga cuánto va a costar la Obra, ya que se corre el riesgo de que esto infle los precios. Es necesario que el Ejecutivo pida cuentas del desarrollo de estas licitaciones y no se conforme con medias verdades. Hay mucha falta de transparencia e inconsistencias en el desarrollo de estas licitaciones. Si se revisa con lupa, van a salir verdades tales como sucedió con el Proyecto del Tren Maya. 

2. ¿Quién supervisó las obras de “rehabilitación” de los tramos que tuvieron fallas? Esos datos deben estar registrados en la Bitácora Electrónica y Seguimiento de Obra Pública (BESOP) ya que son firmadas de conformidad por todos los participantes en la obra que, casualmente, nunca se dieron cuenta que colapsaría.

3. ¿Quién o quiénes son los responsables de la verificación y suministro de la calidad de los materiales?

4. ¿Quién es el responsable de que los vagones no excedieran el peso de carga?

5. ¿A qué se debe todo el retraso de los trabajos y donde están los avances del presupuesto ejercido ($$)?

6. ¿Qué sanciones se han aplicado a los contratistas que han incumplido los contratos?

Todo esto denota la falta de compromiso de ciertos funcionarios para cumplir con el Proyecto de Nación. Debe quedarle claro a estas personas que si no pueden hacer su trabajo bien, deben hacerse a un lado. La derecha está buscando pretextos para evitar la transformación, y esto es un lujo que no se puede permitir a estas alturas. No se vale que le mientan al Ejecutivo para conservar un hueso.

Por último, las denuncias del abogado Juan Collado al ex consejero jurídico de la Presidencia de la República Julio Scherer Ibarra, son sumamente serias por varios conceptos; el primero de ellos es el que se utilizara una red de corrupción creada y operada por el hombre de confianza del Ejecutivo Federal, lo que ya tiene un tinte de carácter político al pretender hacer creer o por lo menos sugerir que el presidente de México podría haber estado enterado de estos pactos.

Según ellos, el consejero jurídico nunca fue un hombre comprometido con la transformación del país, porque prefirió ver por sus intereses personales y económicos al utilizar el gran poder jurídico y político que llegó a tener por el mismo hecho de ser el hombre de confianza del presidente. Ellos dicen que utilizó a éste para torcer las leyes a favor de intereses personales, haciendo creer que buscaba las mejores soluciones para el beneficio del país.

Sin embargo, el más grave de todos estos supuestos sería que lo que denuncian fuera cierto. De ser así, quedaría de manifiesto que se aprovechó de la confianza en él depositada para sacar un beneficio personal en conjunto con amigos, empresarios y abogados, lo que sería un golpe muy duro para el presidente. Pero no podemos dejar de lado que quien denuncia es otro abogado de las élites. Juan Ramón Collado Mocelo es conocido por ser defensor de personajes públicos como el ex presidente Carlos Salinas de Gortari; Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex presidente; Carlos Romero Deschamps, ex líder del sindicato de Trabajadores de Petróleos Mexicanos; del mismo ex presidente Enrique Peña Nieto, Carlos Ahumada, Diego Fernández de Cevallos, José Francisco Ruiz Massieu; el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge preso actualmente, solo por mencionar algunos de sus clientes.

Se le conoce dentro del ambiente jurídico como abogado de las altas esferas, con honorarios multimillonarios, que arreglaba asuntos con una simple llamada telefónica. Asimismo, fue acusado de que Caja Libertad Servicios Financieros fue utilizada por muchos años para transparentar dinero de altos funcionarios mexicanos ligados al PRI y al PAN, entre ellos a ex presidentes de México. Además de ser acusado de tener una red de poder en las altas esferas para buscar beneficios judiciales a favor de sus representados, cobrando honorarios multimillonarios que en caso de que no fueran pagados se quedaban con las empresas o negocios para garantizar los servicios prestados.   

Es claro que debe investigarse todo lo denunciado. Por lo pronto, Julio Scherer Ibarra ya salió a deslindarse y asegurar que mienten de forma dolosa. Incluso, quien denuncia, carece de toda credibilidad. Tal vez, solo tal vez, ha hecho una narrativa de cómo operaban él y sus allegados cuando se encontraba practicando su actividad profesional cobijado por el manto protector que le daba una carta de impunidad desde la Presidencia de la República.