A propósito de los lamentables sucesos en Culiacán luego de un operativo fallido, donde se liberó a Ovidio Guzmán, se fugaron 49 reos y se desató una crisis de seguridad en la ciudad ante movilizaciones de los cárteles, así como de la ya larga lista de trágicos sucesos y humillaciones de fechas recientes como en Aguililla, Acámbaro e Iguala, entre otros; es urgente revisar la política de seguridad del gobierno federal.
El gobierno ha sostenido que no seguirá las políticas de sexenios anteriores porque a su parecer convirtieron al país en un “cementerio”; pero, siguiendo la analogía, la política de “amor” y “abrazos” está convirtiendo al país en algo aún peor; en una tierra de zombies. Tan solo en los primeros siete meses del 2019 han ocurrido 20 mil 135 homicidios, promediando 95.8 por día. Esta es la cifra más alta desde que se tenga registro. La falta de resultados en esta materia es el más grave talón de Aquiles de este gobierno.
El presidente sostiene no detener a los “capos” “porque esa no es la función principal del gobierno”. Esto es falso, la seguridad es un derecho humano consagrado en el artículo 21 de la Constitución que establece que el fin de la Seguridad Pública es “salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas”, “la generación y preservación del orden público y la paz social”. Y esto “comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos” sea quien sea el responsable, ya que nadie debe estar por encima de la ley.
Según Hobbes los estados se crean a través de un pacto social con el fin de garantizar la paz y la seguridad de los ciudadanos, mediante el poder y la fuerza que le han conferido los hombres. Y de no lograrse esta seguridad, el Estado pierde legitimidad y desaparece la justificación de su existencia.
Lo ocurrido en Culiacán es una muestra de claudicación del Estado frente al crimen organizado; una sesión de la civilización a la barbarie y una renuncia en la lucha contra la inseguridad. Ante esta ausencia del Estado los ciudadanos quedaron en situación de indefensión y fueron expuestos a riesgos fatales, aunque se diga que las decisiones posteriores fueron para protegerlos.
La experiencia internacional muestra que cuando bajo el argumento de buscar la paz, el Estado se repliega dejando en manos del crimen organizado alguna zona del país; no se logra la paz, el crimen organizado se fortalece y los ciudadanos quedan a merced de la delincuencia.
A manera de ejemplo, en 1998 con el fin de “lograr la paz” en Colombia y negociar con la guerrilla, el presidente Andrés Pastrana decretó una “Zona de Distención” en la región del Caguán, estrategia sobre la cual reconoció posteriormente que hubo errores de buena fe. Desde su creación la zona pasó de ser la sede de las negociaciones a convertirse en un centro de operaciones delictivas. Las FARC aprovecharon para extorsionar granaderos, ejecutar civiles y realizar secuestros, incluido el secuestro de un avión que fue obligado a aterrizar en el Caguán. Todo esto infundió terror en la población, causó el debilitamiento institucional y provocó el desplazamiento forzado de la población.
En filosofía política se denomina como “fuerza” a las intervenciones físicas justas, que preservan el orden social y persiguen el bien común; y se denomina “violencia” a las intervenciones físicas injustas, que rompen el orden social o que se oponen al bien común. Desde este punto de vista, es necesario que, siguiendo a Max Weber, el Estado ejerza el monopolio de la fuerza frente al crimen organizado, ya que mientras los delincuentes no tengan claro que delinquir tiene consecuencias, nada podrá hacerse para resolver la crisis de violencia que sufrimos.
Argumentar que no se persigue a los capos con el fin de lograr la paz resulta un sinsentido, ya que está comprobado que existe una clara correlación entre las expectativas de impunidad y el incremento de delitos como el robo, la violencia y el homicidio. Es por ello que la inactividad del gobierno en cuanto a la persecución del crimen organizado provocará en última instancia una crisis aún mayor de violencia.
De acuerdo a la Comisión de Auditoría de la Policía de Reino Unido el círculo vicioso del crimen se construye de la siguiente forma: 1) el volumen del delito sobrepasa la policía; 2) no se establecen prioridades; 3) no hay tiempo para trabajo proactivo; 4) los delincuentes prolíficos no son arrestados; 5) el público pierde confianza en la policía y declina la cooperación; 6) las tasas del esclarecimiento del delito declinan; 7) los delincuentes no tienen ningún inhibidor; 8) de nuevo el volumen de crimen sobrepasa a la policía.[1]
Es necesario romper este círculo vicioso del crimen para lo cual se deben atender todos los factores que en él influyen. Según el Dr. Edgardo Buscaglia, el problema de inseguridad en México se debe en gran parte a que la delincuencia organizada ha permeado el Estado por lo que no se le puede combatir con fuerzas armadas; sino a través de una “unidad antimafia” independiente, que persiga no sólo a los capos del crimen sino también a los políticos corruptos, pseudo-empresarios y otros implicados; ya que la impunidad sólo favorece al crimen organizado y estimula la violencia.
La seguridad es un derecho consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos que protege el “derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. Por lo tanto, garantizarla es una labor irrenunciable del Estado, el cual debe implementar todas las medidas necesarias para superar el dolor evitable de la violencia. Es urgente que el gobierno rectifique su estrategia ya que, de no hacerlo, aunque haya abrazos, no habrá paz, no habrá seguridad y no habrá desarrollo.
[1] McLauhlin, Eugene,“Key Issues in Police Work” en “Controling Crime”, comp. Eugene McLaughlin y John Muncie, SAGE Publications, 2001 p 62