La comparecencia de la titular de la SEDATU y ex Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, ante el Pleno de la Cámara de Diputados es de gran trascendencia, pues dos de las grandes promesas del presidente electo son el combate a la pobreza y el combate a la corrupción.
Por un lado, Rosario Robles ha sido titular de dos de las principales secretarías enfocadas al combate a la pobreza y ha sido acusada de posibles desvíos millonarios en ambas instituciones. A ello se suma la reciente separación a su cargo de su Director General de Comunicación Social, para enfrentar una inhabilitación como servidor público por irregularidades.
Por otra parte, de acuerdo al último informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en México ha aumentado, en números absolutos, las personas que viven en pobreza. Según el informe, de 2008 a 2016 la cifra creció de 49.5 millones a 53.4 millones, lo que representa el 43.6% de la población.
El reporte también indica que 9.4 millones de mexicanos viven en pobreza extrema y que el 50.6% de la población (62 millones de personas) tiene ingresos por debajo de la línea de bienestar, lo que significa que son insuficientes para comprar la canasta de alimentos, bienes y servicios básicos. Queda claro que las promesas del presidente saliente, Enrique Peña Nieto, han sido fallidas.
Ante esta situación, es preocupante la inconsistencia o poca claridad de las principales propuestas del gobierno electo en materia económica. Llama la atención que las más mencionadas sean los apoyos económicos a más de 2 millones de los denominados “ninis”, becas a todos los jóvenes que estén cursando el nivel medio superior independientemente de su situación económica y el aumentar la pensión a los adultos mayores.
Medidas enfocadas más a repartir lo que existe que a generar riqueza, lo cual desconcierta cuando el presidente electo afirma que México está en “bancarrota”. Y la estrategia que plantea es -más que una “austeridad republicana”- una “austeridad franciscana” que incluye la reducción de salarios a funcionarios, lo cual ha llevado a la salida de empleados capacitados del gobierno federal quienes temieron ver reducidos sus ingresos.
Políticas que estimulen la economía y el desarrollo
La política social que México necesita exige una visión de Estado que contemple el principio de solidaridad, la cual se manifiesta tanto en la distribución de bienes como en la justa remuneración del trabajo. Y supone un esfuerzo en favor de un orden social más justo.
Y para lograrlo, debe contemplar también el principio de la subsidiariedad, según el cual el Estado no debe suplantar la iniciativa y la responsabilidad de las personas. Es decir, debe procurar pasar de dar el pescado a enseñar a pescar. Los subsidios y apoyos del gobierno deben considerar el principio de racionalidad y de temporalidad, deben ser transparentes, debe haber un padrón único y público de beneficiarios y sus resultados deben ser medibles.
Preocupa también que el presidente electo sustituya a las delegaciones federales por coordinadores generales, figuras similares a “virreyes” o “encomenderos”. Es irónico que quiera sacar de la capital a las Secretarías para “descentralizar” pero que atente contra al federalismo con una figura que rivalizará con las autoridades estatales. Al juzgar por los perfiles de los nuevos “vice-gobernadores” ésta es una estrategia de control político más que de combate a la pobreza o a la corrupción o de eficiencia.
Tras la firma del nuevo tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, y en el nuevo escenario internacional, México está llamado a ser mucho más productivo y eficiente si no quiere quedar rezagado.
Paradójicamente, México cayó en el último año tres posiciones en el Índice Mundial de Competitividad 2018 publicado por la IMD Business School, ubicándose en el peldaño 51 de 63 países analizados. Es la posición más baja que ha tenido desde 1997 cuando fue incluido en el ranking y suma ya tres años consecutivos a la baja.
Según el informe, las razones de esta caída son “el debilitamiento de su desempeño económico, de la eficiencia del gobierno y empresarial y un estancamiento en su infraestructura”.
En función de la falta de resultados en el sexenio que está concluyendo, queda claro que México no podrá avanzar mediante el abuso de programas sociales centrados en dádivas, clientelismo, corrupción y la opacidad. El bien común requiere no sólo la distribución sino también la generación de riqueza, con políticas que estimulen la economía y el desarrollo. Sólo así podremos lograr un México fuerte en el que se supere la pobreza y la desigualdad, y en el que todos los mexicanos tengan acceso al pleno desarrollo.