La paz sostenible a la que aspiramos es muy distinta de una pacificación, pero se parece mucho a las condiciones sociales de resiliencia que hoy nos harían más resistentes a la pandemia de covid-19.
Los niveles de paz cayeron 4.3% en nuestro país durante 2019. De acuerdo con el Índice de Paz México (IPM) 2020, publicado anualmente desde 2013 por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), esta caída se debió principalmente al incremento de 24% en los crímenes de la delincuencia organizada.
De las 32 entidades del país sólo nueve mejoraron, mientras que en 23 estados la paz disminuyó. La tasa de homicidios creció apenas 1.4% en 2019, lo que contrasta con el 16% de 2018 y podría marcar un cambio de tendencia. Sin embargo, dicha tasa de 28 asesinatos por cada 100 mil habitantes representa la pérdida de más de 35 mil 500 personas.
Por tercer año consecutivo, México alcanzó un nuevo máximo histórico de homicidios en 2019.
Al analizar las tendencias de los últimos cinco años, se puede comprender mejor la magnitud del problema que enfrentamos: los homicidios aumentaron 86% de 2015 a 2019, los delitos con violencia crecieron 40% y los delitos sexuales 60%, la violencia con armas de fuego se duplicó y la tasa de crímenes de la delincuencia organizada subió 46%.
La tasa de impunidad se ha mantenido constantemente alrededor de 97%. Quizás porque no puede empeorar más.
El IPM calcula también el impacto económico de la violencia, que en 2019 nos costó 4.6 billones de pesos, equivalentes al 21% del PIB nacional. Este monto supera en ocho veces la inversión pública en salud durante el mismo año. Puesto en términos per cápita, a cada mexicano y mexicana, la violencia nos costó 36 mil pesos, lo cual es casi cinco veces el salario mensual promedio.
A pesar de los altísimos costos de la violencia, cuando se contrastan los niveles de gasto e inversión públicos en materia de seguridad y justicia de nuestro país con los de otras naciones, se observa que México invierte apenas el 0.7% del PIB. El promedio de gasto de los países de la OCDE es de 1.67%, y el promedio de los países de Latinoamérica es de 1.5%. En ambos casos, más del doble.
De estos datos se desprende una primera conclusión: México necesita invertir más en paz y seguridad. Si se profundiza en el análisis, la segunda conclusión es que se necesita gastar mejor, es decir, dejar de concentrar los esfuerzos en reaccionar a los efectos de la violencia directa para, en cambio, fortalecer las capacidades institucionales, reducir la vulnerabilidad social, o mejorar el desempeño de los gobiernos locales.
A un año y medio de su llegada, la actual administración federal parece ampliar su perspectiva promoviendo becas y programas de empleo para jóvenes, campañas contra adicciones, o dando un rol más central a la Unidad de Inteligencia Financiera. Desafortunadamente, persiste la falta de una estrategia integral y articulada, y resulta evidente la falta de coordinación y colaboración entre secretarías.
Ante la falta de objetivos e indicadores adecuados, resulta imposible medir la eficacia e impacto de cada programa más allá de la percepción. Esto no estaría del todo mal si no fuera por la profunda polarización social que nos divide desde hace ya varios años, y que solo ofrece dos opciones: odiar furiosamente al gobierno federal, deseando que todo fracase; o amarlo ciegamente justificando todos los errores.
La evidencia obtenida global y nacionalmente por el IEP durante 13 años revela que tanto la paz y la violencia son fenómenos muy complejos, que requieren mecanismos igualmente complejos para abordarse. Por esta razón, ningún número de armas ni de policías podrán construir la paz positiva o paz sostenible que tanto anhelamos.
Antes, tendremos que reducir los niveles de corrupción pública y privada; reconstruir la confianza entre ciudadanos y gobiernos; acortar las brechas de desigualdad social y económica; garantizar estándares mínimos de bienestar para todos, pero sobre todo para los más vulnerables; y exigir desde el consumo empresarios y medios de comunicación más éticos y responsables.
Aunque a veces se confunde con una simple pacificación o alto al fuego, en realidad, la paz que imaginamos se parece mucho a las condiciones de resiliencia que hoy nos harían más resistentes a la pandemia de covid-19.
Con nuestra investigación, desde el Instituto para la Economía y la Paz queremos promover una conversación más compleja y objetiva sobre la paz, ofreciendo argumentos e información útiles para quienes buscan mejorar la realidad a través del diseño de políticas públicas, la implementación de proyectos, o la transformación positiva de sus dinámicas personales.
*Carlos Juárez Cruz es director en México del Institute for Economics and Peace.
El reporte completo puede ser consultado en www.indicedepazmexico.org y www.economicsandpeace.org