Cerca de noventa millones de mexicanas y mexicanos inscritos en el Padrón Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), estamos muy próximos a vivir una de las jornadas cívicas más importantes en la vida democrática de México. Votaremos por la elección de más de tres mil candidatos(as) a cargos de elección popular.
De entre esos miles de cargos saldrá el nuevo Presidente de la República, con la elección a la que llamamos la madre de las elecciones (la presidencial) en tanto deriva de nuestro sistema presidencial, por cierto, decadente.
Los electores
Se ha hablado mucho sobre la enorme responsabilidad que en esta ocasión tendrá la juventud, con un tercio del padrón electoral, sin embargo, a poco menos de una cuarentena para el parto -programado para el 1 de julio-, un breve ejercicio de reflexión académica con un grupo de universitarios sobre las campañas electorales y, particularmente, sobre el desarrollo de los primeros dos debates presidenciales 2018, arrojó como resultado la insatisfacción, molestia, decepción, desconfianza e indecisión respecto de la opción política preferente.
Razones son múltiples, podemos decir que de las más reiteradas es la molestia generalizada por el clima de violencia en las campañas, especialmente de los candidatos a la Presidencia de la República, quienes parece se niegan a abandonar el método de la violencia discursiva contra sus contrincantes electorales, aún cuando esto signifique olvidar al participante principal de la contienda, el electorado.
En otras palabras, a la vista parece ser que a los candidatos se les ha olvidado que el activo fundamental de las elecciones no es ninguno de ellos, ni mucho menos sus flamantes o cuestionados equipos de campaña, sino los electores que con nuestro voto decidiremos sobre qué persona es la que brinda mayor confianza y seguridad para conducir al país hacia una mejor situación económica y social. Esto es, hacia una mejor calidad de vida.
El problema no para ahí, el malestar social trae como resultado el desinterés de la ciudadanía por participar en los procesos electorales, de tal suerte que, a pocos días de las elecciones, de acuerdo con la más reciente medición realizada por “Consulta Mitofsky”, el 26.8% “no declara preferencia” electoral, respecto de la elección presidencial.
Partidos políticos
A esta indefinición, derivada probablemente por el desinterés y desconfianza de la ciudadanía, hay que agregarle el ingrediente de la confusión electoral provocada por un sistema partidocrático en el que los partidos políticos han perdido su identidad. Esto es, nos enfrentamos ante la necesidad de lidiar con la idea de votar por partidos políticos históricamente antagónicos y que ahora se encuentran unidos, compartiendo plataformas para algunas elecciones como la presidencial, pero no para otras de carácter estatal o local, partidos que en algunas entidades federativas participan solos o en coalición con otros diferentes a la elección presidencial.
En fin, parece que el objetivo de los círculos del poder político, apuestan más a la confusión, a la confrontación, a la división, al hastío y a la polarización como un medio de control social, cuando su responsabilidad radica en dar ejemplo de respeto, tolerancia, unidad y civilidad democrática.
Convertir el escenario de los debates presidenciales en circos del poder, solo denigra cada vez más a la política mexicana y peor aún, a los ojos del mundo son un reflejo del nivel cultural y educativo de nuestra sociedad.
Circos de poder
Reflexionar sobre la mejor opción política para gobernar nuestro México, impone la responsabilidad de elegir mediante el voto informado, como tanto se ha publicitado. Sin embargo, ante el abundante discurso violento, agresivo e irrespetuoso de algunos candidatos, parece ser necesario hacer un llamado a la autoridad electoral, el INE.
En efecto, quizá prohibir a los candidatos comportamientos de esa naturaleza que centran la atención en la beligerancia, en las actitudes retadoras, provocadoras de la violencia, y no en el conocimiento de los temas previamente definidos y verdaderamente importantes para el país.
Asumir como una “normalidad” en los debates la violencia discursiva, los insultos aún considerados de risa, no puede ni debe aceptarse en un Estado que se precia de ser de derecho y con aspiraciones democráticas.
Quizá sería importante considerar la imposición de sanciones ante estas conductas violentas durante los debates, como la suspensión de la participación en éstos e incluso, en caso grave, con la descalificación en la contienda. Asimismo, imponer la obligación para que, durante el desarrollo de estos debates, los aspirantes a la Presidencia se concreten a responder las preguntas que se les formulen.
Limpiar de los debates todos los comportamientos que atenten contra la dignidad y honra entre los participantes, tal vez sería un buen inicio para promover y mandar un mensaje a la sociedad de madurez política y democrática, pero sobre todo de paz y civilidad. Eso probablemente serviría como un incentivo para la participación decidida y entusiasta de la ciudadanía.
Debemos recordar que, si está en el interés de los candidatos el denunciar públicamente a sus contrincantes electorales, la Constitución y las leyes prevén los medios y mecanismos legales necesarios para hacerlo valer, incluso a través de su publicidad electoral como de hecho lo realizan intensamente.
Participación ciudadana
México requiere abatir el fantasma del abstencionismo que, una revisión efectuada al Atlas de Resultados Electorales Federales 1991-2015, del INE, nos lleva a concluir que el porcentaje de este flagelo osciló alrededor del 40% en las elecciones presidenciales de 2012. Ningún esfuerzo por parte del Instituto obtendrá resultados positivos en torno a este fenómeno, si no se logra captar el interés de la ciudadana por participar en estos procesos de la democracia.
Captar el interés ciudadano es una tarea complementaria del INE, que no exclusiva, puesto que son los partidos políticos y candidatos los que cargan con esa responsabilidad fundamental de manera permanente en sus tareas de promoción de la participación ciudadana, en términos del artículo 6 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Digamos de paso que se trata de una razón más por la que se destinan millonarios recursos a esas organizaciones políticas y candidatos.
Con independencia de esas tareas de promoción de la participación ciudadana, de antemano los ciudadanos mexicanos tenemos el derecho y la obligación de votar en las elecciones, de acuerdo con los artículos 35, fracción I y 36, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, hablamos de una responsabilidad ciudadana que debemos cumplir, aun y cuando no hacerlo (no votar) no implique hasta ahora ningún tipo de sanción.
Hay que tener conciencia de que si bien en la actualidad vivimos en una sociedad cada vez más exigente, más vigilante de las funciones del Estado y sus gobiernos, es válido reprochar el mal desempeño en las funciones públicas, de echo eso es parte esencial de un sistema democrático de derecho, por eso es que periódicamente estamos en posibilidad de elegir a nuestros gobernantes y representantes populares, pero ese reproche -expresado a través del voto- debe ir acompañado con la previa e íntima reflexión personal sobre lo realizado por nosotros los ciudadanos.