En la entrega anterior comentaba que, en lo que se refiere a las expectativas creadas por la formación de la Guardia Nacional, se puede percibir un sesgo persistente en el imaginario colectivo según el cual este cuerpo militar es el instrumento que nos sigue haciendo falta para terminar con la violencia derivada del crimen organizado en este país.
Dicho sesgo se ha ido alimentando por igual desde los poderes ejecutivo y legislativo, haciendo uso de toda una variedad de argumentos que pretenden no sólo convencer de los supuestos méritos de dicha institución, sino también de los supuestos beneficios de estar rescatando recursos de donde se pueda para asignarlos a la formación de la Guardia Nacional.
Esto último no se ha quedado en la asignación de recursos que conllevan un alto costo de oportunidad en términos de bienestar social (es decir, que seguramente estarían mejor invertidos en otros programas sociales) sino que ha llegado al grado de proponer el remate de una flota de vehículos terrestres y aéreos del gobierno federal cuyos ingresos serán destinados al propósito mencionado.
Vale la pena rescatar el ejemplo de la columna anterior, en el que se platica de cómo una investigación académica sobre el descenso de la ola criminal en las ciudades americanas en la década de los noventa dejó muy mal parados a todos los “expertos” del tema, ninguno de los cuales atinó a mencionar uno de los factores estructurales que más contribuyó a que la tasa de dicho descenso fuera sorpresivamente alta.
Las explicaciones de los diferentes especialistas en criminología se centraban en el incremento del número de policías, el uso de nuevas técnicas de vigilancia, el incremento del número de prisiones y presos, mejores controles para la venta de armas, cambios en la operación de los cárteles de drogas y un mejor desempeño de la economía.
Sin embargo, la investigación demostró que había un factor que se remontaba a unos 18 años antes del inicio del descenso de la ola criminal en muchas ciudades, al año de 1970, y que consistía en el hecho de que en 5 estados de la unión americana se había legalizado el aborto y que a partir del 22 de enero de 1973, la decisión de la Suprema Corte de Justicia en el caso Roe vs. Wade extendió la legalización del aborto a todos los estados, generando una cascada de efectos no nada más sobre la vida de las mujeres sino también sobre la sociedad en general.
Como se comentó en su momento, el punto aquí es que la generación de hombres jóvenes que estaba llegando al final de la década de los años ochenta con un rango de edades que iba de los 16 a los 20 años, llegaba con la ausencia de muchos que finalmente no nacieron como consecuencia de la legalización del aborto, principalmente debido a razones que explicaban el por qué las madres no habían querido tener a sus hijos: porque eran producto de violaciones, por problemas de drogas o alcoholismo, o simplemente por estar en condiciones de pobreza.
Trayendo la misma lógica de argumentación al caso de la violencia asociada al crimen organizado en México, la similitud en términos estructurales es muy clara. Aparte de factores endémicos como la corrupción y la impunidad, la efervescencia de las actividades criminales se nutre de la génesis de hombres nacidos en condiciones deplorables de pobreza, pésima educación formal y escasez de oportunidades de desarrollo, todo lo cual incrementa fuertemente las probabilidades de que sean seducidos oportunamente por el crimen organizado.
El sistema de generación de futuros delincuentes rebasa por mucho los alcances potenciales de la Guardia Nacional, la cual aún y con los recursos del remate de coches usados, sólo alcanzaría para cascar un hoyito en el iceberg del crimen organizado.
Soy de los que piensan que las causas estructurales de este y muchos otros lastres nacionales no mejoran con programas asistenciales o más cuerpos militares, sino mejorando drásticamente la distribución de la riqueza y aplicando con todo rigor el estado de derecho. Pero bueno, esos podrían ser temas entregas futuras.