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La Guardia Nacional a la SEDENA, o el fracaso del experimento salvador

La intención de integrar la GN a la la SEDENA –cuyo éxito aún no está garantizado– es el reconocimiento implícito del fracaso del experimento. | Jorge Alejandro Medellín

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Escrito en OPINIÓN el

El presidente Andrés Manuel López buscará incorporar de manera definitiva a la Guardia Nacional en la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para “evitar que se eche a perder” como ocurrió con la extinta Policía Federal (PF).  

En realidad, esta intención –cuyo éxito aún no está garantizado– es el reconocimiento implícito del fracaso del experimento para simular una ‘estrategia’ robusta de combate a la delincuencia a partir de la creación, despliegue y consolidación de una nueva fuerza capaz de atender el problema de la violencia y la actividad criminal, controlando y reduciendo a su mínima expresión, en seis meses, como se prometió al inicio de la administración obradorista, una agenda que si bien no era prioritaria sí estaba en la mesa de las cosas urgentes no resueltas. 

Como le ocurrió a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto, al presidente López Obrador el tema no resuelto y torpemente abordado se le convirtió en agenda central sin arreglo y en vías de una mayor complejidad y complicación en muchos escenarios. 

Hoy, el 90 por ciento de los más de 100 mil integrantes de la Guardia Nacional no cuenta con la certificación necesaria y exigida para desempeñarse como policías, tal como lo prometió y aseguró en su momento el presidente. 

La Guardia Nacional sigue operando, y quizá siga haciéndolo desde la SEDENA, bajo una dinámica que ha sido impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mediante controversias constitucionales en las que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señala que los guardias ejercen ilegalmente funciones de investigación en materia de prevención del delitos y faltas administrativas y al revisar y detener a ciudadanos que quieran entrar o salir del país. 

A nivel interno, la GN también actúa pasando por encima de leyes y garantías individuales al negarle a su personal arrestado por la comisión de faltas la posibilidad de defenderse y argumentar en su favor las causas que originaron la medida disciplinaria. 

A nivel municipal también se han promovido controversias contra la GN, señalando que las atribuciones para realizar detenciones, instalar retenes, patrullar brechas, carreteras y tramos en lugares determinados, implican violaciones constitucionales. Esta forma de operar vulnera las atribuciones de la autoridad municipal y propicia abusos y corrupción, reclaman autoridades municipales. 

El llamado “Acuerdo Militarista” también implica que la Guardia Nacional esté operando y siga haciéndolo bajo un esquema que no distingue entre la dinámica militar y la dinámica policial, lo cual ha significado un problema ‘colateral’, reflejado en los abusos de la tropa de la GN y también en ataques de todo tipo contra los guardias nacionales en cumplimiento de sus funciones. 

Hoy, los niveles de violencia siguen incontenibles en todo el país. Los fines para los que fue creada la Guardia Nacional no se cumplieron. Sus funciones, naturaleza, estructura y dinámica siguen siendo de corte militar y avanzan a contracorriente de lo prometido en campaña, de lo asegurado ya en el ejercicio del poder desde la presidencia. 

Cuando el mandatario plantea que la Guardia Nacional será incorporada a la SEDENA, cuando el ex secretario de Seguridad Ciudadana declara que no hay civil capacitado para atender, manejar y llevar a buen puerto a la Guardia Nacional, lo que hace es aceptar el fracaso del experimento, reconocer la incapacidad para entender y ordenar las acciones de dicha instancia, con los resultados y consecuencias correspondientes (léase ‘culiacanazo’) en descoordinación, colaboración fracturada y relajamiento en la disciplina al interior de la corporación (la GN supera a SEDENA y Marina en cuanto a quejas y denuncias por abusos y violaciones a los derechos humanos). 

En febrero de este año la CNDH registró 359 quejas contra la SEDENA por abusos contra los derechos humanos, mientras que la Guardia Nacional sumaba 350 denuncias. 

Para el mes de abril de este año las cifras más actualizadas revelaban que la GN acumulaba 424 quejas ante la CNDH por presuntos abusos cometidos desde su creación y entrada en operaciones (en junio de 2019).  

En estas condiciones el presidente López Obrador busca en realidad blindar a la Guardia Nacional como uno de sus proyectos transexenales para que permanezca intocado en el seno de la Defensa Nacional, para que no sea eliminado o alterado en caso de que el partido que lo llevó a Palacio Nacional pierda el poder en 2024. 

Hace poco más de dos años, en abril de 2019, la ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, en su carácter de Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), viajó a México para firmar con López Obrador un acuerdo fundamental, cuyo objetivo era “contribuir al fortalecimiento de las capacidades del Estado mexicano en el contexto de la reforma constitucional sobre la Guardia Nacional”. 

Estas fueron sus palabras aquel día.  

“Durante mi visita, he escuchado a múltiples actores hablar sobre los importantes y complejos retos que enfrenta México en materia de derechos humanos. La preocupación por la seguridad y sus impactos sobre la vida diaria de las personas han sido mencionados una y otra vez. Mi Oficina no puede estar ausente de los esfuerzos para superar los desafíos de un país con más de 40 mil personas desaparecidas, según registros oficiales, en el que nueve mujeres son asesinadas al día y que ha alcanzado tasas de homicidios altas desde 1990 en los últimos años. 

“El acuerdo que hoy firmamos demuestra el interés compartido por las partes en avanzar hacia un claro cambio de paradigma que coloque a los derechos humanos en el centro del accionar de la fuerza pública.  

“La experiencia nos demuestra que no se puede lograr la seguridad sin un pleno respeto a los derechos humanos y no se pueden disfrutar los derechos humanos sin condiciones de seguridad. Asimismo, cuando no se respetan los derechos humanos en la lucha contra la delincuencia, lo que se genera es un ciclo creciente de violencia. 

“El acuerdo firmado hoy es amplio, va más allá de la capacitación e incorpora elementos que reforzarán el carácter civil que debe tener un cuerpo de seguridad, entre ellos: mecanismos de participación ciudadana, construcción de indicadores, mayor trasparencia, rendición de cuentas y dignificación y profesionalización de la función policial. 

“Uno de los elementos más relevantes en el proceso de reforma constitucional en materia de Guardia Nacional fue la apertura para escuchar e incorporar diversos planteamientos de los grupos políticos del Congreso de la República, sociedad civil, academia, víctimas de graves violaciones de derechos humanos, organismos públicos de derechos humanos y agencias de Naciones Unidas. 

“Hoy celebro que fruto de este proceso, se alcanzó un consenso en una materia especialmente compleja, incorporando muchas de las preocupaciones y propuestas hechas por los diversos actores. Ese consenso es una muestra de madurez que confiamos ver reflejado también en el proceso de elaboración de la legislación secundaria derivada de la reforma: la Ley de la Guardia Nacional, la Ley Nacional de Uso de la Fuerza y la Ley Nacional del Registro de Detenciones. 

“Estoy convencida de que los actores que participaron en el proceso de elaboración de la reforma constitucional tienen mucho que aportar para la elaboración de estas leyes. Mi Oficina continuará apoyando estos procesos legislativos y su posterior implementación. 

“La Guardia Nacional representa una oportunidad para construir una corporación que haga compatible la obligación que tiene el Estado de proveerseguridad a su población y, al mismo tiempo, salvaguardar los derechos humanos de sus habitantes. De esta forma, se superaría el paradigma que en los últimos doce años ha desprotegido a las personas y ha sido una fuente de agravio para sus derechos. 

“Los esfuerzos centrados en la Guardia Nacional deben complementarse con el fortalecimiento del resto de corporaciones policiales. La debilidad estructural de los cuerpos policiales en todo el país puede revertirse por medio de la profesionalización de las policías y la dignificación de su labor.  

“La dotación de suficientes recursos y la mejoría de los procesos de selección, capacitación y evaluación de su actuación resultan esenciales. También el reconocimiento y respeto de los derechos de quienes integran las corporaciones policiales son clave. La sociedad mexicana debe garantizar que sus policías cuenten con los recursos para desarrollar su labor, y con las condiciones para tener condiciones dignas de trabajo. 

“La responsabilidad de todas las autoridades en la garantía de la seguridad con pleno respeto a los derechos humanos es una obligación en cualquier país. Pero en un país federal como México, donde los estados y municipios tienen competencias muy amplias relacionadas con la seguridad, ninguna política de seguridad podrá funcionar sin la efectiva participación y compromiso de dichas autoridades. 

“Finalmente, todo este trabajo se complementa con las recomendaciones internacionales hechas a México, y las estándares y decisiones de organismos regionales e internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ofrecen al Estado mexicano herramientas de cambio positivo para avanzar en la senda del respeto a los derechos. 

“Pongo a disposición de las autoridades mexicanas la experiencia de mi oficina en México acumulada a lo largo de los últimos dieciocho años en procesos de construcción de política pública, armonización legislativa, capacitación, construcción de indicadores, documentación de casos y participación de la sociedad civil. 

“Esta será una nueva contribución de mi Oficina, con un compromiso de largo plazo que permita tener cuerpos de seguridad confiables, efectivos y respetuosos de los derechos humanos. Estoy convencida que la colaboración entre el Estado mexicano y mi Oficina tendrá un efecto transformador positivo para la realidad mexicana”. 

¿Cuánto de esto se cumplió y de qué manera?  

¿Cuántos de estos aspectos, deseos y compromisos se quedaron en el papel? 

¿Cuántos de estos puntos fueron ignorados finalmente por el gobierno mexicano?