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La corrupción en tiempos de la 4T

Va creciendo la lista con nombres de figuras relevantes de la 4T involucrados en presuntos casos de corrupción, favoritismo y conflictos de interés. | Agustín Castilla

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Escrito en OPINIÓN el

La corrupción fue sin duda uno de los temas que marcaron la pasada contienda electoral por la presidencia de la república ante los excesos que caracterizaron al sexenio de Enrique Peña Nieto, por lo que la imagen de honestidad que Andrés Manuel López Obrador construyó a través del tiempo, su crítica constante así como su compromiso por erradicar la corrupción seguramente contribuyó a definir el sentido del voto de un gran número de electores. Incluso, no le afectó que se sumaran a su campaña personajes de dudosos antecedentes, pues logró convencer de que su ejemplo personal y determinación serían suficientes para terminar con una práctica lamentablemente demasiado común que, con toda razón, provocó una gran irritación en la sociedad. 

Como consecuencia del holgado triunfo electoral de López Obrador, el reiterado discurso presidencial de tolerancia cero a la corrupción, la implementación de medidas de austeridad y algunas acciones aisladas como la detención de Rosario Robles, se logró mejorar la percepción de la ciudadanía al inicio de esta administración. Sin embargo, al paso del tiempo se han ido revelando prácticas que se asemejan mucho a lo que tanto denunciaron desde la oposición, como la adjudicación directa de contratos millonarios a personajes cercanos a la 4T que en muchas ocasiones no cuentan siquiera con la experiencia o capacidad técnica al dedicarse a giros muy distintos, así como a empresas de muy reciente creación. 

Llama la atención que en lo que va de este gobierno, 3 de cada 4 contratos han sido adjudicados sin mediar licitación o cuando menos invitación restringida, lo que en términos del artículo 134 constitucional debía ser excepción, aunado a que dentro de la estrategia para erradicar la corrupción contenida en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 precisamente se contemplaba prohibir las adjudicaciones directas.

También es común encontrar que muchas plazas gubernamentales son ocupadas por familiares de altos funcionarios -aunque en otras dependencias para no incurrir en nepotismo-, pero que probablemente se trate de un intercambio de favores tal y como ocurría en los pasados gobiernos. Es decir, todo indica que la lucha contra la corrupción ha quedado en mero discurso y, como siempre, se mide con distinta vara siendo implacables con la corrupción ajena y muy complacientes cuando se trata de alguien de casa, a pesar de que va creciendo la lista con nombres de figuras relevantes de la 4T involucrados en presuntos casos de corrupción, favoritismo y conflictos de interés, siendo los más recientes el de la secretaria general de Morena, Yeidckol Polevnsky, acusada por el actual dirigente del partido gobernante de malos manejos de recursos por cifras que rondan los 395 millones de pesos, las investigaciones al círculo cercano del gobernador de Morelos que incluye a colaboradores y familiares, o las compras a sobreprecio de ventiladores en el IMSS a la empresa Levanting Group y al hijo de Manuel Bartlett, así como el otorgamiento de contratos nada menos que al hermano de su Director General. 

Diversos indicadores -que presumen si les son favorables pero descalifican acremente cuando no les gustan los resultados- están demostrando que la prevención y combate a la corrupción no puede basarse únicamente en el voluntarismo o el discurso -mucho menos cuando en los hechos poco ha cambiado y al parecer la consigna es “ahora nos toca a nosotros”-, y lamentablemente en esta administración se ha ido abandonado al Sistema Nacional Anticorrupción que debía ser una pieza clave para definir e impulsar políticas institucionales en todos los órdenes de gobierno, además de que la justicia se sigue aplicando discrecionalmente. 

Lo anterior, se corrobora con los datos que arrojó la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI conforme a los cuales en 2019 se incrementó la prevalencia de los actos de corrupción al pasar de 14,635 víctimas por cada 100 mil habitantes en 2017 a 15,732 en 2019, al igual que su costo que en 2017 fue de 7 mil 780 millones de pesos y el año pasado creció a 12 mil 770 millones. Por su parte, el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción 2020 elaborado por la Sociedad de las Américas, el Consejo de las Américas y la consultora internacional Control Risks, le da a México una calificación reprobatoria de 4.5 sobre 10, ya que en los hechos nuestro país se ha estancado y mantiene una débil capacidad para detectar, castigar y prevenir la corrupción.