La carta firmada por ocho integrantes del Congreso de los Estados Unidos dirigida al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, entregada durante su estancia en la ciudad de Washington, expresa las dudas y preocupaciones que se tienen sobre la implementación de la reforma laboral en nuestro país, su análisis es de enorme relevancia.
En el documento firmado el ocho de julio en la ciudad de Washington D.C. por Earl Blumenauer, Rosa DeLauro, John B. Larson, Jan Schakowsky, Mike Thompson, Terri A. Sewell, Suzanne Bonamici y Jimmy Gomez, todos ellos congresistas estadounidenses, expresan cordialidad y cuestionamiento a la vez.
Cordialidad, por la llegada del presidente mexicano a la capital estadounidense en un momento difícil por los desafíos relacionados con la salud y el covid-19.
Cuestionamiento (revestido de diplomacia), porque le recuerdan el compromiso adquirido el 14 de octubre pasado, cuando estos mismos legisladores visitaron nuestro país, para implementar reformas laborales de gran alcance y poner a México a la "vanguardia del derecho laboral en América Latina" garantizando las libertades sindicales y los derechos de los miembros de los sindicatos.
Ellos le manifiestan que a pesar de su compromiso siguen, “…teniendo serias preocupaciones con respecto a la implementación de las reformas necesarias.”
Señalan el surgimiento de nuevos casos de violaciones a la libertad sindical y de casos laborales debidamente documentados que no han sido resueltos a la fecha.
A su vez indican que no se atienden las fallas en los protocolos de legitimación de contratos colectivos (no explican en qué consisten estas omisiones, pero seguro tienen que ver con la falta de vigilancia en esos procesos). De acuerdo con la interpretación de los legisladores esto representa una amenaza las voces independientes y democráticas de los trabajadores.
En la carta cuestionan los desafíos judiciales como “frívolos” porque buscan retrasar y descarrilar estas importantes reformas. Temen que ahora que el T-MEC ha entrado en vigor su implementación no esté encaminada a ofrecer mejoras a los trabajadores mexicanos y estadounidenses.
Indican los legisladores que en un nuevo informe da cuenta de la existencia de despidos ilegales, así como sindicatos de protección que firman nuevos contratos aun sin existir trabajadores. Tampoco hay progreso en la investigación y solución a violaciones documentadas y continuas de la libertad sindical, lo que comentan, ello socava los esfuerzos de buena fe que se llevan a cabo hasta el momento.
Señalan que si bien con motivo del COVID-19 se han presentado obstáculos obvios, es necesario disuadir violaciones continuas y futuras cometidas habitualmente por empleadores y sindicatos de protección. Ellos preguntan: ¿Qué pasos está tomando o planea tomar el Gobierno de México para mitigar el impacto de covid-19 en las quejas laborales?
Denuncian manipulación contra los trabajadores
Sobre el protocolo de legitimación de contratos colectivos señalan tener conocimiento que hay manipulación en perjuicio de los trabajadores por parte de empleadores y sindicatos de protección durante todo el proceso electoral.
Indican en su carta que el progreso hacia el desmantelamiento del sistema sindical de protección del empleador será evidente cuando los trabajadores comiencen a sentirse libres y capaces de rechazar esos contratos corruptos de sindicatos de protección.
Ellos señalan que existen soluciones simples que no se llevan a cabo como el permitir que los trabajadores inicien o soliciten una nueva votación para la legitimación de los contratos, crear una línea directa anónima para que los trabajadores informen irregularidades, así como proporcionar a los trabajadores información pública sobre las elecciones como fecha, hora y lugar, todo esto ayudaría a corregir y reducir vulnerabilidades graves en la actualidad.
Los legisladores le solicitan al presidente de la República comparta una actualización sobre el protocolo de legitimación del contrato y el progreso que se lleve a cabo en las próximas semanas y meses.
Los congresistas cuestionan la reducción del 75% a la línea presupuestaria de "servicios generales" en todas las oficinas del gobierno federal en los que dicen ellos también existe un recorte en los fondos designados para apoyar las reformas de la legislación laboral. Y le solicitan al presidente mexicano tener la información adicional sobre el estado financiero sobre la implementación de la reforma laboral.
Preguntan también si tiene una idea (hecho que no le corresponde responder al presidente de la República) de cuándo el Poder Judicial de la Federación resolverá los casos de amparo pendientes que impugnan la reforma laboral.
Se refieren también al caso de la abogada laboral Susana Prieto Terrazas por los cargos penales pendientes que se le imputan por defender los derechos de los trabajadores que protestaban por medidas adecuadas de salud y seguridad ante el covid-19. Ellos mencionan que, aunque el tribunal suspendió su sentencia el 1º de julio, a la defensora Susana Prieto se le prohíbe representar a esos trabajadores y continuar con su trabajo de defensa en el estado de Tamaulipas.
Cuestionan además que la abogada laboral ahora enfrenta cargos penales de represalia similares en su estado natal de Chihuahua. Indican que estas acciones contra la defensora son un mensaje “escalofriante” para todos los trabajadores y activistas.
Ellos solicitan respetuosamente la protección de los derechos de los trabajadores contra amenazas y violaciones a los líderes nacionales y locales, a sus familias y comunidades garantizando en todos los niveles del gobierno.
Finalmente, los congresistas señalan que el acuerdo comercial tiene como propósito elevar el nivel de vida y apoyar a nuestra comunidad, pero indican que sólo con nuestra dedicación para apoyar la dignidad y protección de nuestros trabajadores será lo que ayudará tanto a México como a Estados Unidos a cumplir los compromisos adquiridos en el acuerdo histórico.
En su carta piden al presidente Andrés Manuel López Obrador una respuesta por escrito que atienda estas inquietudes.
Lo importante será que esta respuesta que haga el gobierno mexicano a los congresistas estadounidenses también se haga pública a nuestro país, y no enterarnos hasta que la que difundan del otro lado de la frontera.