En los últimos días el presidente López Obrador protagonizó dos hechos que han acaparado la atención de la opinión pública -lo cual ya se ha vuelto común-, pero sobre todo generan serias preocupaciones en diversos sectores políticos, sociales y económicos dadas sus implicaciones.
El primero se refiere a la polémica que se desató en torno a la participación del periodista Jorge Ramos en la conferencia mañanera del viernes, quien cuestionó las cifras sobre la violencia e inseguridad prevaleciente en el país -particularmente respecto a los homicidios dolosos registrados durante el primer trimestre del año-, y también manifestó una posición crítica ante la insistente petición del presidente para que el periódico Reforma diera a conocer sus fuentes informativas y revelara quien le filtró el borrador de la carta dirigida al rey de España violentando con ello un principio de confidencialidad reconocido internacionalmente.
La incomodidad de López Obrador fue evidente pues además de que en reiteradas ocasiones ha demostrado tener la piel muy sensible ante cualquier postura crítica, generalmente logra desviar la atención de los temas de fondo y no está acostumbrado a que lo confronten directa y públicamente y, como se diría en el argot boxístico, esta vez Jorge Ramos “lo puso contra las cuerdas”.
Quizá ello explique -aunque de ninguna manera justifica- la reacción de López Obrador quien destacó la prudencia de los periodistas que comúnmente acuden a sus conferencias mañaneras, pero también advirtió que “si se pasan, ya saben lo que sucede” señalando que no es él, sino la gente la que pone a los periodistas en su lugar, haciendo alusión a los embates en redes sociales que han sufrido quienes se atreven a cuestionarlo y asumir una posición crítica. Con razón Jorge Ramos hizo mención en un artículo publicado hace un par de días en el New York Times, a que “las críticas en la jungla de las redes sociales son brutales cuando se toca a López Obrador”.
Aunque al día siguiente trato de matizar, las palabras del presidente se interpretaron como una clara amenaza a la libertad de expresión y de prensa -varias veces el presidente ha arremetido contra la prensa imponiéndole calificativos muy fuertes-, lo que no se puede permitir al ser propio de los regímenes autoritarios y no de un Estado democrático como en el que nos preciamos vivir.
Por otra parte, hace un par de días el presidente firmó el memorándum a través del cual pretendía, según sus palabras, abrogar la reforma constitucional en materia educativa de 2013, ante la incapacidad del gobierno y de su grupo parlamentario en la Cámara de Diputados -a pesar de que ya había acuerdo con la oposición para alcanzar la mayoría calificada- para aprobar la nueva propuesta de reforma enviada por el mismo López Obrador.
Esto también es muy grave ya que representa un claro atentado contra el Estado de derecho y la división de poderes. Prácticamente todos los especialistas han coincidido en que el Ejecutivo no cuenta con facultad alguna para ordenar que se deje de aplicar una disposición constitucional que es de cumplimiento obligatorio, y que por cierto el presidente debe ser el primero en guardar y hacer guardar como lo protestó al asumir el cargo, siendo que únicamente el Congreso puede modificar el marco constitucional y legal. Además, es una señal de que las presiones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación están surtiendo efecto y han logrado doblegar al gobierno federal poniendo una vez más a los intereses políticos por encima del interés superior de la niñez y la importancia de su educación. No son buenas noticias, y parece que se va asomando un rostro autoritario que debemos contener.