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Justicia en casos de corrupción

Se puede pensar que verdad y justicia van de la mano, pero en muchas veces no es así. | Edgar Cortez

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Escrito en OPINIÓN el

Un sistema de justicia penal efectivo debe satisfacer estos cuatro ámbitos: verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición. Frente a asuntos de corrupción estas dimensiones tienen que ser de alcance y satisfacción social.

El martes y miércoles pasados arrancaron los procesos en contra de Emilio Lozoya y aunque tendremos que esperar varios meses antes de ver los resultados, vale preguntar qué se debería de garantizar a la sociedad mexicana para asegurar el acceso a la justicia en este tipo de asuntos.

En lo que toca a la verdad el proceso tendría que dar a conocer de manera detallada la red de corrupción existente que permitió la compra de agronitrogenados a un valor de cientos de millones de dólares por encima del valor real, así como la parte mexicana de la extensa red continental de corrupción alentada por Odebrecht.

Para esto será indispensable presentar nombres, rutas por las cuales circuló el dinero, quiénes y de qué manera se beneficiaron, cuántos de esos recursos terminaron en campañas políticas o comprando voluntades legislativas y todo aquello que se pueda develar.

En cuanto a la justicia se requiere que se investigue y exhiba la evidencia sobre la responsabilidad de quienes perpetraron estos actos, se determine su responsabilidad y alcanzar una sanción acorde a la gravedad de los hechos.

Se puede pensar que verdad y justicia van de la mano, pero en muchas veces no es así. En el caso de Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, se le impuso una pena de apenas nueve años y la justicia no dijo una palabra sobre la red articulada para llevar a cabo la “estafa maestra”.

Otro ejemplo, es lo que sucede con las desapariciones forzadas, pues en estos casos si algo se logra es identificar a los responsables de una desaparición, pero eso no lleva a conocer la suerte y paradero de la persona desaparecida.

El tercer ámbito, la reparación del daño, debería asegurar que los recursos públicos sustraídos se recuperen, se reintegren al presupuesto para satisfacer necesidades sociales, como las actuales derivadas de la pandemia.

Por último, las medidas de no repetición, tendrían que ser la consecuencia de todo lo anterior. Son las acciones necesarias para cerrar el paso a nuevos casos similares mediante cambio de leyes, mejora de procedimientos, reformas institucionales y todo lo que pueda hacer falta.

En México los casos de corrupción son números y en muchas ocasiones escandalosos; sin embargo, la justicia no inhibe su comisión pues no se propone satisfacer necesidades y requerimientos sociales.

En el caso Lozoya habrá que medir su éxito desde lo que se logre en estos cuatro ámbitos. Si el sistema de justicia se centra en simplemente sancionar a una persona, será un fracaso y quedará como una vendetta entre grupos políticos pero no será justicia socialmente satisfactoria.