La selección, formación, actuación y evaluación de las policías municipales es preocupante y muy delicada. En ellas debería recaer el primer trato respetuoso con la gente para mantener la seguridad ciudadana. Si observamos un poco el panorama nacional, se encontrará que el proceder no es el mismo en todo el país y en buena medida obedece a la manera de pensar de quien conduce las presidencias municipales.
En nuestra ciudad de León, Guanajuato, el sábado 22 de agosto ocurrió una grave violación a los derechos humanos en contra de decenas de jóvenes, algunas manifestantes y otras que ejercen la tarea periodística. Y la responsabilidad recae en la policía municipal, quien debería de ser el primer contacto seguro, pero que de nueva cuenta se convirtió en acosadora, golpeadora y torturadora.
Los hechos han sido relatados en la prensa local y nacional y las versiones no coinciden porque de forma evidente el gobierno local culpabilizaba a las manifestantes y justifica el exceso de violencia ejercida. Para las autoridades, las pintas fueron motivo suficiente para abrir las fauces violentas de quienes prefieren el orden conservador a la aplicación de la ley. La versión oficial es mentirosa y calumniadora; los comentarios en su contra que comenzaron a aparecer el mismo domingo en un chat gubernamental, donde se explicaba la situación, comenzaron a ser borrados para que sólo apareciese la palabra del agresor.
Yo tomo la versión de las víctimas como punto de partida y desde el momento que en la casa comenzaron a recibirse las notificaciones por parte de familiares y de víctimas, la indignación es lo que menos me suscitó. Nos llamó un padre que observó cómo a una de sus hijas la subían a las patrullas sin saber el destino. Se fue directo a la delegación de policía, pero como se acostumbra en esta ciudad, no las trasladaron inmediatamente, sino tardaron varias horas, violentando con amenazas y burlas durante el trayecto a las jóvenes, por cierto, varias menores de edad. Los abusos sexuales son deleznables en todo lugar y momento y máxime si provienen de una figura de autoridad, como la policía. Varias narran episodios de agresión a su intimidad. La paradoja es que la manifestación se originó por la violación que sufrió una jovencita en días recientes.
Una parte de la ciudadanía estuvo de acuerdo con el proceder policíaco. Cualquier alteración del statu quo les resulta impensable. Para la mentalidad conservadora es más preocupante las embarradas de aerosol que el cumplimiento del párrafo tercero del art.27: “La intervención de las fuerzas de seguridad pública deberá hacerse por personas con experiencia y capacitación específicas para dichas situaciones […manifestaciones y reuniones públicas…] y bajo protocolos de actuación emitidos por el Consejo del Sistema Nacional de Seguridad Pública”. Y esta mentalidad es la que sostiene al actual gobierno municipal del Partido Acción Nacional.
Los colectivos feministas, Amnistía Internacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Programa de Género de la Universidad Iberoamericana se han pronunciado porque se aplique la justicia a las víctimas y se establezcan medidas correctivas. Algunas representantes populares se movilizaron para conocer el paradero de las jóvenes y presionaron a las autoridades para su posterior liberación.
El que generaliza, absuelve, decía la feminista española Concepción Arenal. Señalar al Estado de manera abstracta no conduce a ninguna parte, en este caso la responsabilidad recae directamente en la presidencia municipal de León. Se requiere encontrar a las y los responsables y que se garantice a las mujeres una vida libre de violencia, lo demás es demagogia.
David Martínez Mendizábal.