El abigeato y la inseguridad en la tenencia de la tierra, sumado a la falta de estímulos al campo, son males que siguen afectando al sector ganadero mexicano. Pese a que este sector, según lo reconoce el propio gobierno, aporta alimento a los hogares, a través de unas 850 mil personas que alimentan y cuidan el hato ganadero, no hay una certeza para invertir.
La propia FAO precisa que la tenencia de la tierra es la relación, definida en forma jurídica y consuetudinaria, entre personas, en cuanto a individuos o grupos, con respecto a la tierra.
La tenencia es una institución, un conjunto de normas inventadas por las sociedades para regular el comportamiento, ello definen de qué manera pueden asignarse dentro de las sociedades los derechos de la propiedad de la tierra
La tenencia es pues una parte importante en las estructuras sociales, políticas y económicas. Es de carácter multidimensional, ya que hace entrar en juego aspectos sociales, técnicos, económicos, institucionales, jurídicos y políticos.
Desde hace muchos años vienen operando en el país invasores que sin aportar un peso dañan la propiedad, rompen cercos de alambre, se apoderan de plantaciones y ranchos, y generan zozobra.
Esto le ha ocurrido a Antonino y Giuseppe Costanzo Farrera, propietarios del rancho Don Ventura, en el municipio de San Fernando, Chiapas, quienes vienen sorteando una serie de presiones de un grupo de invasores, que según ellos, son liderados por el empresario Leocadio Robles.
Ambos refieren en diálogo con La Silla Rota que se dedican a actividades pecuarias y contribuyen al crecimiento, estabilidad y fortalecimiento de este sector. Ellos forman parte de las 850 mil personas que se dedican a la cría y explotación de especies ganaderas y, por tanto, demandan de las autoridades Federales y Estatales que intervengan en este conflicto que amenaza con escalar peligrosamente ya que -sostienen- quienes los invaden hacen disparos constantemente y se han apoderado de sus tierras.
En la víspera, este columnista fue testigo sobre cómo los invasores se replegaron junto con una retroexcavadora y dos vehículos, que estaban en el lugar invadido, cuando vieron aproximarse a elementos de la Guardia Nacional que llegaron al lugar tras la denuncia pública de que hay uso de armas de fuego en el lugar, por parte de quienes invaden.
En un comunicado enviado al Gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, los afectados Costanzo Farrera demandan seguridad en el campo, a la inversión y que defienda a quienes producen y generan estabilidad económica, en momentos en que se requiere una recuperación urgente del sector agrícola y ganadero.
En documentos entregados a La Silla Rota hacen ver que desde hace 56 años son propietarios del predio Don Ventura y que con fechas 1o., de marzo del 2021; 9 de enero del 2022; 21 de abril del 2022 y 6 de junio del 2022 un grupo de personas armadas ha ingresado en diversas áreas del rancho aduciendo ser propietarios de ese predio.
Este grupo, indicaron, obedece órdenes, previa contratación por parte de Leocadio Robles Santos, representante legal de Administradora Empresarial un Nuevo Chiapas S.A. de C.V., y "han levantado postes, cercos eléctricos y alambrados generando clima de zozobra e inestabilidad y buscan, con ello, una respuesta de nuestra parte para después denunciarnos que somos nosotros los conflictivos".
Explicaron que “Robles Santos celebró con promotora INBURSA, S.A de C.V., un contrato de compra-venta Ad Corpus y con reserva de dominio, mediante escritura pública No. 5281, con una cláusula donde la parte vendedora no entrega a la parte compradora la posesión del inmueble y eso ha llevado al promotor de la invasión a apoderarse ilegalmente de nuestras tierras”.
Ante esta situación lo procedente era que ellos, quienes invaden, realicen un apeo y deslinde para determinar las medidas y colindancias con los vecinos, pues como reza el contrato es Ad Corpus, pero sin que medie autoridad alguna ellos han determinado qué terrenos arrebatar sin que nadie haya consultado a los Costanzo Farrera.
Para concretar esta invasión, Leocadio Robles Santos, de acuerdo a la versión de los afectados, contrató al supuesto abogado Luis Antonio Díaz Becerra para que organice un grupo armado de choque encabezado por Juan Paulo Castellanos Pérez, quien se ostenta como ex-militar, con ese grupo de choque que se dedican a invadir y despojar predios colindantes.
La penúltima incursión de despojo la llevaron a cabo el día jueves 21 de abril en la parte trasera del Ristorante del Italiano propiedad de los hermanos Antonino y Giuseppe Costanzo Farrera, quienes al ver qué esté grupo estaba invadiendo su propiedad solicitaron el apoyo al 911 como consta en el reporte tux2204210145, en respuesta arribaron elementos de diferentes corporaciones policiacas y se entrevistaron con los hermanos Costanzo Farrera.
El viernes 22 de abril a las 8:30 de la mañana, un Fiscal de Asuntos Especiales de Chiapas acude al predio invadido acompañado de elementos policiales de diferentes corporaciones y se entrevista con los Hermanos Costanzo Farrera y proceden a acercarse caminando al área invadida del predio.
Al arribar se encuentran con los invasores en flagrancia quienes mandan llamar al que se refieren como "Comandante", quien resulta ser Juan Paulo Castellanos Pérez. Ante un intercambio de palabras se procede a la detención de Juan Paulo y cuatro personas más, ya que las demás personas que se encontraban en el predio increparon a los policías y lograron huir, se procedió a llevar a los detenidos a los vehículos que se encontraban en el estacionamiento del Ristorante del Italiano.
En la noche los hermanos Costanzo son atendidos por el fiscal de asuntos especiales, José Manuel Figueroa Díaz y acuerdan realizar una diligencia al siguiente día. El fiscal de asuntos especiales, los policías y los detenidos se trasladaron a las instalaciones de la fiscalía para realizar las declaraciones correspondientes
Posteriormente, el 23 de abril, Antonino Costanzo fue citado a la fiscalía general a las doce del día por Jordan de Jesús Orantes Alegría, fiscal de coordinación, para comunicarle que los detenidos serían liberados, cosa que sucedió aproximadamente a las cinco de la tarde de ese mismo día. Cabe mencionar que en la entrada de las instalaciones de la Fiscalía General se encontraba Luis Antonio Díaz Becerra, representante legal de Leocadio Robles Santos, con un grupo de personas que amenazaron e increparon a Antonino Costanzo cuando arribó a las instalaciones de la fiscalía general.
El día 25 de abril Antonino Costanzo Farrera acudió a la Fiscalía de asuntos especiales para darle seguimiento al expediente.
Frente a este clima incierto en la tenencia y seguridad de la tierra, los afectados le pidieron al Gobernador Rutilio Escandón Cadenas que se haga valer el Estado de Derecho y que los que reclaman la propiedad se conduzcan por los cauces legales pertinentes, como lo sería un juicio civil de apeo y deslinde y deje de incurrir en actos ilícitos de despojo hacia sus propiedades al tiempo que deje de poner en riesgo la integridad sus familias.
Los afectados sospechan que no hay transparencia por funcionarios de menor rango de la Fiscalía General de Justicia de Chiapas y reclaman transparencia en todo el proceso de investigación para determinar quién tiene la razón.