Si en los albores de la planeación y ejecución, allá por el 2007, de la denominada línea dorada del sistema de transporte colectivo metro de la CDMX, se hubiera consultado a los pueblos y barrios originarios pertenecientes a alcaldías como Tláhuac e Iztapalapa, el día de hoy contaríamos con una obra pública legítimamente democrática, basada en el respeto a los derechos humanos.
Hace unos días, la doctora Claudia Sheinbaum, señaló que, a efecto de dotar de autonomía a los 193 pueblos y 56 barrios originarios que tiene empadronados la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, se realizará una consulta para acordar la figura de representación política que prevé la Constitución Política local, y sobre el presupuesto que tienen considerado.
No obstante que se trata de un ejercicio que abona a la garantía de los derechos colectivos de las comunidades, es importante recordar que el derecho a la consulta debe prevalecer ante cualquier medida que adopte el poder ejecutivo o el legislativo, y que sea susceptible de afectar los espacios públicos y de convivencia comunitaria, edificios e instalaciones, así como la imagen urbana con que cuentan los pueblos y barrios originarios.
En ese sentido, una megaobra, proyecto o permiso que otorguen las autoridades y que implique una alteración al entorno de las comunidades originarias de nuestra ciudad, necesariamente debe contar con el aval de los sujetos de derecho; de lo contrario, se estarán violando los derechos humanos antes referidos.
Ahora bien, una consulta del tipo debe ser de buena fe, con la finalidad de obtener el consentimiento libre, previo e informado de los habitantes, así lo establecen instrumentos internacionales y la propia ley local. Para lograr ese cometido, la información pública en torno a las decisiones que se pretendan adoptar debe estar disponible de manera clara, oportuna y accesible.
Justamente ahí, es donde tiene una posición relevante el INFO-CDMX, ya que, al ser garante del derecho humano de acceso a la información pública, debe impulsar estrategias que pongan al alcance de los diversos sectores de la sociedad, los medios para el ejercicio de tal derecho, los cuales deben ser acordes al contexto sociocultural de que se trate.
Por consiguiente, sería deseable que el instituto impulse alguna política de transparencia proactiva, materializada en un mecanismo o sistema de datos, que permita concentrar información sobre temas que repercutirán en los derechos individuales o colectivos de los pueblos y barrios originarios de la CDMX.
Pero, más allá de eso, el INFO-CDMX debería colaborar de manera coordinada con las autoridades capitalinas, a efecto de evaluar la efectividad de los medios utilizados para comunicar a la población la información preponderante y útil para participar en la toma de decisiones. La colaboración del órgano garante en materia de transparencia dotará de certeza a este tipo de procesos, donde la información es un requisito básico e indispensable.
La labor del INFO-CDMX para favorecer a los pueblos y barrios originarios, ampliará el panorama en torno al uso de la información pública, convirtiéndola en un instrumento de carácter eminentemente social.
Manuel Bazan Cruz
Colaborador de Integridad Ciudadana, A.C., Especialización en Políticas Públicas para la Igualdad en América Latina (CLACSO). Maestro en Transparencia y Protección de Datos Personales (mención especial UDG), Especialista en Derecho de la Información (mención honorífica UNAM). Licenciado en Derecho (UNAM). Temas de interés: Derechos humanos, democracia, América Latina y El Caribe, grupos vulnerables, derecho a la información, transparencia, rendición de cuentas, libertad de expresión, datos personales.
Integridad Ciudadana
Es una asociación no lucrativa, independiente, sin afiliación partidista, que se creó en 2008 por un conjunto de profesionistas provenientes de diferentes disciplinas. Poco a poco, Integridad Ciudadana fue involucrándose en proyectos relacionados con el análisis y el diseño de las políticas públicas de los gobiernos locales; su planeación, evaluación y fiscalización, así como con su desarrollo urbano regional y el impacto que todo ello genera en el hábitat y por tanto en la calidad de vida.
Nuestro objetivo principal, es impulsar la participación ciudadana, la investigación, la docencia, la elaboración de propuestas de políticas públicas, así como fomentar la cultura de la legalidad, mediante la divulgación de opiniones informadas y responsables.