A raíz de la reforma en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, publicada el 13 de abril de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, fueron modificadas seis leyes generales y dos federales para disponer de mecanismos de prevención, combate, sanción, reparación y erradicación de este terrible fenómeno que aqueja a nuestro sistema democrático y, en particular, a las mujeres.
Dentro de estas reformas se previeron diversas disposiciones que tienen impacto sobre el funcionamiento y atribuciones del Instituto Nacional Electoral (INE), lo que ha derivado en la emisión de diversos acuerdos del Consejo General, que se han materializado en diferentes reformas a su normativa interna.
A la par de esta serie de modificaciones, el INE ha ido creando múltiples disposiciones para implementar la reforma en comento como la aprobación de los lineamientos para la integración, funcionamiento, actualización y conservación del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política de Género; los lineamientos para que los partidos políticos prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia de género; los criterios aplicables para el registro de candidaturas a diputaciones federales por ambos principios que presenten los partidos políticos y/o coaliciones; la declaración y los formatos “3 de 3 contra la violencia”, entre otras, y que han sido impulsadas desde las Comisiones auxiliares del Consejo General como la de Igualdad de Género y No Discriminación y la de Prerrogativas y Partidos Políticos.
Por su parte, la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales (AMCEE) en el marco de la “Agenda para la Igualdad de Género en el Sistema Electoral Nacional” suscrita por el INE y los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) en 2018, propusieron llevar a cabo un proyecto que diera seguimiento a las candidatas a puestos de elección popular en cada entidad federativa, para que en coordinación con el INE, se pudiera presentar de manera sistemática la relación de posibles casos de violencia política por razón de género que hubieren surgido durante las campañas electorales.
Este proyecto fue conocido como Red de Comunicación entre las Candidatas a cargos de elección popular y los OPLE para dar seguimiento a casos de violencia política en razón de género, el cual se implementó en los procesos electorales locales 2017-2018 y 2018-2019.
En este sentido y de cara a la elección más grande que México haya tenido, justo el pasado 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de las Mujeres, el INE y la AMCEE firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de llevar a cabo de manera coordinada distintas actividades relacionadas con la promoción y difusión de la cultura democrática con perspectiva de género e interculturalidad, así como la implementación de diversas acciones conjuntas para promover la no discriminación, la igualdad, la prevención, atención y erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género.
Este convenio contempla, asimismo, entre sus líneas de acción diversos mecanismos para lograr los objetivos fijados, como la creación de redes de comunicación con candidatas a cargos de elección popular en todo el país, así como el desarrollo de contenidos y la compilación de información que será relevante en materia de violencia política en razón de género, por mencionar algunas.
Tal y como lo señalé en el acto protocolario para la firma de este Convenio en mi calidad de Presidenta de la Comisión de igualdad de Género y No Discriminación del Consejo General del INE, este tipo de herramientas sientan las bases para el seguimiento de las denuncias remitidas a las autoridades electorales locales, con el fin de verificar que todas las autoridades electorales cumplen con su cometido.
Ahora será necesario que los procedimientos sancionadores sean expeditos para materializar con efectividad la reforma de abril de 2020 para atender, prevenir, sancionar, reparar y eliminar la violencia política contra las mujeres en razón de género.