Hace un par de semanas se cumplió un aniversario más del estallido de la huelga estudiantil más larga en la historia de la UNAM.
La huelga del Consejo General de Huelga CGH tuvo en un inicio el amplio apoyo de la comunidad. Se combinaron para ello dos factores: la torpeza de la Rectoría aprobando al vapor y clandestinamente un polémico Reglamento General de Pagos; y el protagonismo inicial del bloque democrático, que mediante la organización de asambleas representativas en casi todos los planteles y la convocatoria a un plebiscito universitario, legitimó al movimiento.
Por diversos factores, entre los que sobresalen errores en nuestra ala democrática, la huelga terminó en manos de grupos autollamados ultras, que en los hechos asumieron una consigna, que fue la esencia final del movimiento: “El fin justifica los medios”. Así, instauraron la violencia y la exclusión contra activistas, universitarios y miembros de la sociedad en general que no pensábamos como ellos.
Generalizar sobre la naturaleza de los grupos ultras que dominaron los meses finales de la huelga sería un disparate. Hay que reconocer que en ellos participaban jóvenes que creían hacer lo correcto, y que no reprodujeron acciones violentas.
La huelga concluyó, casi un año después, con la entrada de la Policía Federal Preventiva PFP, hoy extinta. La responsabilidad de este hecho violento la asumió el presidente Ernesto Zedillo. Los líderes ultras también debieron asumir esa responsabilidad. Tuvieron conocimiento pleno de la inminente represión, pero prefirieron conducir al CGH al callejón sin salida.
El Consejo Universitario había aprobado a fines de enero del 2000 la propuesta de “Los Eméritos”, que resolvía el pliego petitorio avalado inicialmente por la comunidad. El movimiento estudiantil había ganado, pero la ultra prefirió victimizarse.
En los años venideros ellos mismos han reivindicado a la huelga que mantuvo la gratuidad universitaria y detuvo el proyecto neoliberal en la UNAM. Sin embargo, hace dos décadas se aferraron a un pliego petitorio, modificado durante la huelga, que debía cumplirse con todas sus interpretaciones, abstractas y futuristas.
Cuando persisten en el movimiento estudiantil lógicas extremistas y cerradas al diálogo, siempre surgen intereses que buscan aprovecharse de las crisis. Por ejemplo, en el 2000, ciertas corrientes universitarias que simpatizaban con la privatización gradual de la UNAM propusieron cambios en la estructura universitaria, como incorporar el Bachillerato a la Secretaría de Educación Pública SEP. Todo quedó solo en propuesta, afortunadamente.
Por ello es pertinente señalar vicios o desviaciones de quienes, desde el activismo estudiantil, pretenden utilizar causas justas y nobles para fines distintos o con intereses sectarios, que sirven a aquellos que intentan sacar ventaja de la inestabilidad.
Hoy en día se mantienen tomados algunos planteles universitarios, en supuesto apoyo al movimiento feminista. En nombre del feminismo se han vandalizado planteles y se ha violentado la voluntad democrática de las comunidades. Otra vez la misma lógica: el fin justifica los medios.
Nadie puede cuestionar la legitimidad de las demandas feministas que claman la erradicación de la violencia de género. Es cierto que hay una deuda institucional, que faltan recursos legales, políticas integrales y sanciones más severas en la materia. Pero también es cierto que ha comenzado un esfuerzo genuino por parte del Rector Enrique Graue para atender y erradicar la problemática. Desde luego en la medida en que participe ampliamente la comunidad, con sus propuestas se enriquecerán las estrategias, se profundizarán los avances y se consolidará la normatividad necesaria para quitar este lastre.
Tener cerradas algunas escuelas y facultades, sin la representación, ni la voz ni el voto de las comunidades reproduce la violencia que se critica, impide en los hechos una discusión democrática en los planteles, desvirtúa al movimiento feminista, pero además alimenta intereses que anhelan desestabilizar.
Intereses facciosos, que podrían considerarse una mano negra, auspician a quienes hoy, con la razón de la fuerza, se autoerigen como voces únicas para salvaguardar la equidad de género. ¿Se pretende debilitar a la Rectoría para sacar beneficio de la eventual debilidad o caída de alguna autoridad universitaria?
Como sea, es inaceptable aprovecharse de demandas legítimas para alcanzar otros objetivos. El fin no justifica los medios, lo reitero.
* Bolívar Huerta Martínez
Activista de la Facultad de Ciencias durante la huelga universitaria en 1999-2000.