En el Senado de la República, el 22 de febrero de 2019, se aprobó por unanimidad, el dictamen por el que se reforman diversas disposiciones constitucionales que establecen el marco jurídico, para la creación de la Guardia Nacional y legitimar o proporcionar seguridad o certeza jurídica a la actuación del Ejército y la Marina en funciones de seguridad pública en el país.
Se trata de una reforma que aún deberá continuar el trámite del proceso legislativo en términos de los artículos 72 y 135 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De manera que, después de ser aprobada por las dos Cámaras que integran el Congreso de la Unión, ésta deberá cumplir el requisito de obtener la aprobación de la mayoría de los Congresos Estatales.
Al margen de dicho proceso -que pensamos logrará el consenso político necesario para que la reforma constitucional sea una realidad jurídica-, debemos tener presente que se trata de un marco general, el cual será objeto de una serie de reformas a diversas leyes ordinarias en la materia y en donde habrá de vigilarse cuidadosamente el respeto a los derechos humanos.
El acuerdo logrado por las y los legisladores de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso General son solo la punta de lanza de un nuevo andamiaje jurídico que deberá dar forma no solo a la Guardia Nacional como una nueva institución de seguridad pública, que no se trate de semántica pura, donde solo sea el cambio de denominación de la -hasta ahora- llamada Policía Federal, sino que, el nuevo cuerpo policial, atienda efectivamente a la filosofía de la seguridad pública y con un enfoque protector de los derechos humanos.
Lo anterior no es cosa menor, ya que es necesaria la lupa ciudadana en el desarrollo de la legislación reglamentaria, puesto que nuestra experiencia profesional nos ha dado cuenta, por ejemplo: que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ante los hechos de violencia que se presentaban de forma recurrente en el país -desde hace más de una década-, emitió la Recomendación General número 12, el 26 de enero de 2006, titulada “Sobre el uso ilegítimo de la fuerza y de las armas de fuego por los funcionarios o servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley”.
A ese respecto, en ocasiones -como en el caso de los hechos de violencia suscitados en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México, en mayo de 2006- se utilizó personal militar con uniformes de la Policía Federal (civil), para realizar funciones de seguridad pública y con uso excesivo de la fuerza, lo que dio como resultado la Recomendación 38/2006 emitida por la CNDH, dirigida al entonces gobierno del Estado de México y a la entonces Secretaría de Seguridad Pública federal, entre otras autoridades.
Las discusiones y los acuerdos logrados por las diferentes fuerzas políticas, para avanzar en las reformas constitucionales ahora planteadas, permite observar la intención de homologar el régimen de formación y la disciplina de los miembros de la Guardia Nacional al militar, lo que implica entonces la necesidad de poner en el centro de esa política formativa el respeto por los derechos humanos.
Cumplir con estándares internacionales en la materia, especialmente en cuanto al uso de la fuerza como una medida legítima, excepcional y proporcional del Estado, si bien constituye un mecanismo para el cuidado de la paz y el orden jurídico impone, a su vez, la obligación del propio Estado, para proteger y defender los derechos humanos de las personas a través de políticas públicas preventivas y no sólo reactivas.
El ejercicio de un Parlamento abierto, sin duda alguna, deja grandes aportes a la labor de las y los legisladores, la voz de la sociedad civil organizada, de los especialistas, académicos, expertos en la materia y demás; sin embargo, dicha voz debe ser escuchada de manera permanente y no solo en procesos específicos como en el presente caso. Participación de la sociedad civil
Como lo hemos señalado, se trata solo de la punta de lanza en la atención de una problemática pública que tiene a México sumido en una situación grave de violencia e impunidad, por lo que se requiere de una continua y permanente participación de la sociedad civil constituida como un efectivo instrumento de control del poder que vigile, evalúe, prevenga y corrija, etcétera, mediante observaciones o señalamientos, las fallas o los errores detectados en su operación, al tiempo que proponga soluciones o mejoras al Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como a la labor profesional y ejecutiva de la Guardia Nacional.
Estamos ciertos que el éxito de estas instituciones de seguridad pública radica en la formación profesional de su personal y que la disciplina castrense, si bien puede ser adoptada para la preparación de los integrantes de la Guardia Nacional, no debe perderse de vista que el enfoque ejecutivo de estas élites atiende a la resolución diferenciada de conflictos. Esto es, mientras que los militares obedecen a la idea de abatir al enemigo, la labor policial tiene un enfoque preventivo y disuasivo de la comisión de conductas delictivas.
En nuestra opinión, estos mecanismos o instrumentos ejecutivos o de seguridad pública, obedecen -per se- a una idea predispuesta para la contención de actos o conductas delictivas. Por tanto, no pueden quedar al margen de las problemáticas públicas coyunturales, paralelas o transversales que inviten o alienten a la comisión de dichos actos; antes bien, el impulso que se dé a la preparación, especialmente en materia de derechos humanos, para el personal de la Guardia Nacional, se verá reflejado por la eficacia de su labor en el sostenimiento de la paz, la seguridad y el bienestar de las y los ciudadanos.
* Dra. Susana Thalía Pedroza. Investigadora titular “B” del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; coordinadora general de la División de Estudios de Posgrado y del CIJUREP de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, e investigadora nivel III del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).