Resulta sano para la democracia que la Cámara de Diputados haya aprobado -por 420 votos a favor, 15 abstenciones y ninguno en contra- la reforma a los artículos 108 y 111 de la Constitución que permitirá que el presidente de la República pueda afrontar, sin inmunidad, la justicia como cualquier ciudadano.
Esto es un paso gigantesco que, de ser aprobado en el Senado, debe tener preocupado al gobernante Andrés Manuel López Obrador quien tendrá que responder por todos sus actos como jefe de Estado, sin poder esconderse de la acción penal.
En esa línea podrá ser sujeto a un juicio político en el Senado de la República y su eventual desafuero.
Ahora está en poder del Senado la minuta que establece la posibilidad que el mandatario en turno sea considerado, para efectos de responsabilidad penal, como cualquier ciudadano que no tiene inmunidad ni protección alguna y que, ante una sentencia firme, pueda ser sujeto a juicio.
Fuera el fuero. Se acabaría así la inmunidad e impunidad con que se ha gobernado por décadas este país.
Ahora deberán pensarlo bien, quienes gobiernen México, antes de meter la mano al presupuesto, destinar obras a sus amigos, cobrar diezmos o cometer alguna barbaridad jurídica o violación a los derechos humanos.
El diario La Jornada reportó que, del total de diputados presentes, 16 del PAN votaron en abstención, tras la postura de algunos de los legisladores de ese partido, respecto de que no se elimina el fuero, porque el proceso para enjuiciar a un Presidente debe pasar por el Senado.
Esta es la cuarta ocasión que se aprueba y se envía al Senado tal reforma para su revisión.
Ya antes el Senado ha devuelto la iniciativa, en las que incluyó a los legisladores del Congreso de la Unión como sujetos del mismo proceso de limitación del fuero, añadido rechazado a su vez por los diputados el mismo número de veces.
De esa forma, la Comisión de Puntos Constitucionales atendió la iniciativa original del presidente Andrés Manuel López Obrador, de diciembre de 2018, en la que se establece: “durante el tiempo de su encargo, el Presidente podrá ser imputado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano”.
Si esto se concreta pasará a la historia el hecho de que nunca más un Presidente debe tener un elemento de impunidad.
Eliminar el fuero Constitucional no solamente para el presidente de la República sino para todos los servidores públicos, para que sean imputados penalmente durante el tiempo de su encargo ante la comisión de un delito, debe ser la norma cotidiana.
Es tiempo que se puedan imputar penalmente a gobernadores, diputados locales, presidentes municipales, regidores y alcaldes, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas, miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, concejales.
El suelo debe estar parejo y deben ser juzgados como cualquier ciudadano. Pero en todos los casos se deberá observar los principios de derechos y garantías procesales que la Constitución establece.
Aunque la Constitución establece que se puede proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, el Fiscal General de la República, así como el consejero Presidente y los consejeros del Instituto Nacional Electoral, en la práctica esto no sucede.
Y no ocurre porque todos se tapan con la misma cobija de la corrupción. Frente a ese escenario y el agotamiento social de que México no avanza por estar gobernado por corruptos es urgente que se apruebe el combate a fondo de la impunidad.
El flagelo de la corrupción genera pérdidas anuales en México del orden de los 347 mil millones de pesos, lo que equivale a nueve por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Cada sexenio se han venido enriqueciendo presidentes municipales, gobernadores, comandantes de la policía, constructores que realizan la obra pública, secretarios de Estado y presidentes de la República.
Hay una gavilla de bandoleros metidos a la política que se han enriquecido. Sean del PRI, del PAN y ahora de Morena, todos parecen cortados con la misma tijera de la corrupción.
La compra de haciendas, yates, jets, casas de playa, ranchos, lujosos vehículos y joyas ha sido una constante en un empobrecido país como México.
Por eso es saludable la iniciativa que busca poner fin al fuero, a la impunidad, al bandolerismo de cuello y corbata y mandar a la cárcel a quienes depredan las arcas mientras el país se hunde en deuda y en la más escandalosa de la miserias.
Es urgente y necesario erradicar la posibilidad de que un servidor público se valga del fuero, como figura institucional, para emplearlo como un escudo ante prácticas de corrupción o de conductas delictivas, como viene ocurriendo.
El fuero ha sido un privilegio que se encuentra implícito en determinados cargos públicos a favor de sus respectivos titulares e impide que ciertos funcionarios sean procesados penalmente. Eso debe ser cosa del pasado.
Ahora deben ir a la cárcel todos los que delincan sean del PAN, PRI, PRD, MC, PES, PVEM, Morena y los que aparezcan a futuro.
Es tiempo de dar un golpe de timón y frenar el abuso, la corrupción, la millonaria extracción de dinero. Solamente así México dejará de ser visto, en el contexto internacional, como un paria.