¡Hasta el 2032 podríamos tener la cantidad necesaria de agentes del ministerio público en Guanajuato!
Nos faltan 365 agentes del ministerio público para llegar por lo menos a la media nacional de atención de carpetas de investigación por cada uno, que es de 145.
En el año 2021 se graduaron para incorporarse 32 agentes que requieren un año de capacitación. Entonces, están rebasados con un promedio de 258 carpetas que atender en sus escritorios todos los días, uno de los más altos del país.
Me lo confirmó el Fiscal en el Congreso durante el análisis de su tercer informe.
El 25% de esas carpetas son enviadas a archivo temporal. Si su denuncia es de esas, por eso siente que no ha recibido atención eficaz de la Fiscalía. Pero ahí no termina el déficit.
De acuerdo con la información que me proporcionó la propia Fiscalía respondiendo a las 42 preguntas iniciales que hice, derivadas del análisis del documento entregado en el Congreso, se revela que: ¡nos faltan 105 peritos adicionales! y ¡nos faltan también 407 policías ministeriales adicionales!
Ello, considerando que en el caso de peritos la media nacional es de 9.7 por cada 100 mil habitantes y Guanajuato tiene 8. Y en el caso de policías ministeriales, por cada 100 mil habitantes la media nacional marca 14.8 y Guanajuato tiene 8.2.
A mí me sorprendieron los datos. Porque la narrativa de que vamos muy bien y en los primeros lugares en algunos indicadores contrasta con lo que las y los ciudadanos percibimos del sistema de procuración de justicia.
¿Es posible que nuestra percepción en medio de los procesos de la Fiscalía tenga respuesta en esos -pocos- índices en los que no llegamos ni a la media nacional, aunque otros los rebasemos?
Un dato más: en el reporte de Hallazgos 2020, el estado de Querétaro se ha posicionado como un referente de construcción de factores que facilitan la operación del sistema, esto gracias a los esfuerzos de coordinación interinstitucional, que abarca a todos los operadores del Sistema de Justicia Penal. Y en Guanajuato apenas tenemos un convenio de coordinación firmado el 7 de diciembre de 2021 para establecer bases y mecanismos de coordinación, ¿vamos tarde?
El ejercicio de hoy en el Congreso nos dio muchas explicaciones de lo hecho, articuladas en el diseño del documento, pero nos deja también muchas preguntas más sobre lo no hecho.
Por el tiempo, no hubo respuesta para todo, pero comparto aquí algunos otros planteamientos que hice:
De acuerdo con el informe, podemos apreciar cumplimento de metas en muchos rubros, pero para la ciudadanía que no encuentra justicia ¿qué dicen esos números? ¿cuál es la lectura de esas metas en el ejercicio de la función de procuración de justicia? ¿nos habla de actividad inercial anual en los primeros años de la Fiscalía? ¿o del establecimiento de números por alcanzar que nos lleven a la efectividad?
Y mi extra, desde la perspectiva de género: el porcentaje de mujeres según los rangos salariales se dividen de la siguiente manera: nivel 2,18.41%; nivel 3, 0.44%; nivel 4, 18.97%; nivel 5, 8.84%; nivel 6, 3.09%; nivel 7, 4.14%; nivel 8, 8.12%; nivel 9, 20.34%; nivel 10, 4.02%; nivel 10ª, 0.36%; nivel 11, 0.76%; nivel 12, 11.33%; nivel 13, 0.60%; nivel 14, 0.44%; nivel 15, 0.08%; nivel 17, 0.04%; es decir, que las mujeres no estamos presentes en los cargos directivos de la Fiscalía General.
¿Qué acciones afirmativas de género ha tomado o tomará la Fiscalía General para que las mujeres ocupen cargos directivos cada vez más altos?
Me pregunto todo esto, porque de alguna manera nos tenemos que explicar esas diferencias entre los documentos oficiales y lo que las y los guanajuatenses sentimos, la brecha entre los discursos, los hechos, y la percepción ciudadana. Sin duda, el formato de rendición de cuentas de la Fiscalía General ante el Poder Legislativo debe mejorar.
La defensa del Fiscal estriba en que los índices nacionales no se construyen en la Fiscalía, sino que son mediciones externas, fundamentalmente de organizaciones civiles o los índices oficiales a cargo de organismos públicos nacionales cuyas metodologías no tiene a detalle y no puede pronunciarse sobre ellas. Fue lo que respondió repetidas veces al respecto.
Quienes tienen evaluaciones sobre el desempeño de la Fiscalía en Guanajuato son: el Centro de Análisis de Políticas Públicas, México Evalúa, a través del documento que se denomina “Hallazgos 2020: Seguimiento y Evaluación del Sistema de Justicia Penal en México”; Impunidad Cero a través del Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías (IEDF); el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que realiza la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) y el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (CNIJ).
Estas evaluaciones ranquean a Guanajuato a nivel nacional y los índices a los que me he referido al inicio solo dan cuenta de cómo alcanzar promedios nacionales, sin mencionar si eso es suficiente para atender de manera óptima la procuración de justicia, la menos para Guanajuato. Pareciera que la respuesta natural es no.
Y entonces me vuelvo a preguntar si en la Fiscalía General, y en otras instancias de la cadena de prevención del delito, acción policial de persecución y la investigación para la procuración de justicia nos falta un sistema de evaluación propio que además de compararnos, nos ubique en las deficiencias propias con respecto al fenómeno delictivo y la forma en la que deberíamos actuar para lograr la eficiencia que definitivamente no hemos alcanzado.
Podría pensarse que un sistema de evaluación propio podría fácilmente caer en la autocomplacencia que de por sí se percibe. Pero entonces ¿Cómo evaluamos la efectividad de lo que sí se hace y cómo llegamos a saber lo que nos falta?, ¿cómo llegaremos a saber cuáles son los niveles óptimos si sumamos al panorama la cifra negra?, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar para tener la Fiscalía que Guanajuato necesita? Por lo menos al 2032, si las cosas se mantuvieran exactamente como hoy.