En estas semanas posteriores a que una investigación periodística develara que Manuel Bartlett omitió en su declaración patrimonial 25 inmuebles por un valor aproximado de 800 millones de pesos que aparecen en el Registro Público de la Propiedad a nombre de su pareja sentimental y de sus hijos, el funcionario del gobierno federal ha recibido el respaldo de la denominada 4T empezando por el presidente López Obrador, quien cuando menos en dos ocasiones ha reiterado públicamente su confianza en el director de la CFE cuestionando las acusaciones -a pesar de que cuentan con soporte documental-, y ha señalado que se trata de ataques de sus adversarios -pasando por alto que él mismo lo calificó como corrupto en 1995 por supuestas transas inmobiliarias-, lo que al parecer se convirtió en una suerte de consigna para su defensa a ultranza.
Llama la atención por ejemplo, la demora de la Secretaría de la Función Pública para iniciar una investigación, o la cómoda entrevista que en un programa de televisión le hiciera ni más ni menos que el esposo de la encargada de determinar si incurrió en responsabilidad. Tampoco genera mucha confianza que el esposo de la Fiscal Anticorrupción se haya desempeñado como asesor de Manuel Bartlett en la pasada legislatura. El tratamiento que se ha dado a este caso es claramente distinto a muchos otros en los que se ha aplicado todo el rigor -como debe ser-, e incluso a aquellos en los que han bastado algunos comentarios en las conferencias mañaneras -que no se acompañan de información que cuando menos permita presumir una posible actuación irregular-, para que se detone el linchamiento en redes sociales con el consecuente desprestigio público.
Por su parte, Bartlett ha optado por minimizar las denuncias dando respuesta con un escueto comunicado y dejando que el director de comunicación de la dependencia a su cargo se confronte con los periodistas que han expresado su opinión en pleno ejercicio de la libertad de prensa. Si acaso ha pretendido circunscribir el asunto a la omisión en su declaración patrimonial, argumentando que no estaba obligado a hacerlo ya que sus hijos no son sus dependientes económicos y que su pareja desde hace más de 20 años no es su concubina.
Sin embargo, aún y cuando no se ha negado la existencia de dichos inmuebles, no se ha explicado cuál es el origen de los recursos con los que fueron adquiridos por personas de su círculo íntimo cuando al parecer no tenían actividad empresarial o económica previa que les permitiera acumular ingresos de esa magnitud. Los argumentos de Bartlett no se diferencian mucho de la penosa defensa que intentó el ex presidente Peña Nieto de su entonces esposa respecto a la propiedad de la casa blanca.
Por si lo anterior no fuera suficiente, en una segunda etapa de la investigación se descubrió que a partir de 2001, siendo senador por el PRI, la pareja sentimental de Bartlett así como uno de sus hijos constituyeron 10 empresas -por lo menos dos de las cuales han obtenido recientemente contratos gubernamentales-, y otras dos en las que él mismo tiene participación y que por supuesto no fueron declaradas.
Conforme van apareciendo nuevos elementos se incrementa la percepción de que Bartlett tiene algo que esconder, como lo revela la encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica en la que el 92% de los entrevistados considera que se le debe investigar, mientras que 76% simplemente no le cree.
Tal parece que se están olvidando muy pronto del mandato expresado en las urnas para que el combate a la corrupción deje de ser una simulación o un tema sujeto a criterios políticos y realmente se convierta en una prioridad del Estado mexicano, para lo cual es indispensable conocer los vínculos de los políticos con familiares, socios o amigos que pudieran beneficiarse a través de los cargos públicos.