Un aspecto fundamental de toda democracia representativa es la participación de los ciudadanos en la toma de las decisiones que conciernen a las políticas públicas que benefician a la población. Esta configuración tiene un doble resultado positivo para las partes; por un lado, legitima las acciones de gobierno al tomar en cuenta la decisión mayoritaria de la ciudadanía y, por otro lado, incentiva a la gente a involucrarse y a construir una serie de ideas que, pueden ser materializadas en propuestas o proyectos en beneficio de su colonia o comunidad.

En la Ciudad de México, a partir de la promulgación de la otrora Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, en 2010 por la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se establecieron las primeras bases para que la población participara en definir diversos proyectos en torno a obras, servicios, equipamiento e infraestructura urbana, entre otros, destinando para ello, situación que prevalece hasta nuestros días, el tres por ciento del total del presupuesto asignado a cada demarcación territorial (antes delegaciones políticas).

Las necesidades de la población

Para este año, y con una serie de modificaciones a la normatividad aplicable, la Ley de Participación de la Ciudad de México establece un ejercicio denominado “presupuesto participativo”, que está dirigido a que los ciudadanos de esta gran urbe, que cuenten con su credencial de elector, decidan respecto a la forma en que serán aplicados los recursos, en un tres por ciento del presupuesto anual de las alcaldías (antes delegaciones), para el ejercicio fiscal siguiente.

La aplicación de dichos recursos, son dirigidos a proyectos específicos que la ciudadanía decida en una Consulta Ciudadana por las colonias o pueblos originarios en que se divide nuestra Ciudad Capital, y de acuerdo con alguno de los siguientes rubros: obras y servicios, equipamiento, infraestructura urbana, prevención del delito, y en general, aquellos que estén relacionados con actividades recreativas, deportivas o culturales.

Esta consulta tuvo verificativo el domingo pasado, es decir, el 2 de septiembre de forma presencial, a través de mesas receptoras de votación ubicadas en diversos puntos de la Ciudad de México. Previamente, entre el 28 y el 30 de agosto, los ciudadanos pudieron participar vía remota y por internet; aspecto que, desde 2014 se ha instrumentado con gran éxito y que este modelo bien podría trasladarse a las elecciones constitucionales no sólo en la Ciudad de México, sino a nivel federal y para el resto de las entidades federativas.

Es importante referir que, por primera vez, pudieron opinar e inclusive registrar proyectos, vía internet, las y los ciudadanos de esta urbe residentes en el extranjero y en otras entidades federativas.

El presupuesto participativo, como podemos observar es un ejercicio democrático en el que la población determina abiertamente el proyecto que considera más benéfico para su comunidad y, consecuentemente, la ciudadanía vota por ellos, de tal forma, que quien obtuvo el mayor número de votos es el proyecto a realizar.

En el caso del presente presupuesto participativo, los proyectos resultantes se instrumentarían en 2019.

Este modelo permite identificar realmente las necesidades de la población. En mi opinión, el próximo Congreso de la Ciudad de México debería analizar si valora adecuadamente en un 3 por ciento la participación ciudadana, o bien, debe replantearla.

Soy de la idea que el mismo bien podría incrementarse en razón de las necesidades de cada demarcación, es decir, no en una tasa fija del 3 por ciento, sino de manera proporcional al tamaño, complejidades y necesidades de la comunidad, fijando para ello un 3 por ciento como mínimo y de ahí escalar la esfera del gasto asignado al ejercicio del presupuesto participativo.

Pero independientemente de lo aquí planteado, en su oportunidad analizaremos los resultados de este ejercicio democrático a cargo del Instituto Electoral de la Ciudad de México, instancia que se ha distinguido por la organización de estos ejercicios innovando esquemas para la recepción de la votación de la gente con sistemas tradicionales o de vanguardia como lo es la Internet.

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