La seguridad nacional es la premisa del desarrollo social y humano en cualquier país. En México las instituciones civiles militares tienen la responsabilidad de enfrentar una agenda de seguridad nacional compleja que va desde la defensa de la soberanía hasta la delincuencia organizada, pasando por identificar y contener posibles actos terroristas, la preservación de recursos y materiales estratégicos, la integridad de la República, la gobernación del Estado, las pandemias y epidemias, y formas de ciber-terrorismo que pueden comprometer esa nueva parte del Estado que es el ciberespacio, entre otros asuntos no menos relevantes.
Los centros de inteligencia civil, y las instituciones de salud, educación, seguridad, justicia y de gobernación del Estado habrían de compartir una visión sobre los riesgos y amenazas que enfrentamos, de los medios para darles salida, y de las necesidades que como agencias del Estado mexicano deben resolver para estar en condiciones de defender a la sociedad. La generación de inteligencia civil y su legal aplicación es tarea permanente, haciéndose relevante considerar el uso, destino y fortalecimiento de los centros de fusión, la inteligencia militar, y la forma de compartir esas informaciones mediante las instancias previstas, es el caso del Consejo de Seguridad Nacional.
El desafío de la seguridad nacional es constante, como constantes son los avances científicos y tecnológicos en diferentes materias, entre estas la militar, cuya sola existencia supone retos para conocer y prevenir; la lista de estos avances en materia militar ocuparía el conjunto de esta entrega, lo importante es que la mayoría de las naciones destina recursos para conocerlos, desarrollar medios para de ser posible replicarlos, y para aplicar soluciones asimétricas cuando no disponen de medios para sostener un conflicto de mayor tiempo y alcance, esto es, la contención estratégica.
Los daños a instalaciones críticas que se pueden generar a través del ciberespacio pueden ser cuantiosos, ya lo han sido para varias naciones, por ello se habla con mayor frecuencia de ciber-seguridad, incluso las “noticias falsas” son materia para la seguridad nacional en los Estados democráticos al involucrar la confianza, legitimidad y credibilidad de los gobiernos, con altos costos para la vida democrática; estas intervenciones no sólo tienen patrocinios estatales, existen actores no estatales que pueden considerar estas afectaciones –la mentira diseñada como narrativa– como vía para lograr sus intereses o para contener determinadas decisiones de política pública.
En el caso mexicano, se dispone de un Ejército leal a las instituciones democráticas, con altos niveles de formación y profesionalización y con una unidad de doctrina fundada en los más altos valores que ha legado la historia patria; sin embargo, entre naciones similares, es el país que menos recursos destina a sus Fuerzas Armadas en relación con el Producto Interno Bruto, incluso por debajo de países con menores capacidades y recursos en todos los órdenes. México habría de prever lo necesario para duplicar la dimensión de su Fuerzas Armadas.
Finalmente, la creación de la Guardia Nacional como respuesta jurídica e institucional para enfrentar las conductas delictivas representa una oportunidad para fortalecer la seguridad interior y nacional mediante una institución civil, lo que reclama rediseñar las policías municipales y estatales, y fortalecer el sistema de justicia acusatorio. Recuperar la seguridad pública puede ser un ejercicio sobre cómo lograr la interacción de capacidades y recursos del Estado y la sociedad, al compartir una visión de nuestros graves problemas nacionales al seno de la seguridad nacional. Una Ley Nacional de Policía podría ser en los términos que señala el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica de la presente administración un avance estructural.
*Dr. Jorge A. Lumbreras Castro
Académico de la FCPyS – UNAM